Accountability Abroad for Venezuelan State Corruption (Part III): The business scheme in the “Food for Venezuela” case, and the Mexican authorities’ response

Jan-Michael Simon

Versión en español aquí.

Part I of this series analyzed two ongoing criminal cases in the U.S. involving the laundering of proceeds of Venezuelan State corruption. One of them involves kickbacks in Venezuelan government purchases of food products exported from Mexico for a Venezuelan government social program (Food for Venezuela case).

Part II examined how Mexico’s justice system has handled the Food for Venezuela case in its own jurisdiction. Compared to the consequences of a conviction in the U.S., where severe penalties and the forfeiture of the full amount of money involved can be expected, the Mexican response of seeking to close the case by signing “reparatory agreements” (acuerdos reparatorios) is inconsequential and ignores basic rules of crime prevention and international standards on the fight against money laundering; it is also hardly compatible with inter-American standards on corruption and human rights.

The third part of this series examines the business scheme in the Food for Venezuela case and the quality of the Mexican authorities’ response to the illicit nature of this scheme. The author concludes, based on the available evidence, that the business scheme would aim at disguising the financial source of the kickbacks through a clandestine form of compensation calculation. The calculation would absorb the amounts reduced by overpriced business transactions, in transactions at very low prices with substandard products of the same and/or similar category.

It is concluded that the Mexican authorities did neither establish nor disclose the illicit nature of the business scheme. This begs the question about the factual and legal reasoning that would make the case eligible for reparatory agreements. This includes questions as to who would be entitled to reparation and authorized to enter into reparation agreements.

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Rendición de cuentas en el extranjero por corrupción del Estado Venezolano (Parte III): El esquema de negocios en el caso «Alimentos para Venezuela» y la respuesta de las autoridades mexicanas

Jan-Michael Simon

English version here.

En la primera parte de esta serie se analizaron dos causas penales en curso en los EE. UU. sobre el blanqueo de capitales comprometidos por corrupción del Estado venezolano. Una de estas trata de comisiones clandestinas en compras de productos alimenticios exportados desde México y destinados a un programa social del Estado venezolano (caso Alimentos para Venezuela).

En la segunda parte, se analizó cómo la justicia de México aborda el caso Alimentos para Venezuela en su propio territorio. Comparada con las consecuencias de una condena en EE. UU., dónde se esperan altas penas y el decomiso del total de los capitales involucrados, se demuestra que la respuesta mexicana al caso, de buscar concluir el caso por medio de acuerdos reparatorios, es poco significante e ignora reglas básicas de la prevención del delito y estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, al tiempo que difícilmente compagina con estándares interamericanos en materia de corrupción y derechos humanos.

La tercera parte de la serie analiza el esquema de negocios en el caso Alimentos para Venezuela, y la calidad de la respuesta de las autoridades mexicanas de cara a la naturaleza ilícita de este esquema. El autor concluye, en base de los indicios disponibles, que el esquema de negocios buscaría disimular la fuente financiera de las comisiones clandestinas mediante un cálculo compensatorio oculto. Este cálculo absorbería cantidades de productos reducidas por transacciones comerciales sobrevaloradas, en transacciones a precios muy bajos con productos de la misma y/o similar categoría de calidad inferior.

Se concluye que las autoridades mexicanas no establecieron ni revelaron la naturaleza ilícita del esquema de negocios. Esto abre la interrogante sobre cuáles son los razonamientos fácticos y jurídicos que harían que el caso fuera susceptible de acuerdos de reparación. Esto incluye preguntas sobre quién tendría el derecho a la reparación y estaría facultado para firmar acuerdos de reparación.

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