Jan-Michael Simon

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En la primera y la segunda parte de esta serie se analizaron causas penales en los EE. UU. y México de blanqueo de capitales comprometidos por corrupción del Estado venezolano; se trata de corrupción en compras públicas de productos importados por intermediarios para programas sociales.

Uno de los casos está relacionado con pagos de comisiones clandestinas a funcionarios venezolanos en la compra de productos alimenticios básicos. Importados de México, principalmente entre los años 2016 y 2018, el destino de los productos era el programa estatal de subsidios de alimentos para la población venezolana llamado “CLAP” (caso Alimentos para Venezuela). En casos como este, en la justicia de EE. UU., se esperan altas penas y el decomiso del total de los capitales involucrados en los delitos. En México, en cambio, la causa penal es arreglada con el pago del dos por ciento del total de las operaciones financieras denunciadas.

En la tercera parte, se demostró que las autoridades mexicanas dejaron los hechos específicos de la causa y su calificación penal en la opacidad. Aun así, basado en el cúmulo de indicios que concurren, el autor consiguió determinar el esquema de negocios del caso. Este incluía buscar una fuente financiera para las comisiones clandestinas por medio de sobreprecios en determinados alimentos exportados, al tiempo de disimular el origen de la fuente, sacrificando la calidad de otros alimentos exportados para el programa CLAP.

La disimulación de la fuente financiera operaría con un cálculo compensatorio clandestino absorbiendo cantidades de productos básicos estándar reducidas por las transacciones comerciales sobrevaloradas, en cantidades elevadas por medio de transacciones a precios muy bajos con productos subestándar de la misma y/o similar categoría.

La cuarta parte de la serie analiza la dimensión general del peso del negocio corrupto en la inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición entre la población venezolana. El autor concluye que el negocio tiene un peso negativo muy significativo en la situación alimentaria y nutricional de la población, por lo que el arreglo del caso en México difícilmente es compaginable con un “firme compromiso del Gobierno de México con el pueblo venezolano”.

En la quinta parte, se analizará el impacto del caso “Alimentos para Venezuela” en los derechos humanos y los derechos de las víctimas.

Introducción

El negocio “Alimentos para Venezuela” demuestra cómo la corrupción del Estado venezolano disminuye la cantidad de alimentos básicos tipo estándar y aumenta las de tipo subestándar para su distribución entre la población. Esta correlación inversa del negocio corrupto puede traer alimentos muy por debajo de los límites nutricionales de las normativas venezolanas, como es el caso de la importación de leche en polvo.

La inversión de recursos públicos de Venezuela en este negocio ha sido muy significativa. Entre los años 2016 y 2018, según un estudio del Capítulo Venezuela de Transparencia Internacional (TI Venezuela), el valor de los alimentos importados desde México habría alcanzado un total de USD 1.734 millones. Este total se aproxima al valor del capital involucrado en la causa penal en los EE.UU., fijado en aproximadamente USD 1.600 millones.

En este período, según la administración de Nicolás Maduro, el Estado venezolano destinaba más del 70 por ciento del presupuesto anual a la inversión en el área de bienestar social, alcanzando en el año 2019 el 75 por ciento. Particularmente, en el área de subsidios de alimentos, se trata de una inversión masiva. Ésta alcanzó en el año 2019, según la administración de Maduro, el 99 por ciento del valor comercial de los productos alimenticios distribuidos.

Si bien debido a la falta de datos oficiales fiables sobre la gestión fiscal del Estado venezolano en general, y sus políticas alimentarias en especial, es difícil verificar si lo declarado por Nicolás Maduro corresponde con lo efectivamente realizado; sus palabras representan un referente genérico en cuanto a la dimensión financiera del negocio corrupto de cara a la inversión de recursos públicos en general y, especialmente, en el área de bienestar social de la población venezolana.

La falta de transparencia gubernamental también hace difícil dimensionar el peso del negocio en la inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición entre la población venezolana. Es notoria la falta de acceso a información pública fiable y verificable relacionada con la materia. Aun así, basado en información alternativa que utiliza metodologías y fuentes adecuadas, es posible establecer la existencia de indicios suficientemente racionales para acercarse a la dimensión general del peso del negocio corrupto en la situación alimentaria y nutricional de la población.

