La última ofensiva de Maduro: criminalización de la organizaciones de la sociedad civil a través de nuevas regulaciones

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Rafael Uzcátegui*

En menos de 48 horas más de 650 organizaciones, venezolanas y de otros países, acordaron suscribir un comunicado de rechazo a la obligación de registrarse en el país caribeño ante una oficina contra el terrorismo, entregando datos de las personas a las que atienden. Esto representa la ultima decisión del gobierno de Nicolás Maduro para cerrar el espacio cívico en Venezuela.

El pasado 30 de marzo apareció en la Gaceta Oficial, la publicación estatal que difunde leyes y normativas aprobadas en Venezuela, la Providencia Administrativa número 001-2021 mediante la cual se dictaba la normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Este larguísimo nombre cumplía la profecía que organizaciones de derechos humanos como Provea habían hecho meses atrás: El año 2021 sería un período de ofensiva gubernamental contra la sociedad civil, luego que habían logrado erosionar la vocería y la cohesión del liderazgo político del país. Al imponer la cuarentena del silencio a los partidos de oposición, la persecución se enfilaría contra el resto de la sociedad con capacidad para documentar y denunciar, en un momento en que la mirada internacional sobre la situación de los derechos humanos pudiera escalar mecanismos de presión sobre Miraflores.

El trabajo persistente de la sociedad civil, catalizado por el deterioro de la situación venezolana, en el año 2017 llamó la atención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUD), quien divulgó un primer informe especial sobre el país luego de un ciclo de protestas que fue apaciguado con más de 240 personas asesinadas y cientos de hombres y mujeres en prisión. Para ese momento el gobierno venezolano había desacreditado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificándola de “títere del imperialismo”. Por eso cuando Zeid Ra’ad Al Hussein fue sustituido por Michelle Bachelet en la dirección del ACNUDH, Miraflores vio una oportunidad en la que hasta ese momento había sido su aliada ideológica. La documentación sistematizada y procesada, así como el paciente trabajo de incidencia de las diferentes organizaciones lograron que el primer informe bajo Bachelet fuera una nítida fotografía de la dramática situación de los venezolanos. A esto se sumaría la activación de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la aprobación de una Misión Independiente de Determinación de Hechos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la apertura de un examen preliminar en la Corte Penal Internacional. La sociedad civil venezolana había tocado todas las puertas posibles, en materia de protección internacional a derechos humanos. Y el gobierno había anotado, cuidadosamente, que allí había una cuenta por cobrar.

Si la política de erosión aplicada contra los partidos políticos en 2020 había sido efectiva, era previsible que posteriormente fuera promovida contra el resto de actores incómodos para el gobierno. La estrategia de Maduro promueve la misma receta que el resto de autoritarismos populistas contra sus críticos: Atacar su legitimidad y su eficacia. El discurso oficial contra los sectores independientes repite los lugares comunes de sus pares como Daniel Ortega: Son parte de una élite apátrida que se ha hecho millonaria recibiendo dinero del extranjero con oscuros intereses, para promover acciones violentas y terroristas contra el gobierno. En un momento de empobrecimiento general de la población y necesidades insatisfechas de toda índole, colocar el foco en el dinero pudiera abonar un terreno fértil para el resentimiento y la desconfianza. Este discurso de criminalización no es nuevo, lo que ha ocasionado que más de una decena de defensores de derechos humanos hayan recibido medidas cautelares de protección por parte de la CIDH. Lo curioso del caso venezolano es que esta narrativa encuentra eco en un sector de la oposición, quien asegura que George Soros se encuentra detrás de todas las conspiraciones internacionales imaginables, incluyendo la actuación de las ONG venezolanas, quienes serían responsables de impedir una salida “radical y definitiva” del conflicto.

El posicionamiento público de un discurso criminalizador le permite al gobierno, de manera paralela, impulsar normativas restrictivas, en un intento de obstaculizar la eficacia del trabajo por la dignidad humana y el desarrollo. La primera iniciativa en esta dirección es la providencia administrativa, que obliga a las organizaciones sociales a registrarse en una dependencia de la oficina contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo y, seguidamente, entregar toda la información sobre sus actividades, incluyendo la lista detallada de sus beneficiarios. Para ONG históricas como Provea esto sería, directamente, transformarlas en delatoras de víctimas de violaciones de derechos humanos. Quienes no se inscriban para el 1 de mayo de 2021 quedarían al margen de la legalidad, y con la posibilidad de recibir sanciones previstas en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, con penas de prisión entre 2 a 20 años, multas y congelamiento de bienes, entre otras.

No obstante, esta providencia administrativa no es el único cañonazo legal contra las organizaciones sociales venezolanas. Según información extraoficial la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, bajo mayoría oficialista luego de elecciones amañadas en el 2020, aprobó la discusión en el parlamento de un proyecto de ley que había sido promovido 15 años antes, y que debido a la controversia fue engavetado. Esta propuesta plantea la creación de un fondo único, manejado por el Estado, para la recepción de la cooperación internacional. Y serían las autoridades quienes definirían las prioridades y qué organizaciones locales ejecutarán los recursos.

Desde Venezuela creemos que el gobierno ha tomado nota de las malas prácticas nicaragüenses con las que intentarán acorralar, en los próximos meses, a quienes actúen fuera de la órbita estatal. Pero si para Nicolas Maduro Daniel Ortega es un ejemplo a seguir, para nosotros el referente es el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH), quienes a pesar de las campañas de criminalización, el retiro de su personalidad jurídica, el allanamiento y destrucción de sus sedes, así como la confiscación de sus bienes, continúan, contra todo pronóstico, acompañando a la población de su país en la denuncia de los abusos contra la dignidad de hombres y mujeres.


 *Sociólogo y Coordinador General de Provea

Foto: AP Images/Matias Delacroix

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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