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En la primera parte de esta serie, el autor analizó dos causas penales en curso ante la justicia de los EE. UU.: caso Viviendas y caso Alimentos para Venezuela. Ambas tratan de operaciones comerciales con capitales comprometidos por corrupción de la inversión del Estado venezolano en el bienestar de su población. En la presente contribución, en cambio, se examina cómo la justicia de México lidió con la ramificación del caso Alimentos para Venezuela en su territorio. El autor concluye que existe una marcada disparidad en cómo la justicia mexicana y la estadounidense enfrentan este tipo de casos. Se concluye que la respuesta mexicana ignora las reglas más básicas de la prevención del delito y estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, al tiempo que difícilmente compagina con los estándares interamericanos en materia de corrupción y derechos humanos, desarrollados por la CIDH. En la tercera parte de esta serie se evaluará la respuesta mexicana de cara al esquema probable de negocios en el caso Alimentos para Venezuela y de su probable magnitud real.
Introducción
Grandes jurados en el Distrito Judicial del Sur de Florida acusan actualmente en dos causas penales a actores cercanos a la administración de Nicolás Maduro del blanqueo de centenares de millones de dólares americanos en territorio estadounidense. Estas representan solo una fracción del total de las causas penales ante la justicia de los EE. UU. que involucran a la administración de Maduro.
La primera causa (denominada caso Viviendas para Venezuela) trata de capitales comprometidos por corrupción en el sector público de construcción de viviendas sociales. La segunda (caso Alimentos para Venezuela), trata de capitales comprometidos por esquemas de corrupción de subsidios públicos para alimentos para la población, principalmente, entre los años 2016 y 2019. Ambas implican un total de recursos comprometidos de aproximadamente USD 2.000 millones.
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