Ofelia Riquezes* y Frank O. Mora**

La versión en inglés de este artículo fue publicada por Global Americans el 7 de mayo de 2020.

Desde enero de 2019, el gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una política de “máxima presión” sobre el régimen de Nicolás Maduro, incrementando las presiones económicas sobre individuos y la economía venezolana con la intención de impulsar una transición democrática en el país. Ante la resiliencia de Maduro, Washington subió las apuestas en marzo de 2020 al anunciar acusaciones de narcoterrorismo en contra del dictador y su círculo de allegados y desplegar activos aéreos y navales de Estados Unidos al Caribe y el Pacífico Oriental en una operación antinarcóticos presuntamente dirigida a intimidar al régimen de Venezuela.

Los esfuerzos del mes de marzo incluyeron también el anuncio de un Marco de Transición Democrática para Venezuela, que establece un plan para la creación de un gobierno transicional que conduzca eventualmente a elecciones presidenciales y legislativas.

Un aspecto de dicho Marco que no ha atraído aún la atención que merece es una de sus disposiciones más problemáticas: una aproximación a la justicia transicional basada sobre la recomendación simplista de establecer una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, encargada de “investigar actos graves de violencia” y emitir informes sobre la responsabilidad de los agentes y los derechos de las víctimas. La propuesta relativa a la justicia transicional también prevé la adopción de una Ley de Amnistía que abarque los crímenes políticos cometidos desde 1999.

Los mecanismos de justicia transicional—entendidos como procedimientos y acciones diseñados para hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas durante un orden político anterior—han demostrado ser fundamentales para la promoción de la democracia, pero únicamente si se implementan de modo adecuado.

En virtud de las profundas divisiones y alarmantes niveles de violencia promovidos por el Chavismo, y los diversos crímenes cometidos por agentes del Estado durante las últimas dos décadas, un proceso de justicia transicional será necesario para lidiar con los abusos del pasado y sentar las bases de un futuro más pacífico. Sin embargo, dada la total politización del poder judicial—en particular, de los jueces y fiscales—emprendida por el Chavismo, los mecanismos que propone el Marco no favorecerán el proceso de democratización si no son precedidos (o al menos acompañados) por una renovación integral del sistema de justicia que contribuya a la restitución del estado de derecho.

Aunque el Marco incluye el nombramiento de nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que sean aceptables para los partidos y coaliciones cuyos miembros representen el veinticinco por ciento o más de la Asamblea Nacional, se trata de un paso necesario pero insuficiente. Una reforma profunda de las instituciones del poder judicial es ineludible, dado que una Comisión de la Verdad y la Reconciliación puede realizar investigaciones y emitir informes detallados, pero los responsables que allí se identifiquen no serán llevados ante la justicia por fiscales y jueces que sean leales al régimen o tengan mucho que perder en una transición a la democracia. De igual manera, puede promulgarse una Ley de Amnistía—que, a la luz de estándares internacionales, excluya expresamente de su aplicación a los crímenes de lesa humanidad—pero su efectividad dependerá de los jueces que ventilen casos individuales y los cuerpos de seguridad involucrados en la excarcelación de presos políticos.

Con el fin de avanzar hacia la meta de la independencia judicial—componente esencial del estado de derecho y, en consecuencia, del principio democrático—deben tomarse las siguientes medidas básicas:

• El nombramiento de los jueces debe seguir el procedimiento establecido por la Constitución (que exige concursos de oposición públicos), y su remoción debe producirse en estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Debe cesar la actual práctica arbitraria de nombramiento y remoción de jueces por parte de una Comisión del Tribunal Supremo de Justicia, un órgano abiertamente politizado.
• Los jueces que tengan afiliaciones políticas y aquellos que tengan vínculos comerciales con el régimen deben ser removidos de sus cargos conforme a los requisitos constitucionales. Una investigación independiente reveló que el 40 por ciento de los jueces penales son militantes del PSUV, y más de 460 jueces actuales o exjueces han firmado contratos de negocios con el régimen.
• El altísimo porcentaje de jueces provisorios (que en recientes años ha alcanzado el 88 por ciento) debe reducirse para evitar vulnerabilidad ante amenazas y presiones políticas, dado que la falta de estabilidad de los jueces en sus cargos lesiona la independencia judicial.
• La jurisdicción militar debe limitarse a los casos que guarden relación directa con las fuerzas armadas; los civiles no han de ser juzgados por crímenes militares tales como traición a la patria o rebelión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 757 civiles fueron juzgados por tribunales militares entre los meses de Abril y Octubre de 2017 en el contexto de protestas nacionales, en una clara violación de sus derechos constitucionales y de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Si mecanismos de justicia transicional como los sugeridos en la propuesta de un Marco de Transición Democrática para Venezuela se implementan antes de cumplirse estas condiciones, su ineficacia minará la confianza de la sociedad venezolana en la posibilidad de alcanzar los objetivos de justicia y reconciliación, amenazando así la estabilidad de la democracia naciente.

La transición propuesta por el Marco depende en gran medida de que las tensiones y los abusos del pasado reciente sean enfrentados de forma responsable y eficiente, y las medidas apuradas pueden ser más perjudiciales que beneficiosas. La justicia transicional es mucho más que una deuda a las víctimas; es también un elemento esencial para el desarrollo institucional y la estabilización política tras una crisis tan severa como la que Venezuela padece hoy.

*Ofelia Riquezes es abogada, especialista en Derechos Humanos y candidata al doctorado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente trabaja en el Václav Havel Program for Human Rights and Diplomacy, Florida International University (FIU).

**Frank O. Mora es el director del Kimberly Green Latin American and Caribbean Center y Profesor de Política y Relaciones Internacionales, FIU.

Foto: Wikimedia Commons