Luis Pásara

Senior Fellow en DPLF

Los días 3 y 4 de junio se reunirá en Sucre la Cumbre nacional de justicia plural para vivir bien, convocada por el gobierno del presidente Evo Morales. El largo título de la reunión encabeza la búsqueda de una reforma a fondo del sistema de justicia, cuyos bajos rendimientos son de sobra conocidos en el país.

Uno de los temas que se han instalado en la discusión pública sobre la justicia boliviana es el modo de selección de los jueces. El Movimiento al Socialismo, la fuerza política a cargo del Ejecutivo y con mayoría en el Legislativo, introdujo en la Constitución de 2009 un mecanismo único en el mundo: elección popular de las máximas autoridades judiciales. De acuerdo al texto constitucional, los miembros de las altas cortes (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agro-Ambiental y Consejo de la Magistratura) son elegidos en votación popular.

En Perú, Colombia y Venezuela se elige a los jueces de paz. En Estados Unidos y Suiza se elige jueces de nivel estadual y cantonal, respectivamente. Sólo en Japón se somete a una suerte de ratificación popular la designación de jueces supremos que efectúa el gabinete ministerial. En Bolivia, la primera elección popular de 56 autoridades judiciales se efectuó en octubre de 2011 y los resultados parecen haber sido poco satisfactorios.

En parte, ese balance guarda relación con el criterio incluido en la Constitución de que fuera la Asamblea Legislativa quien se encargara de la preselección, entre los 581 postulantes, de aquellos 118 que habrían de ser candidatos. El mecanismo decisivo estuvo confiado así a una instancia política. Pese al empeño puesto por el gobierno en el experimento –que adoptó la prohibición de que los candidatos hicieran campaña electoral–, de cada cinco votos emitidos, tres fueron blancos o nulos —esto es, “no válidos”—, y sólo dos de los cinco respaldaron alguna candidatura.

Las características de la elección restaron legitimidad a los elegidos. Su desempeño ha sido objeto de críticas desde diferentes posiciones, incluidas las de autoridades gubernamentales como el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. De esa insatisfacción compartida por diversos actores, surgió la iniciativa gubernamental de convocar a la Cumbre de justicia, que –postergada en varias ocasiones– finalmente debe realizarse a principios de junio.

En el debate presente se han levantado algunas voces a favor del actual sistema de elección popular. Pero no parece ser el ánimo prevaleciente en la mayoría de sectores que han expresado su posición al respecto. Profesores universitarios, colegios de abogados y, desde luego, los propios jueces no están a favor de mantener el mecanismo eleccionario.

¿Con qué reemplazarlo? Una posibilidad es volver a la designación política. Pero Bolivia y muchos otros países en la región conocen adónde conduce esa vía: jueces disponibles a aquellos a quienes “deben el favor” de su nombramiento y que, en proporción importante, se someten a esa regla de juego en razón de su mediocridad profesional. Jueces políticamente dependientes del Ejecutivo y el Legislativo, que no pueden ser imparciales ni, mucho menos aún, ejercer el control de constitucionalidad y legalidad sobre los actos de gobierno. Jueces así pueden ser temidos pero no respetados socialmente porque no son confiables.

Durante los treinta años que llevan las reformas de la justicia en América Latina se ha discutido con intensidad cómo designar mejor a los jueces y se ha producido una variedad de fórmulas al efecto. Lo primero que hay que decir a partir de esas experiencias es que no hay un sistema ideal. Pensar que alguien tiene la receta a aplicar para resolver definitivamente el problema de los nombramientos judiciales es un error. Hay muchos sistemas de nombramientos, unos mejores que otros, pero nadie puede decir “esta es la manera de nombrar jueces” o “el mecanismo que nosotros tenemos es el mejor”.

Lo segundo que importa precisar es que, como demuestra precisamente la reciente experiencia boliviana, no hay un sistema que elimine las influencias políticas en el nombramiento de los jueces; hay diseños que atenúan, rebajan o controlan esas influencias pero no hay fórmulas que las erradiquen en el nombramiento de los jueces. Cuando se propone como objetivo despolitizar la designación de jueces, se está planteando una ilusión: no es posible. La explicación reside en que la función judicial es demasiado importante como para que los poderes económicos o políticos se desinteresen del tema del nombramiento. Es imposible, pues, que el juez sea nombrado a través de un proceso aséptico, exclusivamente en razón de sus mejores calidades y cualificaciones y que no haya ninguna interferencia, ni intervención de alguna fuente de poder.

No obstante, hay que procurar que los jueces sean designados mediante un sistema que atienda prioritariamente a calidades y cualificaciones de los candidatos. Las instancias políticas –incluida la elección popular, que lo es– no son las mejores para reconocer valor a ese criterio. Se ha pensado en fórmulas que confían el proceso al propio poder judicial, lo que usualmente conduce a una suerte de “endogamia” que es nociva porque favorece un clientelismo interno en las instituciones, perpetúa los males existentes e impide la innovación y la renovación.

Los órganos externos al poder judicial, a condición de que incluyan una presencia política reducida, parecen ser un mejor camino, aunque no siempre es exitoso. Los consejos de la magistratura o la judicatura exhiben experiencias positivas y negativas, pero constituyen un esfuerzo importante entre los diseños que se han probado en varios países de la región. Se discute –y cada caso nacional es distinto– quiénes deben integrar tal consejo. Cuanta menos penetración política haya en ellos, mejor.

Dos elementos más deben ser considerados. Uno consiste en el mecanismo de concursos públicos, con reglas claras y estables, para seleccionar entre los candidatos. Al utilizarse un concurso, cuando menos se elimina a los peores. Sin embargo, es preciso cuidar qué es lo que debe evaluarse en los concursantes. El conocimiento de la ley no basta porque recluta a quienes tienen más memoria y no mejor criterio.

El otro elemento es la vigilancia social sobre el proceso de selección: cuanta más, mejor. Los medios de comunicación deben seguir el curso del proceso; las entrevistas a los candidatos deben ser públicas; la oportunidad de aportar antecedentes sobre ellos por cualquier ciudadano debe estar abierta; la motivación de las designaciones debe ser exigida.

Al llegar a la próxima Cumbre, Bolivia tiene a su disposición un acervo latinoamericano importante. Puede aprovechar lo aprendido en las experiencias desarrolladas en los países de la región, de sus aciertos y errores. E implantar los mecanismos de selección de jueces que resulten más apropiados a su realidad y situación.