El acuerdo que –para funcionar- requiere algunos desacuerdos
David Lovatón Palacios
Profesor principal PUCP y consultor DPLF
El pasado 2 de Noviembre se suscribió en el Perú el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ), a iniciativa del Gobierno de Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien asistió a la suscripción del mismo por parte de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG).
Pese a loables esfuerzos en los últimos años (como la oralización del proceso penal o laboral o la digitalización del expediente), aún tenemos un sistema de justicia de baja calidad y en el que la ciudadanía desconfía. Una justicia muy lenta, con rumas de expediente por resolver, atrasada tecnológicamente en sus procedimientos, con personal desmotivado, salpicada por constantes casos o denuncias de corrupción (desde el especialista pillado con el soborno hasta poderosas redes clandestinas de estudios de abogados, jueces, fiscales y policías), escasa transparencia, etc. De esta manera, el índice de aprobación ciudadana de la justicia es de los más bajos y se disputa el fondo de la tabla con la –también- baja aprobación del Congreso o la Policía. En otras palabras, los ciudadanos no confiamos en nuestros jueces y fiscales y tenemos razones para ello.
En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la propiedad territorial de los pueblos y comunidades indígenas de los municipios Hoplechén y Tenabo, del estado de Campeche, al exigir que el Estado cumpla con el derecho a la consulta previa, libre e informada. El caso se refería específicamente a la suspensión de la siembra de soya genéticamente modificada en estos territorios hasta que los pueblos y comunidades indígenas tuvieran la información necesaria para tomar la decisión de sembrar o no dicha soya.
David Lovatón, en su participación en el foro de discusión “El caso del pueblo maya frente a la soya transgénica de Monsanto. Contexto y análisis de los fallos de la SCJN” en la Universidad Nacional Autónoma de México, explica cuatro irregularidades en el proceso de consulta previa que se está llevando a cabo en las comunidades indígenas de los municipios Hoplechén y Tenabo y brinda dos recomendaciones para que el Estado mexicano cumpla su función de proteger el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
Jorge Antonio Parral Rabadán era un joven profesional de 38 años de edad, que trabajaba en la empresa pública CAPUFE (Caminos y puentes federales), a la cual había logrado ingresar luego de un concurso en el que quedó en primer lugar por delante de 130 postulantes. Le tocó servir como administrador de un puente fronterizo con los Estados Unidos de Norteamérica, en el Estado de Tamaulipas. Nunca recibió una sanción disciplinaria y todo indicaba que tendría un futuro profesional promisorio.
El pasado 29 de abril del presente año, el Senado mexicano aprobó la reforma del Código de Justicia Militar (CJM) y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP). Con anterioridad, la Cámara de Diputados había hecho lo mismo. El pasado 16 de mayo las normas fueron publicadas oficialmente por el Gobierno mexicano.
Recientemente se conformó la “Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada”, integrada por personalidades y organizaciones de sociedad civil. Esta Misión se creó a solicitud de las comunidades de Hopelchén y Tenabo que deben ser debidamente consultadas en cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México.
La Península de Yucatán en México debe ser una de las regiones más bellas y únicas del planeta. Comprende los Estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. El cataclismo que supuestamente sucedió allí hace millones de años, esculpió unas llanuras verdes e infinitas, unas rocas porosas y unos ríos y cenotes subterráneos, que fueron testigos de las milenarias y sabias culturas mayas que ahí florecieron y que su impronta sigue vigente hoy en día.
En el derecho comparado, en términos gruesos, hay dos grandes sistemas de selección y nombramiento de jueces: el sistema político a cargo del Poder Ejecutivo, del Parlamento o de ambos y el sistema profesional a cargo de un Consejo de la magistratura o de la judicatura, con rango constitucional y autónomo de los Poderes del Estado. En nuestro continente, en la primera orilla se ubican países como Estados Unidos, México o parcialmente Brasil, en tanto que en la otra orilla países como Colombia, Perú o Guatemala.
Como ha sucedido en Argentina, Colombia, Chile o México, también en el Perú el buen cine viene ayudando a la reflexión colectiva sobre las terribles secuelas que la violencia del conflicto armado interno dejó en miles de compatriotas, como es el caso de las mujeres que fueron brutalmente violentadas, en especial, en las zonas declaradas en emergencia en Ayacucho o Huancavelica y que durante muchos años estuvieron bajo control militar. Sin generalizar, lo cierto es que el cóctel de machismo y discriminación racial hizo que muchos militares y marinos no tuvieran reparo alguno en violar y someter sexualmente a mujeres indígenas, muchas de ellas menores de edad, según da cuenta el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
“En pos de la República, Ensayos de historia política e intelectual” (Mc Evoy, 2013) es el título de un excelente libro de la historiadora Carmen Mc Evoy sobre valerosos pero aislados esfuerzos políticos e intelectuales, en parte de la historia republicana peruana durante los siglos XIX y XX, que bregaron por ideales republicanos como la igualdad ante la ley o la sujeción de las fuerzas armadas al orden constitucional.
El Tribunal Constitucional (TC) peruano publicó el pasado 18 de agosto en su página web, una importante sentencia expedida en el Expediente N° 00022-2011-PI/TC (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00022-2011-AI.pdf), un proceso de inconstitucionalidad interpuesto por 6,430 ciudadanos en contra de diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1094 (Código penal militar policial) y del Decreto Legislativo N° 1095 (Reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas). Un pronunciamiento, por un lado, en torno a la constitucionalidad de los delitos de función tipificados y que pueden perpetrar militares y policías, y, por otro lado, respecto a las prerrogativas y límites de las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza en supuestos de estados de excepción, conflicto armado o protestas sociales.
