Venezuela en la Corte Penal Internacional: guía para entender este histórico asunto

Acceso a la Justicia* 

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Víctimas de violaciones a los derechos humanos, activistas, funcionarios gubernamentales y los medios de comunicación aguardaban con ansías ese día. ¿El motivo? Se esperaba que la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunciara si continuaría el proceso de investigación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país. Sin embargo, las maniobras del fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, las cuales incluyeron una solicitud de control judicial, parecen haber logrado el objetivo y han demorado el pronunciamiento.

No obstante, son muchos los que no conocen la trascendencia del asunto; por ello, en Acceso a la Justicia hemos considerado pertinente aclarar algunas dudas.

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Maduro’s latest offensive: criminalization of civil society organizations through new regulations

Lee la versión en español aquí.

Rafael Uzcátegui*

In less than 48 hours more than 650 organizations, Venezuelan and from other countries, agreed to sign a communiqué rejecting the obligation to register in the Caribbean country before a counter-terrorism office, handing over data of the people they serve. This represents the latest decision of the government of Nicolás Maduro to close the civic space in Venezuela.

Last March 30, Administrative Ruling number 001-2021 appeared in the Official Gazette, the state publication that disseminates laws and regulations approved in Venezuela, by means of which the regulations for the Unified Registry of Obligated Parties before the National Office Against Organized Crime and Financing of Terrorism were dictated. This very long name fulfilled the prophecy that human rights organizations such as Provea had made months ago: 2021 would be a period of governmental offensive against civil society, after they had managed to erode the voice and cohesion of the political leadership of the country. By imposing the quarantine of silence on the opposition parties, the persecution would be focused against the rest of the society with the capacity to document and denounce, at a time when the international oversight on the human rights situation could escalate mechanisms of pressure on Miraflores.

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La última ofensiva de Maduro: criminalización de la organizaciones de la sociedad civil a través de nuevas regulaciones

Read the English version here.

Rafael Uzcátegui*

En menos de 48 horas más de 650 organizaciones, venezolanas y de otros países, acordaron suscribir un comunicado de rechazo a la obligación de registrarse en el país caribeño ante una oficina contra el terrorismo, entregando datos de las personas a las que atienden. Esto representa la ultima decisión del gobierno de Nicolás Maduro para cerrar el espacio cívico en Venezuela.

El pasado 30 de marzo apareció en la Gaceta Oficial, la publicación estatal que difunde leyes y normativas aprobadas en Venezuela, la Providencia Administrativa número 001-2021 mediante la cual se dictaba la normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Este larguísimo nombre cumplía la profecía que organizaciones de derechos humanos como Provea habían hecho meses atrás: El año 2021 sería un período de ofensiva gubernamental contra la sociedad civil, luego que habían logrado erosionar la vocería y la cohesión del liderazgo político del país. Al imponer la cuarentena del silencio a los partidos de oposición, la persecución se enfilaría contra el resto de la sociedad con capacidad para documentar y denunciar, en un momento en que la mirada internacional sobre la situación de los derechos humanos pudiera escalar mecanismos de presión sobre Miraflores.

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Justicia Transicional y el Marco de Transición Democrática para Venezuela

Ofelia Riquezes* y Frank O. Mora**

La versión en inglés de este artículo fue publicada por Global Americans el 7 de mayo de 2020.

Desde enero de 2019, el gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una política de “máxima presión” sobre el régimen de Nicolás Maduro, incrementando las presiones económicas sobre individuos y la economía venezolana con la intención de impulsar una transición democrática en el país. Ante la resiliencia de Maduro, Washington subió las apuestas en marzo de 2020 al anunciar acusaciones de narcoterrorismo en contra del dictador y su círculo de allegados y desplegar activos aéreos y navales de Estados Unidos al Caribe y el Pacífico Oriental en una operación antinarcóticos presuntamente dirigida a intimidar al régimen de Venezuela.

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