CUIDEMOS EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Autor: Jaime Vintimilla, Profesor de la Universidad San Francisco de Quito y Director Ejecutivo de CIDES

Jaime Vintimilla, USFQ y CIDES, Ecuador (foto USFQ)

Jaime Vintimilla, USFQ y CIDES, Ecuador (foto USFQ)

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin duda alguna, constituye “la última esperanza” para lograr una justicia apegada al respeto absoluto no solamente del  derecho internacional sino de la dignidad del ser humano.

En este sentido, los derechos humanos no deben ser ideologizados, ya que más allá de las dictaduras o de los gobiernos democráticos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “es un órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa  de los derechos humanos y servir como órgano consultivo  de la Organización  en esta materia”[1].

Es decir, aquí no cabe hablar de visión liberal o socialista, sino de mecanismos eficaces para que los gobiernos recuerden que existen límites en su accionar. Además, la CIDH no demuestra jamás predilección por un derecho en particular, sencillamente porque todos los derechos humanos gozan de igual importancia.

No se puede olvidar que la CIDH es un órgano de administración de naturaleza cuasi-jurisdiccional, pues la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos “le ha atribuido a la Comisión una clara función auxiliar de la administración de justicia, a manera de ministerio público del sistema interamericano”[2].

Un tema que merece la pena aclarar es el hecho que al lado de las atribuciones de la CIDH detalladas en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la adopción de medidas cautelares constituye otra vital, ya que a pesar de no gozar de rango convencional, se “deriva de las funciones” o poderes implícitos que la Convención le ha otorgado a la Comisión para la preservación  de los derechos tutelados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues se busca evitar que se consume un daño irreparable a los derechos de las personas, ejemplos los podemos encontrar en el caso de los Pueblos indígenas en aislamiento voluntario o aquel del diario El Universo.

Finalmente, el artículo 39 de la Convención, de manera expresa, le brinda potestad a la CIDH para que dicte su propio Reglamento, de allí que la facultad de adoptar medidas cautelares no resulta ser, bajo ningún argumento,  arbitraria.

En efecto, los artículos 25.1 del Reglamento de la Comisión y el 106 de la Carta de la OEA permiten que la CIDH solicite a los Estados la adopción de medidas cautelares, sin dejar de lado la costumbre internacional y disposiciones locales como  el Decreto Ejecutivo 1317 de 2008 mediante el cual el gobierno de Ecuador se compromete con la ejecución de sentencias, medidas cautelares y otras resoluciones originadas tanto en el Sistema interamericano como en el Universal de defensa de Derechos Humanos.

En este sentido, cualquier cambio debe orientarse a cuidar el Sistema, no vaya a ser que la reforma promueva un debilitamiento que nos afectará a todos.


[1] Artículo 1.1 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[2] Faúndez Ledesma, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos: Aspectos institucionales y procesales, tercera edición,  Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2004, página 222.

EL FUTURO DE LA REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO DEL SISTEMA INTERAMERICANO

Autor: Nelson Camilo Sánchez, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia

Nelson Camilo Sánchez, Dejusticia (Colombia) (foto Dejusticia)

Nelson Camilo Sánchez, Dejusticia (Colombia) (foto Dejusticia)

Semanas después del cierre oficial del proceso de reflexión sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos, existen diversas interpretaciones sobre los resultados del proceso, sobre su continuidad y sobre su futuro.

Por más que existan opiniones divergentes, no debe perderse de vista que las contradictorias evaluaciones sobre los resultados del proceso se deben, en buena parte, a que algunos Estados usaron el tema de los derechos humanos como un simple comodín o excusa para la disputa de diversos intereses políticos. Pero más allá de algunas divergencias, el proceso de discusión sobre las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se cerró el 22 de mayo, deja algunos acuerdos fundamentales; así como tareas pendientes para seguir reforzando el seguimiento a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.

