Leonardo Sempértegui

Es innegable que la conclusión del gobierno de Rafael Correa en Ecuador (2007-2017) ha marcado un cambio de ánimo ciudadano. A pesar de que el Presidente Lenín Moreno es del mismo movimiento político, y de que su partido controla la Asamblea Nacional y la mayoría de espacios de poder público (señalando a los gobiernos autónomos descentralizados como clara excepción), la sensación es que el poder central no está a cargo de todos los actos del estado.

Esta sensación no es gratuita, ya que el mismo presidente Moreno ha manifestado que no es de su interés interferir en las decisiones judiciales, u opinar sobre los procesos en curso. En contraste, el ex presidente Correa tenía como hábito hacer conocer sus ideas de manera contundente sobre causas en conocimiento de la Función Judicial, influenciando con estos criterios las decisiones de los jueces, que los acogían en la mayoría de los casos. (ver El top Ten de la injerencia judicial durante el correato.)

Las dudas que se ciernen sobre la independencia de la Función Judicial ecuatoriana son graves y han sido expuestas por los acontecimientos de las últimas semanas; por ello, existen varios retos para que su reputación pueda ser restaurada:

1. Proceso de nominación de jueces de altas cortes

En estos momentos se está llevando adelante el proceso de designación de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia, la máxima instancia de justicia ordinaria del Ecuador. El proceso ha sido llevado a cabo conforme la reglamentación expedida por el Consejo de la Judicatura, en uso de la atribución señalada a su favor por el Código Orgánico de la Función Judicial.

Sin embargo, es evidente que el concurso ha tenido, por así decirlo, un bajo perfil. Desde que los procesos dejaron de tener actores políticos relevantes (debido a la eliminación de la participación directa de la función ejecutiva o legislativa en la nominación o selección de las altas cortes en la Constitución de 2008), es evidente la falta de interés por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación, e incluso de la sociedad civil organizada. En la página web de la Función Judicial se encuentra un link, difícil de localizar en el que se difunde información general sobre el concurso (Ver Función Judicial del Ecuador – Concurso de jueces CNJ). El cronograma se ha ido haciendo público por fases y generalmente al momento mismo de iniciar procesos.

De la lista de participantes, se ha determinado una importante presencia de funcionarios y ex funcionarios del gobierno (provenientes de la función ejecutiva o legislativa), vinculados al político actualmente en el poder. Es por esta razón, que la difusión de la información es crítica para que el control ciudadano puede hacerse efectivo.

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con la colaboración la iniciativa Construyendo Estado de Derecho – Building Rule of Law, ha efectuado el análisis de los perfiles de una muestra representativa de los 268 postulantes a los siete puestos en la Corte (Ver Radiografía Política). Dicho análisis se enfoca en tres factores: (i) conocer si lo indicado en su hoja de vida es verídico, (ii) conocer si existen asuntos relevantes por revelar (parentesco, sociedad, vinculación económica o política, etc.), que generalmente no se exhiben orgullosamente en la hoja de vida, y (iii) difundir el pensamiento de los candidatos a juez, ya que su filosofía e ideología serán claves al momento de interpretar el derecho y los asuntos sometidos a ellos. Este trabajo sin duda promoverá la discusión sobre los perfiles presentados, para éste y otros concursos judiciales.

Es reprochable la falta de difusión de la información por parte del Consejo de la Judicatura, que debería haber programado el concurso con mucha anticipación, entregado la información a la ciudadanía y visibilizado el proceso, para obtener la mayor cantidad de objeciones ciudadanas.

2. Reforma del sistema de control administrativo de los jueces

El uso de la figura del “error inexcusable”, incluido en el Código Orgánico de la Función Judicial, como herramienta disciplinaria de los jueces, ha sido duramente criticado durante los últimos años, incluso internacionalmente. Se ha acusado de uso arbitrario de dicha institución, para atemorizar a jueces que hayan pensado no someterse a dictámenes políticos, o castigar a quienes efectivamente no dieron la razón a quienes detentaban el poder público. Así fue recogido en el Informe del profesor Luis Pásara, publicado por DPLF.

Es indispensable repensar el sistema disciplinario judicial en el Ecuador. No puede simplemente eliminarse la sanción de destitución, ya que existen casos en los que la falta amerita efectivamente dicha medida. Sin embargo, el desgaste ocurrido a la figura de error inexcusable en manos del Consejo de la Judicatura hace que su futura aplicación sea insostenible, si se quiere restaurar la imagen y confianza en la función judicial.

3. Manejo de investigaciones a personas políticamente relevantes

En estos días, debe la Fiscalía General del Ecuador emitir su dictamen dentro de procesos penales en los que investiga a altos funcionarios del gobierno del ex presidente Correa, entre ellos, al actual vicepresidente Jorge Glas. Queda claro que, durante la anterior administración, la justicia no investigó ni acusó a altas autoridades públicas. Con el alejamiento del Presidente Moreno de los temas judiciales, aparentemente el panorama podría cambiar.

Sin embargo, los cuestionamientos persisten, dado que los fiscales y jueces a cargo son fruto todos ellos de los procesos de nominación que ahora están siendo criticados, por su falta de transparencia y vinculación política (por ejemplo, el actual Fiscal General del Ecuador fue asesor del ex presidente Correa hasta días antes de la entrada en posesión en el cargo). En cualquier caso, la evidente indignación ciudadana que existe en este momento hace que, si la decisión del Fiscal General es favorable a los investigados, ésta sea duramente criticada y revisada por los actores sociales, para detectar si hay influencia política, y de así serlo, las consecuencias fácticas (protestas) son impredecibles.

Hay un evidente cansancio de parte de la colectividad nacional con relación al anterior régimen presidencial. Es un hecho que el cambio en la Presidencia de la República ha permitido la revelación de información en muchos ámbitos, que ha escandalizado a los ecuatorianos. Uno de ellos, es la justicia y la inobjetable influencia política sobre ella, pilar del estado que es probablemente el más afectado por la falta de credibilidad.

Si no se atienden adecuada y urgentemente los tres puntos aquí señalados, es poco probable un pronto camino de vuelta a la normalidad, en la que se cuente con justicia competente, libre de influencias, honesta y ágil.

Leonardo Sempértegui, abogado ecuatoriano e investigador en temas de justicia