En Defensa de la Independencia Judicial

Claudia Escobar

Fellow en NED

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Guatemala es un pequeño país en Centroamérica que no acapara la atención de la prensa internacional y cuando lo hace es principalmente por asuntos relacionados con la violencia o la inestabilidad política. Sin embargo, últimamente el país ha sido reconocido por los esfuerzos realizados por la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Como consecuencia de 36 años de conflicto armado interno, Guatemala ha estado plagada por una cultura de impunidad, así como por un legado de estructuras criminales que se infiltraron en las instituciones gubernamentales. A pesar de que el país suscribió en el año 1996 los Acuerdos de Paz, dichas estructuras aún funcionan hoy en día.

Debido a este problema, el gobierno guatemalteco pidió ayuda a la Organización de Naciones Unidas para reconstruir el Estado de derecho.   En respuesta, en diciembre de 2006, fue creada la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala conocida como -CICIG- cuando el Gobierno de Guatemala y la ONU firmaron el acuerdo. Esta nueva institución fue concebida como un organismo independiente para apoyar a la Fiscalía, la Policía Nacional y otras instituciones estatales encargadas de hacer cumplir la ley. El objetivo final de la CICIG es fortalecer las instituciones dentro de la rama judicial para que puedan enfrentar a los grupos ilegales y al crimen organizado.

Sin la presencia de esta organización, nadie habría pensado que un presidente en el poder, que además era un general del ejército y la vicepresidente junto con todos sus ministros, secretarios y muchos otros altos funcionarios, así como importantes empresarios serían acusados de delitos relacionados con la corrupción. Los ciudadanos, tampoco imaginaron que un poderosos congresista y un asesor de la vicepresidente serían enviados a la cárcel por tratar de influir en una decisión judicial.

El gobierno del Presidente Otto Pérez Molina y la Vicepresidente Roxana Baldetti (2012-2015) es conocido por ser el más corrupto de la historia de Guatemala, un país marcado por una larga historia de regímenes autoritarios, dictaduras militares y corrupción.

La CICIG ha sido considerada como un gran éxito y un modelo potencial para otros países de la región. Su impacto más conocido hasta la fecha es la investigación sobre la corrupción sistémica en el gobierno del ex presidente general Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, la cual obligó a ambos a renunciar.

Otro acontecimiento más reciente, que ha recibido mucha menos atención de la prensa internacional, pero que también es un paso crucial en la lucha de Guatemala por el imperio de la ley es el siguiente: En octubre de 2016, como resultado de una investigación de la CICIG iniciada dos años antes, el congresista Godofredo Rivera (leer más) y el abogado de la ex vicepresidenta Vernon González fueron declarados culpables por cargos relacionados con la corrupción por intentar influir en una decisión judicial a favor del partido oficial de ese momento – el partido patriota-.

Este caso fue el primer caso de corrupción presentado por la CICIG, desde la creación de la comisión, en contra de un alto funcionario en el poder. También es la primera sentencia dictada al amparo de la ley anticorrupción aprobada en 2012 (que, coincidentemente fue aprobada por el congresista Rivera mientras él fue presidente del Congreso). La condena a largas penas de prisión en contra de dos acusados de cuello blanco, con fuertes lazos políticos, por intentar influir en un juez no tiene precedentes en Guatemala y es un gran paso en la lucha contra la corrupción.

Esta sentencia es la primera de esta naturaleza, pues nunca antes un poderoso presidente del Congreso había sido juzgado y condenado por tráfico de influencias y cohecho activo. Tampoco un abogado cercano al poder ejecutivo había sido denunciado por cohecho y sentenciado a cumplir varios años de cárcel.

La sentencia también tiene mucho significado personal para mí, porque yo fui la juez que Rivera y González trataron de corromper, y fui yo quien presentó el caso ante la CICIG. Para entender lo que ocurrió en este caso, así como las implicaciones para el sistema de justicia, es importante comprender un poco sobre el proceso de selección judicial en Guatemala.

Aunque la Constitución establece que Guatemala es una República democrática, con separación de los tres poderes del Estado, en la practica el poder ejecutivo ha tenido siempre una influencia más fuerte sobre los otros poderes; el legislativo y el judicial. Quienes ostentan el poder, como ciertos miembros del Congreso, creen que tienen el derecho para ordenar a un juez cómo este debe juzgar en un caso. Por su parte, los jueces no tienen las herramientas para defenderse contra tales intrusiones, ya que la justicia tradicionalmente ha estado subordinada a los otros poderes del Estado.

Sin un Estado de Derecho sólido y una judicatura independiente, la impunidad alcanzó un nivel de 98% en años recientes. Los poderes paralelos, el crimen organizado, los narcotraficantes, los políticos corruptos y abogados antiéticos también han tratado de influenciar en la judicatura. Luchar contra la corrupción en un ambiente como ese, no es tarea fácil, incluso puede llegar a ser riesgoso.

Poco después de la firma de los Acuerdos de Paz, en el año 1999, se aprobó una nueva Ley de Carrera Judicial para promover la independencia judicial. Pero los poderes políticos encontraron una manera de mantener su influencia en el sistema judicial. La ley de carrera judicial sólo se aplica a la designación de jueces en las cortes más bajas, la judicatura de paz y de primera instancia. Para los jueces de los tribunales superiores (conocidos como magistrados), un comité electoral envía una lista de candidatos al Congreso, y este elige, quienes serán los magistrados de apelaciones y de Corte Suprema, pero sólo por períodos de cinco años.  Los términos de los magistrados pueden renovarse, pero sólo si el Congreso decide renovarlos; lo que muy pocas veces ocurre.