Una primera cuestión que merece seguimiento es la discusión sobre cómo continuar el diálogo con respecto a los temas fundamentales del sistema interamericano. El proceso abierto con el grupo de trabajo de reflexión y, particularmente, el mandato dado por la Asamblea Permanente en Cochabamba, Bolivia, se cerró con la Resolución emitida por la Asamblea General Extraordinaria del 22 de marzo. No obstante, la resolución deja abiertos canales de diálogo entre los órganos políticos (como el Consejo Permanente de la OEA) y los órganos técnicos (Comisión y Corte Interamericanas). Así debe ser, pues el debate sobre el cumplimiento de los derechos humanos concierne a unos y otros. Además, la Organización de los Estados Americanos no es otra cosa que un foro de discusión.

Una hoja de ruta para un diálogo interactivo y fructífero lo trazó la propia respuesta de la CIDH a las recomendaciones de los Estados. Allí se establecen espacios institucionalizados tanto con órganos políticos como con víctimas y usuarios del sistema en donde se deben canalizar los aspectos aun no abordados del proceso de fortalecimiento. Por el contrario, seguir llevando la discusión sobre el futuro del sistema a escenarios ajenos a la OEA, que carecen de legitimidad, participación y transparencia será no solo un incumplimiento de lo que establece el consenso alcanzado en la Asamblea General, sino una amenaza permanente para el futuro de los derechos en las Américas.

La segunda tarea pendiente de seguimiento que se deriva del mandato de la Asamblea es el diálogo político entre organización y Estados, así como entre Estados, dirigido a la universalización de las obligaciones y la ratificación de todos los tratados de derechos humanos de la Organización. Aquí el debate finalmente se canalizó en quienes realmente pueden tomar decisiones para eliminar esta distorsión actual del sistema. Son los Estados soberanos los que ratifican los tratados y son sus pares los que pueden persuadirlos de ello en el actual escenario de relaciones internacionales. Pretender, como se hizo durante todo este proceso, que la falta de ratificación de tratados es un problema que debe solucionar la CIDH es generar una carga que distorsiona el trabajo del órgano de verificación, y posponer en últimas la solución al problema.

La tercera cuestión a dar seguimiento radica en el tema de la correcta y adecuada financiación del sistema de derechos humanos. Los generosos discursos de muchos cancilleres el día de la Asamblea deben ser ahora puestos en práctica. Varios de ellos ofrecieron su apoyo financiero (en algunos casos de manera concreta a la CIDH y a la Corte) y no deberían quedarse en apoyos retóricos. ¿Cuántos de estos han sido ya puestos en práctica? ¿Cuándo se harán realidad los que no han empezado a implementarse?  Ojalá que la billetera de estos países no sea más grande a la hora de prometer que a la hora de pagar.

Finalmente, una cuarta línea de trabajo inmediato pendiente está en la implementación de las modificaciones reglamentarias, de políticas y de prácticas de la CIDH. Para que esta ambiciosa agenda se concrete se requiere que la CIDH inicie de manera inmediata su cumplimiento y requerirá para ello apoyo de los Estados partes y de los usuarios del sistema. Entre mayor rapidez y solvencia demuestre la CIDH en el cumplimiento de su Plan Estratégico –incluyendo las modificaciones realizadas a propósito de este proceso – mayor legitimidad tendrá para enfrentar posibles nuevos procesos de reforma.

ENTREVISTA CON EMBAJADOR DE URUGUAY ANTE LA OEA

Romani: “Aprecio al gobierno de Correa, pero están equivocados”
Xavier Reyes, El Universo, Ecuador

Embajador Milton Romani, Representante Permanente de Uruguay ante la OEA (foto OEA)

Embajador Milton Romani, Representante Permanente de Uruguay ante la OEA (foto OEA)

Apenas terminó de intervenir Ricardo Patiño, tomó la palabra el representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Milton Romani. Sin dar nombres ni hacer referencias directas, rebatió la esencia de los argumentos que expuso el viernes pasado el canciller ecuatoriano, en Washington, para atacar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a la Comisión (CIDH) y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión…

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LA CIDH SIGUE EN LA MIRA

Autor: Ernesto de la Jara, IDL (Peru)

Ernesto de la Jara

Ernesto de la Jara

¿Cuál es el balance de lo aprobado el viernes último por la Asamblea de la OEA en relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

Recordemos que hace dos años la Asamblea General de la OEA creó un “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Ahora, todos los vinculados al tema sabían que lo que se buscaba en realidad es el debilitamiento de la  CIDH y de su Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RLE). No es gratuito que los más activos hayan sido los países del ALBA, indignados  por las críticas provenientes de dicha Relatoría. Brasil estuvo inicialmente junto a ellos, como reacción en contra de la CIDH, por haberle ordenado detener la construcción de la represa de Belo Monte, pero después fue modulando su posición.