Inseguridad alimentaria

La alimentación depende de que existan los alimentos (“disponibilidad”) y de que la población tenga posibilidad de obtenerlos (“acceso”).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), existe inseguridad alimentaria cuando las personas carecen de acceso físico y económico adecuado a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos necesarios para el crecimiento y el desarrollo normal de los individuos. La inseguridad alimentaria puede ser causada por la no disponibilidad de alimentos, o por la carencia de poder adquisitivo suficiente para comprar alimentos suficientes.

No disponibilidad de alimentos

Los hechos relacionados con el negocio de “Alimentos para Venezuela” suceden en un período de deterioro profundo y sostenido de la producción animal en el país. A partir de 2014-2015, según datos de la Red Agroalimentaria de Venezuela (RAV), la producción cayó de manera continua. En el caso de lácteos cayó de aproximadamente 90 por ciento hasta que, en 2019, solo alcanzó a menos de la mitad del índice de disponibilidad per cápita.

En el mismo período, el índice CAVIDEA –que agrupa industrias muy importantes de Venezuela en la producción de alimentos básicos– muestra una caída muy significativa y continua de la producción industrial, en proporciones similares a los datos de la producción de lácteos representados en el gráfico 1, según RAV. En el caso de leche en polvo, estos datos representan el 72,60 por ciento de la producción nacional.

Al mismo tiempo, Venezuela sufrió una fuerte y continua reducción en las importaciones de alimentos, –en proporciones similares a los datos representados en el gráfico 2– según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la base de Comtrade, que también pueden verse reflejados en las estadísticas nacionales del Instituto del Nacional de Estadísticas (INE).

Dentro de la caída continua de las importaciones de alimentos destaca el peso de las importaciones públicas que, a la inversa de la proporción de los datos representados en el gráfico 3, triplica entre 2014-2015 y 2019, llegando a ser totalmente dominante a partir del 2017, según RAV sobre la base de información del INE.

Carencia de poder adquisitivo

La evolución de la no disponibilidad de alimentos en Venezuela en el período del negocio de “Alimentos para Venezuela” coincide con el período en que la proporción de las personas en situación de pobreza extrema en Venezuela entre la población total en América Latina en dicha categoría pasó del 8 al 33 por ciento, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señalando que a partir de 2015 no contaba con información oficial de Venezuela (Panorama Social 2019, 97, nota 4).

La línea de pobreza extrema en la medición de CEPAL expresa pobreza por ingresos relativo al valor de la canasta básica de alimentación. Representa el límite de ingreso por debajo del cual se estima que personas no están en condición de satisfacer sus requerimientos nutricionales. Cabe destacar que antes de que el Estado venezolano dejara de publicar información oficial, las cifras de CEPAL sobre la pobreza en Venezuela acostumbraban a estar por debajo de las cifras de pobreza por nivel de ingresos del INE, basadas en una Canasta Alimentaria Normativa (CAN) calculada por el INE y el Banco Central en 1997.

Aplicando la misma línea de pobreza y la misma CAN, después de que el Estado venezolano dejara de publicar información oficial, mediciones nacionales alternativas como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) demuestran cómo en apenas cuatro años –entre 2014 y 2018– la proporción de personas en situación de pobreza extrema en Venezuela se triplica. Se trata de un aumento muy pronunciado: desde aproximadamente 1 de cada 4 personas en situación de pobreza extrema en 2014 a aproximadamente 3 de cada 4 personas en 2018.

Esta evolución contrasta con la apreciación de Nicolás Maduro de la situación en Venezuela. En su discurso de “Memoria y Cuenta 2018” afirmó que “logramos disminuir a 4,3 la pobreza extrema”, anunciando que “para el 2025 alcanzaremos a llegar a 0% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas” (ver también el “Plan de la Patria 2025”, 365).

Este contraste en la apreciación de la situación del bienestar entre la población venezolana se explica por el hecho de medir las “Necesidades Básicas Insatisfechas” (NBI), en vez de la pobreza extrema según líneas de ingresos. De hecho, basado en este enfoque, la pobreza extrema en Venezuela hubiera bajado continuamente.

Se trata de un enfoque cuestionable, utilizando una medida que no existe ni a nivel regional en CEPALSTAT ni a nivel universal en UNSTAT para medir los avances en alcanzar la meta 1.1 del objetivo 1 en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, de erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Por eso, se puede prescindir aquí del contenido de las declaraciones de Nicolás Maduro y del “Plan de la Patria 2025”.

