Björn Arp

Abogado de derechos humanos y miembro de la Federación Interamericana de Abogados

Un libro publicado por el Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, y la Federación Interamericana de Abogados de Washington, D.C. pone al descubierto algunas de las peores sentencias del Poder Judicial de Ecuador, después de su reforma de 2011-2013. El libro es una buena muestra del trabajo que queda por delante para lograr un Poder Judicial auténticamente independiente del gobierno e imparcial en las decisiones judiciales que adopta.

El libro compila seis estudios de casos de violaciones de los derechos humanos en Ecuador cuyo denominador común—tal como sugiere el título—son los fallos judiciales que violan derechos humanos en Ecuador. Los seis casos fueron seleccionados por algunos de los académicos más prestigiosos del Ecuador en materia de Derecho constitucional, penal y materias conexas. En cierto modo, estos casos constituyen una actualización del estudio de casos realizado por Luis Pásara en su informe de 2014 para DPLF sobre la Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana.

Los casos ilustran cómo el gobierno ecuatoriano ha logrado convertir al Poder Judicial en un fiel aliado en su represión de toda disidencia, o siquiera crítica, de la línea política oficial. En el caso de los “Diez de Luluncoto”, el gobierno consiguió que los tribunales avalaran la detención y sanción de diez jóvenes que estaban planificando una marcha de protesta indígena con el argumento de estar planificando “atentados terroristas”, algo absurdo en las circunstancias concretas del caso, que versaba sobre una marcha pública y pacífica. En el caso de Sebastián Cevallos se profirió una condena penal por haber enviado un tuit en que insinuó que una alta funcionaria pública había obtenido su cargo gracias a sus conexiones familiares, y no a través de un concurso público tal como exige la ley ecuatoriana. En otra sentencia sorprendente, Francisco Endara fue condenado criminalmente “por aplaudir”—literalmente—durante unas protestas contra el gobierno, en aplicación del delito de “paralización de servicios públicos”. El libro también recoge el caso de los “29 de Saraguro”, en que dos personas indígenas fueron condenadas a cuatro años de prisión por organizar una manifestación indígena en la carretera Panamericana. El caso de los medios de comunicación TC y Gamavisión ilustra cómo el gobierno expresó públicamente su crítica a la absolución penal de los dueños de dichos medios, destituyeron a los jueces, y pusieron otros nuevos jueces, amigos del Presidente, que condenaron a los dueños a ocho años de cárcel. La misma injerencia hubo en el caso de los doce estudiantes del Colegio Central Técnico. Si bien, al inicio, tanto la fiscalía como la juez competente no veían delito alguno en organizar una protesta pública contra el cambio de nombre su colegio, el Presidente de Ecuador personalmente ordenó a la juez que se revocara esta decisión y que los estudiantes fueran sancionados penalmente por su manifestación. Dos días más tarde, la fiscalía reanudó el juicio y los jueces condenaron a los estudiantes por el delito de “rebelión”.

La lectura de estos casos, que hablan por sí mismos, sugiere que en América Latina ha nacido una “nueva generación” de violaciones de los derechos humanos, que son las que se producen esencialmente dentro de los aparatos judiciales de los Estados. Los gobiernos o autoridades que desean causar daños a una persona formulan “cualquier” tipo de acción judicial en complicidad con fiscales y jueces a su servicio. Una vez iniciado el procedimiento, la ineficacia y la falta de independencia de las estructuras judiciales en algunos países de América Latina, como por ejemplo en Ecuador, destruyen la vida y la dignidad de sus víctimas. Los tribunales de justicia se han transformado así en cómplices de gobernantes abusivos y autoridades públicas corruptas.