Hay elementos para decir que si bien Ecuador y los otros países del ALBA no han logrado todo lo que querían contra la CIDH y la RLE, ambas han recibido fuertes golpes, y, lo peor, se ha dejado la puerta abierta para que todo continúe.

Es positivo, entre otras cosas, que no se hayan abierto la  Convención Interamericana o el Estatuto de la CIDH, ya que de esa manera se habría contado con una base jurídica para restricciones más radicales. También que la CIDH pueda seguir  otorgando  medidas cautelares. O que no se haya dispuesto que, sin tener los fondos necesarios, todas las relatorías pasen a tener carácter especial, ya que ello hubiera significado una drástica reducción del poco presupuesto que la CIDH tiene para procesar casos.

Pero del otro lado vienen los golpes. Uno primero lo constituye el solo hecho de haber tenido la CIDH que estar sentada en el banquillo de los acusados durante todo este tiempo. El segundo es que no se le haya  dado la importancia debida al nuevo Reglamente que la propia CIDH elaboró. En la Resolución final solo se dice que se toma nota de él.

En cuanto a los aportes económicos externos, provenientes de Estados y de la cooperación internacional (el 40% de los recursos de la CIDH y el 100% de los de la Relatoría de Libertad de Expresión), si bien no prosperaron las restricciones que los  habrían hecho prácticamente imposibles, el que en la resolución final se haya puesto que ellos deben ser “preferentemente“ sin fines específicos, puede traer serios problemas. Es muy difícil, por ejemplo, que la Unión Europea u otros países sigan financiando a la Relatoría de Libertad de Expresión, cuando la OEA ha dicho que prefiere que  los aportes vayan a un fondo común.

Pero lo más grave es que la Asamblea del viernes no se haya ya cumplido con el encargo oficial de poner punto final al proceso iniciado dos años atrás.

Si bien en la nota de Prensa se dice “… que la Asamblea… aprobó hoy por aclamación una resolución que culmina el proceso de reflexión…..”, la resolución misma contiene  un texto muy ambiguo: “…mandar al Consejo Permanente continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del SIDH, teniendo en cuenta todos los aportes realizados… a lo largo del proceso…”

Quiere decir que los muchos cambios que se han hecho se consideran insuficientes.  Esto atenta contra la autonomía que debe tener la CIDH y es una especie de espada de Damocles contra ella. El embajador de Ecuador ante la OEA puso en su twitter: “ayer logramos un triunfo en la OEA”. Si bien es exagerado, también lo es decir que perdieron el partido.

 Dos  consideraciones finales. Nadie niega que era necesario introducir cambios respecto a la CIDH, y que hay cuestionamientos válidos (es realmente inadmisible que Estado Unidos siga sin firmar la Convención), el problema es que este tipo de  cuestiones se suelen utilizar para fines bajo la mesa o para manipular posiciones.

XLIV Asamblea General Extraordinaria de la OEA: De la reflexión al apoyo concreto de los Estados en la implementación de las reformas

Declaración DPLF
(English version follows)

El día de mañana, 22 de marzo de 2013, se llevará a cabo en la ciudad de Washington D.C. la 44ª Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA). El objetivo de esta asamblea extraordinaria es discutir las propuestas del Consejo Permanente de la OEA que apuntan a implementar las recomendaciones del Informe del “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”…

Haga click aquí para leer la declaración completa.