Inseguridad alimentaria aguda

El incremento muy pronunciado (por el factor tres) en el período del negocio de “Alimentos para Venezuela” de las cifras en variables que inciden negativamente en la seguridad alimentaria entre la población venezolana, culminó entre julio y septiembre de 2019 en una situación en la cual un tercio de la población total sufría inseguridad alimentaria. De estos, 2,3 millones personas se encontraban en inseguridad alimentaria grave y 7 millones en inseguridad alimentaria moderada, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés).

En su Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias 2020 (GRFC, por sus siglas en inglés), la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias clasificó la situación de en Venezuela como inseguridad alimentaria aguda, según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF).

La CIF opera con tres escalas: inseguridad alimentaria aguda, inseguridad alimentaria crónica, y desnutrición aguda. Asimismo, define la inseguridad alimentaria aguda como una situación en un punto específico en el tiempo de una gravedad que amenaza vidas o medios de vida, o ambos, independiente de las causas, el contexto o la duración. La CIF diferencia cinco fases de severidad de inseguridad alimentaria aguda: mínima / ninguna, acentuada, crisis, emergencia, y catástrofe / hambruna.

El GRFC 2020 se basó en datos facilitados por la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN, por sus siglas en inglés), incluyendo la información levantada en Venezuela por el WFP a mediados de 2019. La situación entre la población venezolana fue considerada tan severa que se encontraba entre las diez mayores crisis alimentarias del mundo, según el GRFC 2020.

Hambre y desnutrición

En estas condiciones, se registró un incremento muy pronunciado de los niveles de prevalencia de subalimentación en la población venezolana, la cual casi triplica entre 2014-2015 y 2019 según datos de la FAO. Esto significa, según la definición del “hambre” de la FAO, que se redujo el consumo de alimentos, como resultado de la inseguridad alimentaria entre personas pobres, casi triplicando el hambre en el período del negocio de “Alimentos para Venezuela”.

La nutrición entre la población venezolana depende de su alimentación. De allí la relación entre el hambre, la desnutrición y la subnutrición. Definida por la FAO como nivel de consumo de alimentos insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria de una persona de manera continuada, la desnutrición genera subnutrición.

Un grupo particularmente vulnerable a la subnutrición son las niñas y niños menores de cinco años. En la dinámica del hambre del período en el cual se realizó el negocio de “Alimentos para Venezuela”, Caritas-Venezuela registró dentro de un año una duplicación en las cifras de desnutrición aguda-global en este grupo. Esto es, según la definición de la FAO, se duplicó entre menores de cinco años la deficiencia de peso para la edad que refleja un estado resultante de una insuficiente alimentación, casos anteriores de desnutrición o salud delicada.

Se trata de datos levantados en cuatro estados de Venezuela sobre una línea base establecida a finales de 2016 por Caritas-Venezuela, ante la falta de cifras oficiales en la materia. Para el levantamiento de la información el estudio utiliza mediciones antropométricas, índices nutricionales, indicadores de seguridad alimentaria familiar y niveles de anemia.

Sin ser una muestra nacional —ante la ausencia de datos oficiales fiables y verificables— la información levantada por Caritas-Venezuela representa un indicio del continuo deterioro del estado nutricional de las y los menores de edad en Venezuela, según Unicef, y coinciden con otros estudios empíricos especializados en la materia (Candela2020).

Mortalidad de menores

Un estudio especializado relata que entre los afectados de la subnutrición se encuentran principalmente las y los menores de dos años (Landaeta-Jiménez et al. 2018). También señala que en el período que coincide con el negocio de “Alimentos para Venezuela” se incrementaron hospitalizaciones de menores de cinco años desnutridos en sus formas severas de tipo edematosa y marasmo (ibid., 74). En estas circunstancias, de inseguridad alimentaria y desnutrición, concluye el estudio, es de esperar que aumente la mortalidad infantil y neonatal (ibid.).

Esta conclusión encuentra apoyo en los datos sobre Venezuela del Grupo Interinstitucional para las Estimaciones sobre Mortalidad Infantil de las Naciones Unidas (IGME, por sus siglas en inglés), y de investigaciones empíricas especializadas en la materia (García et al. 2019, 335). El período del negocio de “Alimentos para Venezuela” coincide con un alza de 25 por ciento en la tasa de mortalidad de niñas y niños menores de cinco años por cada 1.000 nacidos vivos, según proyecciones del IGME.

