La última ofensiva de Maduro: criminalización de la organizaciones de la sociedad civil a través de nuevas regulaciones

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Rafael Uzcátegui*

En menos de 48 horas más de 650 organizaciones, venezolanas y de otros países, acordaron suscribir un comunicado de rechazo a la obligación de registrarse en el país caribeño ante una oficina contra el terrorismo, entregando datos de las personas a las que atienden. Esto representa la ultima decisión del gobierno de Nicolás Maduro para cerrar el espacio cívico en Venezuela.

El pasado 30 de marzo apareció en la Gaceta Oficial, la publicación estatal que difunde leyes y normativas aprobadas en Venezuela, la Providencia Administrativa número 001-2021 mediante la cual se dictaba la normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Este larguísimo nombre cumplía la profecía que organizaciones de derechos humanos como Provea habían hecho meses atrás: El año 2021 sería un período de ofensiva gubernamental contra la sociedad civil, luego que habían logrado erosionar la vocería y la cohesión del liderazgo político del país. Al imponer la cuarentena del silencio a los partidos de oposición, la persecución se enfilaría contra el resto de la sociedad con capacidad para documentar y denunciar, en un momento en que la mirada internacional sobre la situación de los derechos humanos pudiera escalar mecanismos de presión sobre Miraflores.

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