El martes 19 de marzo se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo Permanente (CP) de la OEA en la que el Embajador Joel Hernández (México), a cargo del grupo de trabajo creado para preparar la propuesta de resolución a ser discutida en la Asamblea General,  presentó  los resultados de las deliberaciones que el lideró. El Embajador Hernández señaló que el texto que presentaba esa tarde a consideración del CP reflejaba la posición de todas las delegaciones, haciendo la salvedad que sobre el párrafo 4 no había habido consenso y que el párrafo 6 había sido aprobado por algunas delegaciones ad referéndum. La parte resolutiva del texto presentado por el Embajador Hernández señalaba lo siguiente:

1. Tomar nota de las respuestas de la CIDH al Consejo Permanente respecto de las recomendaciones del “Grupo de Trabajo Especial de reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del SIDH», y de la Reforma del Reglamento, Políticas y Prácticas de la CIDH-Resolución No. 1/2013 aprobada por la CIDH el 18 de marzo de 2013- (CP/doc.4846/13), y solicitarle que continúe avanzando en su aplicación de conformidad con los instrumentos jurídicos interamericanos pertinentes
2. Solicitar a la CIDH, que en el marco de su Plan Estratégico, ponga en práctica aquellas recomendaciones cuya aplicación esta pendiente.
3. Alentar a la CIDH a fortalecer sus esfuerzos de promoción de los derechos humanos inclusive mediante el apoyo a los sistemas nacionales
4. Reafirmar su compromiso de lograr el pleno financiamiento del SIDH a través del presupuesto regular de la OEA. Mientras se alcanza ese compromiso, invitar a los estados miembros, a los estados observadores y a otras instituciones a que, continúen realizando contribuciones voluntarias en el marco de los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  2010-2015 y del Plan Estratégico de la CIDH 2011-2015, y preferentemente sin fines específicos. [el subrayado es nuestro]
5. Solicitar al Secretario General que presente al Consejo Permanente a la brevedad posible un análisis detallado y actualizado de los costos del pleno funcionamiento de los órganos del SIDH.
6. Proponer a la CIDH que, en función del principio de indivisibilidad de los derechos humanos, fortalezca todas sus relatorías, inclusive mediante la consideración de otorgar el carácter de especiales a las relatorías temáticas existentes, sobre la base de un financiamiento adecuado y sin afectar sus otras responsabilidades. [el subrayado es nuestro]
7. Instar a los Estados Miembros de la OEA, cuando proceda, a ratificar o adherir a todos los instrumentos jurídicos interamericanos sobre derechos humanos, en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin perjuicio de las obligaciones que emanan de la Carta de la OEA.

Iniciado el debate, Argentina fue el primer país en participar, haciendo algunos comentarios al texto pero finalmente uniéndose al consenso. Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Bolivia señalaron que no aprobaban el párrafo 4 si se mantenía el término “preferentemente” y que no se podían pronunciar sobre el párrafo 6 porque estaba bajo consulta.  Ecuador señaló que esperaba que el Presidente del  Consejo Permanente presentara una versión consensuada del documento, pero  recordó que en la Asamblea General  “serán los cancilleres los que tengan la última palabra”. Para Venezuela esté seguía siendo un “documento en revisión”.

Canadá, Brasil, Uruguay, Bahamas, El Salvador, Chile, y Perú estuvieron a favor de aprobar el texto tal como está. Brasil sugirió que se pasara a una siguiente fase de la discusión donde las delegaciones ya no digan lo que piensan sino que se pasara a votación, ad referéndum o lo que sea necesario para tomar una decisión. Para Brasil era importante que todos los Estados opinen pero señalo que “no es justo que países que sí participaron de todas las discusiones tengan que volver a debatir temas que ya fueron ampliamente debatidos”. Chile agregó que el tema del financiamiento pleno del SIDH no se había abordado durante el proceso por lo que consideraba que se debería aclarar en el documento que esta iniciativa no se debía hacer “a costa de otras prioridades de la organización”. En la línea de Brasil, Uruguay señalo enfáticamente que ya se conocían las posiciones de cada Estado, que había consenso en muchas cosas y que por tanto había que pasar a una segunda fase. Perú se adhirió a las propuestas de Brasil y Uruguay y señaló expresamente que consideraba que la propuesta presentada por el Embajador Hernández expresaba muy bien la voz de todos, incluyendo los que discrepan.

Al final de la reunión, y ante el cansancio evidente de las delegaciones y su incomodidad frente a las mismas discusiones sobre los mismos temas, el Presidente del Consejo Permanente señaló que no se había alcanzado el consenso por lo que proponía elevar este proyecto de resolución a la Asamblea General para su discusión en este espacio.

Como señalaron varios embajadores, hubo muchos temas en los que si hubo consenso, pero donde claramente hay visiones opuestas, es en lo relativo a  las contribuciones voluntarias, donde Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela plantean que no deben ser para fines específicos, y en lo referido a la creación de relatorías especiales, que para estos mismos países debería ser no sólo una propuesta para la CIDH sino un imperativo.