Este sistema de nombramientos ha permitido a los políticos corruptos mantener su control de los tribunales para asegurar su impunidad. Los políticos poderosos pueden ofrecer a los magistrados la renovación de sus cargos si votan la manera “correcta”, y amenazan con la no renovación de hacer lo contrario.

Eso fue exactamente lo que me sucedió a finales de septiembre de 2014, en medio de un nuevo ciclo del proceso electoral de magistrados, en el cual yo me postule para ser reelecta a la Corte de Apelaciones.

Al mismo tiempo el partido en el poder – Partido Patriota – se encontraba en serios problemas, por haber sido suspendido por el Tribunal Supremo Electoral por a haber realizado campañas políticas anticipadas. Además, el partido había sido suspendido por el hecho que la Vice presidenta estaba ejerciendo funciones como su representante legal, lo que según la legislación guatemalteca es prohibido por incurrir en conflicto de intereses.

Siendo yo magistrada de apelaciones, un sábado por la tarde, un compañero de estudios universitarios Vernon González, me envió un mensaje de texto solicitándome una reunión urgente para hablar sobre el proceso de elección de magistrados, en el cual yo participaba para re elección.

El mensaje me sorprendió y me preocupó, pero yo quería saber lo que tenía que decir, así que acepté reunirme con él. Luego él me dijo que su buen amigo el congresista Rivera le acompañaría a la reunión. Rivera era un conocido diputado, considerado como el brazo derecho del presidente Pérez Molina.

El hecho que el abogado fuese acompañado de un diputado, me dio suspicacia y me alertó que algo extraño estaba pasando. Por lo que, al considerar que la elección de magistrados sería la semana siguiente y que González claramente expresó que quería hablar conmigo del tema, decidí grabar la conversación.   Durante la reunión descubrí primero que González era el abogado de la Vicepresidente Roxana Baldetti. Luego supe que ellos habían presentado una solicitud de Amparo a la corte de apelaciones donde yo estaba designada junto a otros dos magistrados, para anular la resolución del Tribunal Supremo Electoral en la cual se ordenó la suspensión del Partido Patriota. Por último, me enteré que ellos pretendían que la Sala emitiera un amparo provisional para dejar sin efecto la suspensión del Partido Patriota, a cambio de lo cual yo sería re-electa como magistrada de la corte apelaciones.

De forma descarada el diputado Rivera dijo que para la elección de jueces no cuentan los conocimientos, ni la experiencia, es más afirmó: “Todo lo que importa es que sus contactos están en el Congreso y lo que tu estés dispuesta a hacer por ellos. No necesitas preocuparte por tu elección – nosotros podemos ayudar.” A cambio de recibir su apoyo para ser magistrada, ellos requerían que yo otorgará una resolución que favorecería al Partido Patriota y a la vicepresidente, lo que yo no estaba dispuesta a aceptar.

En Guatemala, la última parte del proceso de elección de cortes, depende completamente del Congreso, ya que son los diputados los que eligen a los jueces de apelaciones y de Corte Suprema. Por esto seguramente, el diputado Rivera creyó que yo aceptaría su ofrecimiento y le otorgaría la protección constitucional a la vicepresidente, a cambio de la relección como magistrada.

Aunque me opuse a la resolución que los otros dos magistrados apoyaron para favorecer al partido oficial, resulté electa por el Congreso como magistrada para la corte de apelaciones. Asumo que buscaban así comprar mi silencio y que no hablará sobre las presiones que fuimos objeto durante el trámite del proceso judicial.

Sin embargo, como yo estaba convencida de que todo el proceso era un fraude, llamé a una conferencia de prensa, renuncié públicamente a mi cargo y denuncié todos los defectos y anomalías en el proceso electoral, incluyendo la interferencia de otras ramas del gobierno y las violaciones de la independencia judicial. Al mismo tiempo, presenté, ante la CICIG, una denuncia contra González y Rivera, por cargos de tráfico de influencias y sobornos. Junto con la denuncia, presenté la grabación de la conversación que sostuve con González y Rivera.

Sin duda la sentencia contra González y Rivera es una reivindicación personal, también es algo más que eso. Este caso es un precedente importante para un país que está luchando contra la corrupción, esforzándose por crear un verdadero Estado de Derecho y buscando fortalecer la independencia judicial que hoy por hoy es controlada por los otros poderes del Estado.

Además, este caso ha puesto los reflectores en la forma en que los jueces para las altas cortes son nombrados; visualiza como el crimen organizado controla las comisiones de postulación responsable de elaborar los listados de magistrados para enviarlos al Congreso y ejemplifica cómo el Congreso abusa de su papel en el proceso electoral para presionar a los jueces y demuestra el porque muchos abogados sin experiencia ocupan las judicaturas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia.  Actualmente hay tres magistrados de la Corte Suprema, que enfrentan procesos penales por casos relacionados con la corrupción.

El hecho de que dos individuos poderosos hayan sido procesados no es un logro personal. Por el contrario, esto ha sido posible gracias a funcionarios públicos que han cumplido de manera eficiente y profesional con su labor. Esta victoria de la justicia se debe a los fiscales del Ministerio Público apoyados por el equipo de la CICIG, así como los miembros del Organismo Judicial que en las distintas etapas del juicio fueron dictando resoluciones coherentes y apegadas a la ley. Guatemala necesita más personas capaces y diligentes que estén dispuestas a trabajar para fortalecer la justicia. También necesita una reforma constitucional que permita mayor independencia al poder judicial y la garantía de que los ciudadanos tendrán tribunales imparciales.

La publicidad generada por este caso también ha provocado un impulso a la reforma del sistema judicial, que aún se debate en el Congreso. Esperemos que este sea el año en que los guatemaltecos empiecen a reescribir su historia y establecerán las normas fundamentales para una verdadera república democrática.

 

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