Peso del negocio corrupto

El negocio de “Alimentos para Venezuela” disminuye la cantidad de alimentos básicos estándar y aumenta la cantidad de alimentos básicos subestándar. Determinar esta proporción con más precisión excede por mucho el alcance de la presente contribución, cuyo objetivo consiste en determinar la dimensión general del peso del negocio corrupto en la situación alimentaria y nutricional de la población venezolana durante el período en el cual se realizó el negocio.

El valor del negocio corrupto detectado por la justicia estadounidense (cerca de USD 1.600 millones) representa aproximadamente el 20 por ciento del total de las importaciones de alimentos del período en el cual se realizó el negocio (total de cerca USD 8.000 millones, como establecen los datos representados supra en el gráfico 3). Tomando en cuenta que, en este período, el promedio de la proporción de las importaciones públicas en el total de las importaciones de alimentos era de aproximadamente 60 por ciento (ver supra gráfico 4), el valor del negocio representaría cerca de una tercera parte de las importaciones públicas de alimentos en este período.

La proporción del negocio corrupto en el total de las importaciones públicas ya de por sí indica su peso en la inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición entre la población venezolana. Esto se concreta aún más, considerando que el valor de las importaciones públicas representaba aproximadamente apenas el 50 por ciento del valor recomendado por expertos en la materia para un Programa de Abastecimiento de Emergencia, de importación de productos alimenticios básicos en el periodo en el cual se realizó el negocio (Hernández, J. L. 2018). De esta forma, el negocio habría comprometido una tercera parte de las importaciones que, de por si, solo alcanzaban la mitad de las importaciones necesarias para enfrentar los efectos nutricionales graves de la inseguridad alimentaria en el período del negocio.

Un tipo de productos del negocio corrupto que incide en la situación de un grupo particularmente vulnerable a la subnutrición es la leche en polvo y demás productos lácteos. Su peso en el negocio es considerable, con un valor que representa el 15 por ciento del valor total de la exportación de México a Venezuela, pasando en 2018 a ser el más alto rubro de exportación del negocio.

Esta parte del negocio es especialmente grave, dado que un estudio científico detectó que los productos estaban muy por debajo de los límites nutricionales de las normativas venezolanas. Nutricionistas discutieron el resultado del estudio, estableciendo una relación entre el consumo de los productos y diarrea infantil. Señalaron, además, que los productos podrían ocasionar desnutrición infantil en sus formas severas, en especial en los menores más vulnerables y dependientes del programa “CLAP” (Hernández, P. et al. 2019, 2021).

Si bien lo anterior no es suficiente para establecer una relación causal directa entre el negocio corrupto, el incremento de la tasa de menores de cinco años desnutridos y de la tasa de mortalidad, en un contexto de corrupción pública generalizada, del cual el negocio “Alimentos para Venezuela” es parte, este aumento está en consonancia con los resultados de investigaciones empíricas que —con la debida cautela— han encontrado pruebas sólidas de que la corrupción pública aumenta la tasa de mortalidad infantil (Wathne & Stephenson 2021, 29).

Conclusión

Las cifras disponibles sobre el período del negocio “Alimentos para Venezuela” demuestran un peso negativo muy significativo del negocio corrupto en las variables que inciden en la situación alimentaria y nutricional de la población venezolana. Particularmente, existen suficientes indicios para concluir que el negocio corrupto pesa en el incremento de la tasa de menores de cinco años desnutridos y de la tasa de mortalidad.

De cara a esta dimensión del peso en la inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición entre la población venezolana, el arreglo del caso “Alimentos para Venezuela” en México difícilmente compagina con la afirmación de las autoridades mexicanas de ser un hecho “que refrenda el firme compromiso del Gobierno de México con el pueblo venezolano”.

La quinta parte de esta serie demostrará, de cara al impacto del caso “Alimentos para Venezuela” en los derechos humanos y los derechos de las víctimas, que el arreglo “reparatorio” del caso en México viola derechos.

Imagen: AP Photo/Ariana Cubillos

Última actualización: jueves 2 de junio de 2022, a las 6:59 PM (EST)