44th SPECIAL GENERAL ASSEMBLY OF THE OAS: FROM REFLECTION TO CONCRETE SUPPORT BY STATES TO IMPLEMENT REFORMS

 DPLF Statement

Tomorrow, March 22, 2013, the 44th Special General Assembly of the Organization of American State (OAS) will take place in Washington, DC. The objective of this special assembly is to discuss a resolution proposed by the Permanent Council of the OAS directed at implementing the recommendations contained in the report of the “Special Working Group to Reflect on the Workings of the Inter-American Commission on Human Rights with a View to Strengthening the Inter-American Human Rights System”….

To read the English version of the statement click here.

Proyecto de resolución que se discutirá en la Asamblea General extraordinaria

A continuación encontrará el proyecto de resolución que se discutirá el próximo viernes 22 de marzo, en la Asamblea General extraordinaria de la OEA a realizarse en la ciudad de Washington D.C. Como se mencionó en el post anterior, a pesar de la actitud positiva de muchos Estados por aprobar una resolución por consenso, esto no se logró y el documento que llega a la Asamblea General es una “resolución abierta” que será discutida por los cancilleres asistentes a la reunión.

Cabe resaltar que en la mayoría de temas abordados en este documento si hubo acuerdo entre los Estados. Fueron principalmente dos temas los que los dividieron e impidieron la aprobación de la resolución: el del financiamiento de la CIDH y el de las relatorías.

En el primer punto, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Grenada y Nicaragua no aceptaron que la resolución señalara que el financiamiento que el SIDH recibe a través de contribuciones voluntarias de Estados parte, observadores y otras instituciones debía ser “preferentemente sin fines específicos”. Estos países rechazaron la palabra “preferente” y plantearon que la resolución dijera que las contribuciones voluntarias que el SIDH recibe no debían tener fines específicos (lo que podría poner en cuestión los fondos que recibe la CIDH para temas concretos, como por ejemplo el de libertad de expresión). En cuanto al segundo punto, los países mencionados arriba no rechazaron la propuesta que proponía a la CIDH fortalecer todas sus relatorías “inclusive mediante la consideración de otorgar el carácter de especiales a las relatorías temáticas existentes (o sea, poniendo a todas las relatorías al mismo nivel) pero señalaron que debían hacer consultas con sus capitales.

Hasta el momento se sabe que estarán en la Asamblea General los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Costa Rica, El Salvador Guatemala, Honduras, México y Grenada. Se especula también acerca de la llegada del Presidente ecuatoriano Rafael Correa a la reunión. El canciller ecuatoriano ha convocado a una reunión de Estados parte de la Convención Americana para el día jueves 21 por la tarde, donde solo podrán asistir aquellos estados miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humano, con lo que se excluye la presencia de Canadá, Estados Unidos y aquellos países del Caribe que no han ratificado la Convención.

Proyecto de Resolución que se discutirá en la Asamblea General extraordinaria este viernes, 22 de marzo.

Draft resolution to be discussed at the extraordinary General Assembly on Friday, March 22.

Despues de 21 meses discutiendo….no hay consenso

Sesión del Consejo Permanente (foto OEA)

Sesión del Consejo Permanente (foto OEA)

El martes 19 de marzo se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo Permanente (CP) de la OEA en la que el Embajador Joel Hernández (México), a cargo del grupo de trabajo creado para preparar la propuesta de resolución a ser discutida en la Asamblea General,  presentó  los resultados de las deliberaciones que el lideró. El Embajador Hernández señaló que el texto que presentaba esa tarde a consideración del CP reflejaba la posición de todas las delegaciones, haciendo la salvedad que sobre el párrafo 4 no había habido consenso y que el párrafo 6 había sido aprobado por algunas delegaciones ad referéndum. La parte resolutiva del texto presentado por el Embajador Hernández señalaba lo siguiente:

