Autor: Ernesto de la Jara, IDL (Peru)

¿Cuál es el balance de lo aprobado el viernes último por la Asamblea de la OEA en relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

Recordemos que hace dos años la Asamblea General de la OEA creó un “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Ahora, todos los vinculados al tema sabían que lo que se buscaba en realidad es el debilitamiento de la  CIDH y de su Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RLE). No es gratuito que los más activos hayan sido los países del ALBA, indignados  por las críticas provenientes de dicha Relatoría. Brasil estuvo inicialmente junto a ellos, como reacción en contra de la CIDH, por haberle ordenado detener la construcción de la represa de Belo Monte, pero después fue modulando su posición.

Hay elementos para decir que si bien Ecuador y los otros países del ALBA no han logrado todo lo que querían contra la CIDH y la RLE, ambas han recibido fuertes golpes, y, lo peor, se ha dejado la puerta abierta para que todo continúe.

Es positivo, entre otras cosas, que no se hayan abierto la  Convención Interamericana o el Estatuto de la CIDH, ya que de esa manera se habría contado con una base jurídica para restricciones más radicales. También que la CIDH pueda seguir  otorgando  medidas cautelares. O que no se haya dispuesto que, sin tener los fondos necesarios, todas las relatorías pasen a tener carácter especial, ya que ello hubiera significado una drástica reducción del poco presupuesto que la CIDH tiene para procesar casos.

Pero del otro lado vienen los golpes. Uno primero lo constituye el solo hecho de haber tenido la CIDH que estar sentada en el banquillo de los acusados durante todo este tiempo. El segundo es que no se le haya  dado la importancia debida al nuevo Reglamente que la propia CIDH elaboró. En la Resolución final solo se dice que se toma nota de él.

En cuanto a los aportes económicos externos, provenientes de Estados y de la cooperación internacional (el 40% de los recursos de la CIDH y el 100% de los de la Relatoría de Libertad de Expresión), si bien no prosperaron las restricciones que los  habrían hecho prácticamente imposibles, el que en la resolución final se haya puesto que ellos deben ser “preferentemente“ sin fines específicos, puede traer serios problemas. Es muy difícil, por ejemplo, que la Unión Europea u otros países sigan financiando a la Relatoría de Libertad de Expresión, cuando la OEA ha dicho que prefiere que  los aportes vayan a un fondo común.

Pero lo más grave es que la Asamblea del viernes no se haya ya cumplido con el encargo oficial de poner punto final al proceso iniciado dos años atrás.

Si bien en la nota de Prensa se dice “… que la Asamblea… aprobó hoy por aclamación una resolución que culmina el proceso de reflexión…..”, la resolución misma contiene  un texto muy ambiguo: “…mandar al Consejo Permanente continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del SIDH, teniendo en cuenta todos los aportes realizados… a lo largo del proceso…”

Quiere decir que los muchos cambios que se han hecho se consideran insuficientes.  Esto atenta contra la autonomía que debe tener la CIDH y es una especie de espada de Damocles contra ella. El embajador de Ecuador ante la OEA puso en su twitter: “ayer logramos un triunfo en la OEA”. Si bien es exagerado, también lo es decir que perdieron el partido.

 Dos  consideraciones finales. Nadie niega que era necesario introducir cambios respecto a la CIDH, y que hay cuestionamientos válidos (es realmente inadmisible que Estado Unidos siga sin firmar la Convención), el problema es que este tipo de  cuestiones se suelen utilizar para fines bajo la mesa o para manipular posiciones.