Se cierra un ciclo: Asamblea General de la OEA finaliza con aprobación unánime de resolución sobre el SIDH

Autora: Katya Salazar, Director Ejecutiva de DPLF

Asamblea General Extraordinaria de la OEA, 22 de marzo de 2013 (foto OEA)

Asamblea General Extraordinaria de la OEA, 22 de marzo de 2013 (foto OEA)

La 44ª Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada  el viernes 22 de marzo en  Washington, D.C., concluyó con la aprobación por unanimidad de una resolución que pone fin al proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), iniciado hace casi dos años.

Efectivamente, la Asamblea General realizada el pasado viernes culminó un proceso que se inició en junio del 2011, durante la Asamblea General de la OEA realizada en El Salvador. En esa reunión, y a iniciativa de los Estados, se creó un Grupo de Trabajo Especial de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del SIDH, al que se le encargó la tarea de elaborar una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño de la CIDH.

Este informe fue presentado al Consejo Permanente en enero de 2012 y meses después, durante la Asamblea General de la OEA celebrada en Cochabamba, Bolivia, en junio del mismo año, se encargó al Consejo Permanente que, sobre la base del informe del Grupo de Trabajo, formulara “propuestas para su aplicación”, las que debían ser presentadas  “a mas  tardar el primer trimestre del 2013 en una Asamblea General Extraordinaria”.

Este fue el objetivo de la reunión que se llevó a cabo el viernes 22 de marzo. Las posiciones sostenidas por los Estados en las reuniones realizadas durante las ultimas semanas y las que se presentaron durante la Asamblea General Extraordinaria del viernes pasado, mostraron que la mayoría de países miembros de la OEA estaba satisfecha con los resultados del proceso de reflexión, las recomendaciones planteadas y la respuesta de la CIDH a las mismas, y estaba dispuesta a aprobar el proyecto de resolución elaborado en los días previos a la Asamblea (ver aquí propuesta de resolución).

Por otro lado, un número minoritario de países (el bloque del Alba, integrado por Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua) mostró su disconformidad frente a las propuestas planteadas durante las ultimas semanas y dijo no estar satisfecho con la propuesta de resolución elaborada, insistiendo en reformas adicionales al documento, varias de ellas planteadas por primera vez en esta ultima parte del proceso (como la relacionada con el cambio de sede de la CIDH).

Los principales puntos de desacuerdo entre la mayoría de Estados y el bloque del Alba estaban relacionados con dos temas: el financiamiento de la CIDH y la naturaleza de las relatorías. Sobre el primer punto, la resolución propuesta reiteraba el compromiso de los Estados para que el SIDH se financie únicamente con fondos ordinarios de la OEA, pero mientras esto ocurría –señalaba la propuesta de resolución-, las contribuciones voluntarias que se hagan debían  ser “preferentemente” sin fines específicos.

Los países del Alba planteaban eliminar la palabra “preferente” de este párrafo, lo que hubiera significado, en la práctica, un serio problema financiero para la CIDH, pues buena parte de su financiamiento proviene de fondos dirigidos a temas concretos (derechos de la mujer, pueblos indígenas, libertad de expresión, etc.) o a actividades concretas (informes, eventos, etc.). Más aun, una medida así podría haber significado el cierre de la relatoría para la libertad de expresión, teniendo en cuenta que esta funciona básicamente de fondos destinados exclusivamente a los temas de su especialidad.

El segundo punto que impulsaba Ecuador y los otros países del Alba era el de la homologación de todas las relatorías de la CIDH a la categoría de “relatorías especiales” (similares a la Relatoría para la Libertad de Expresión, es decir, con un relator permanente y a tiempo completo basado en Washington D.C.). En la resolución bajo discusión se incorporaba este punto como una propuesta a la CIDH, mientras que los países del Alba insistían en hacer de este punto un mandato para la CIDH, lo que hubiera implicado un re direccionamiento importante de fondos dentro de la CIDH y posiblemente  el debilitamiento de algunas relatorías (especialmente la de libertad de expresión) para favorecer a otras y con eso cumplir el mandato impuesto por esta resolución.

Ninguna de estas propuestas fue aprobada tal como los países del Alba lo planteaban. Además de los puntos mencionados, ellos propusieron un párrafo adicional donde se señalaba que el diálogo sobre la reforma continuaba,  mencionando de manera expresa los temas que para ellos quedaban pendientes (tales como el de medidas cautelares, capitulo cuarto del informe anual de la CIDH, cambio de sede, independencia y autonomía de la CIDH, indivisibilidad de los derechos humanos, universalidad, entre otros) y señalando que los resultados de ese dialogo se iban a presentar en la siguiente Asamblea General.

A pesar de la diplomacia con que los Estados presentaron sus posiciones durante la Asamblea General, estaba claro que la mayoría coincidía en que este proceso debía concluir el 22 de marzo. Por esa razón, se añadió un párrafo adicional a la propuesta de resolución, donde se plantea continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento del sistema, sin mencionar temas o plazos tal como querian Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Si este diálogo efectivamente se produce, será en el marco de los foros pertinentes de la OEA y al margen del proceso de reflexión que culminó el viernes pasado.

Al final del dia, la discusión parecía entrampada por la negativa del bloque del Alba a ceder en sus demandas, las mismas que fueron acompañadas de amenazas veladas de retirarse del SIDH. Casi al filo de la medianoche y después de varios recesos para consultas y negociaciones, Argentina propuso una redacción alternativa del párrafo referido a la “continuación del diálogo”, propuesta que fue apoyada por otros países, lo que finalmente permitió que Ecuador cediera y aceptara la resolución, junto a Bolivia, Nicaragua y Venezuela.

La Asamblea General contó con la asistencia de once ministros de Relaciones Exteriores (Argentina, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, México y Perú), cinco vice Ministros (Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, Bolivia y Nicaragua) y Jefes de Delegación de 18 países miembros. La reunión fue presidida por el Canciller de Costa Rica, José Enrique Castillo, elegido por unanimidad. La Comisión General, en la que se negoció el proyecto de resolución, estuvo encabezada por el Canciller de Honduras, Arturo Corrales.

El texto de la resolución aprobada en español lo encuentra aquí.

The approved resolution in English is here

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