  1. Tomar nota de las respuestas de la CIDH al Consejo Permanente respecto de las recomendaciones del “Grupo de Trabajo Especial de reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del SIDH”, y de la Reforma del Reglamento, Políticas y Prácticas de la CIDH-Resolución No. 1/2013 aprobada por la CIDH el 18 de marzo de 2013- (CP/doc.4846/13), y solicitarle que continúe avanzando en su aplicación de conformidad con los instrumentos jurídicos interamericanos pertinentes
  2. Solicitar a la CIDH, que en el marco de su Plan Estratégico, ponga en práctica aquellas recomendaciones cuya aplicación esta pendiente.
  3. Alentar a la CIDH a fortalecer sus esfuerzos de promoción de los derechos humanos inclusive mediante el apoyo a los sistemas nacionales
  4. Reafirmar su compromiso de lograr el pleno financiamiento del SIDH a través del presupuesto regular de la OEA. Mientras se alcanza ese compromiso, invitar a los estados miembros, a los estados observadores y a otras instituciones a que, continúen realizando contribuciones voluntarias en el marco de los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  2010-2015 y del Plan Estratégico de la CIDH 2011-2015, y preferentemente sin fines específicos. [el subrayado es nuestro]
  5. Solicitar al Secretario General que presente al Consejo Permanente a la brevedad posible un análisis detallado y actualizado de los costos del pleno funcionamiento de los órganos del SIDH.
  6. Proponer a la CIDH que, en función del principio de indivisibilidad de los derechos humanos, fortalezca todas sus relatorías, inclusive mediante la consideración de otorgar el carácter de especiales a las relatorías temáticas existentes, sobre la base de un financiamiento adecuado y sin afectar sus otras responsabilidades. [el subrayado es nuestro]
  7. Instar a los Estados Miembros de la OEA, cuando proceda, a ratificar o adherir a todos los instrumentos jurídicos interamericanos sobre derechos humanos, en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de las obligaciones que emanan de la Carta de la OEA.

Iniciado el debate, Argentina fue el primer país en participar, haciendo algunos comentarios al texto pero finalmente uniéndose al consenso. Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Bolivia señalaron que no aprobaban el párrafo 4 si se mantenía el término “preferentemente” y que no se podían pronunciar sobre el párrafo 6 porque estaba bajo consulta.  Ecuador señaló que esperaba que el Presidente del  Consejo Permanente presentara una versión consensuada del documento, pero  recordó que en la Asamblea General  “serán los cancilleres los que tengan la última palabra”. Para Venezuela esté seguía siendo un “documento en revisión”.

Canadá, Brasil, Uruguay, Bahamas, El Salvador, Chile, y Perú estuvieron a favor de aprobar el texto tal como está. Brasil sugirió que se pasara a una siguiente fase de la discusión donde las delegaciones ya no digan lo que piensan sino que se pasara a votación, ad referéndum o lo que sea necesario para tomar una decisión. Para Brasil era importante que todos los Estados opinen pero señalo que “no es justo que países que sí participaron de todas las discusiones tengan que volver a debatir temas que ya fueron ampliamente debatidos”. Chile agregó que el tema del financiamiento pleno del SIDH no se había abordado durante el proceso por lo que consideraba que se debería aclarar en el documento que esta iniciativa no se debía hacer “a costa de otras prioridades de la organización”. En la línea de Brasil, Uruguay señalo enfáticamente que ya se conocían las posiciones de cada Estado, que había consenso en muchas cosas y que por tanto había que pasar a una segunda fase. Perú se adhirió a las propuestas de Brasil y Uruguay y señaló expresamente que consideraba que la propuesta presentada por el Embajador Hernández expresaba muy bien la voz de todos, incluyendo los que discrepan.

Al final de la reunión, y ante el cansancio evidente de las delegaciones y su incomodidad frente a las mismas discusiones sobre los mismos temas, el Presidente del Consejo Permanente señaló que no se había alcanzado el consenso por lo que proponía elevar este proyecto de resolución a la Asamblea General para su discusión en este espacio.

Como señalaron varios embajadores, hubo muchos temas en los que si hubo consenso, pero donde claramente hay visiones opuestas, es en lo relativo a  las contribuciones voluntarias, donde Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela plantean que no deben ser para fines específicos, y en lo referido a la creación de relatorías especiales, que para estos mismos países debería ser no sólo una propuesta para la CIDH sino un imperativo.