Los derechos de las campesinas y campesinos y la necesidad de garantizarlos frente al COVID-19 y en la construcción de una “nueva” normalidad

Ana María Suárez Franco y Andrea Nuila*

English version here.

Según la FAO (2019), el 90% de las granjas de agricultura familiar produce más del 80% de los alimentos que consumimos globalmente. Las comunidades campesinas, pescadoras, pastoras, sin tierra e indígenas, contribuyen a alimentar adecuadamente a la humanidad, a partir de una relación balanceada con la naturaleza. Paradójicamente, las mismas personas que nos alimentan se ven sometidas diariamente a violaciones sistemáticas de sus derechos (Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2012). Estas incluyen, el acaparamiento del agua, la tierra y las semillas, la destrucción de sus medios de vida a causa de las actividades extractivas, la contaminación y destrucción de los ecosistemas y su diversidad, la aspersión de pesticidas perjudiciales para su salud, la pérdida de su soberanía alimentaria, las precarias condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas, la carga extrema de las labores de cuidado y la violencia que sufren las mujeres en las zonas rurales,  la criminalización de la defensa ambiental y los derechos humanos, la destrucción el tejido social, entre otras. Estas y otras violaciones suelen tener un carácter interseccional, afectando en diverso grado a grupos específicos tanto por ser campesinos como por su origen étnico, religión, edad, orientación sexual, estatus socio-económico, entre otras.

De manera recurrente los movimientos y organizaciones rurales han denunciado el abandono estatal y la implementación de políticas públicas que favorecen al modelo económico agroindustrial de manera desproporcional. Las fuerzas autoritarias que se imponen agravan una situación prolongada y grave de discriminación.

Según con el Fondo para la Agricultura y el Desarrollo, Informe sobre Pobreza Rural 2011-2010, las comunidades campesinas, sin tierra, trabajadoras rurales, pastoras y pescadoras representan hoy en día un 70% de todas las personas que viven en extrema pobreza y un 80% de las que padecen hambre en el mundo.

La documentación que hemos obtenido sobre el impacto de la pandemia en las comunidades rurales desde diversos países refleja varios desafíos. Estos incluyen las restricciones de movilidad y el cierre de los mercados campesinos con un impacto adverso sobre su capacidad de comercializar los alimentos, afectando por tanto su ingreso y su derecho a un nivel de vida adecuado. Los precios pagados por los intermediarios a los y las campesinas se han reducido, mientras los precios en los supermercados en las ciudades van en aumento. Los subsidios para contrarrestar los impactos de la crisis se están dedicando en su mayoría al sector agro industrial, mientras las pequeñas y medianas cooperativas y empresas campesinas reciben cantidades irrisorias de apoyo. Las organizaciones pescadoras no pueden salir a pescar debido a las restricciones de movilidad. En algunos países las personas trabajadoras rurales migrantes no han podido ingresar a recoger las cosechas perdiendo sus medios de sustento debido a los cierres de fronteras. Mientras tanto los trabajadores del campo que si han podido seguir trabajando denuncian el empeoramiento de sus condiciones laborales, incluyendo horarios extendidos, sueldos bajos, presión laboral, despidos y ausencia de condiciones higiénicas, de alimentación y de vivienda adecuadas. Los trabajadores bananeros nos han alertado sobre la vulnerabilidad de sus sistemas inmunológicos, causada por la exposición prolongada a pesticidas.

En algunos lugares, son las mismas organizaciones afectadas las que están generando soluciones ante la ausencia del Estado. Por ejemplo, a través de redes de apoyo, entrega de alimentos a comunidades en situación de necesidad e intercambios de alimentos. Dichas iniciativas resaltan la necesidad de que los Estados adopten medidas robustas dirigidas a apoyar la producción a pequeña escala. Solo teniendo en cuenta la participación de las comunidades rurales, se podrán abordar de manera efectiva las situaciones descritas que se han generado para la población rural.

La negativa a actuar pone en riesgo la realización del derecho a la alimentación de nuestras sociedades en general. Por ello, es importante recordar que todos los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos y las normas constitucionales aplican también a los y las campesinas. Este marco jurídico internacional actual que protege a las comunidades campesinas ha sido un esfuerzo de los movimientos sociales ante las violaciones sistemáticas históricas, la inacción estatal y el abuso por parte de actores no estatales, incluyendo al sector corporativo.

En gran parte, la interpretación evolutiva sobre los derechos de las comunidades rurales se encuentra plasmada en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de Los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales (UNDROP, por sus siglas en inglés), adoptada en diciembre de 2018. Esta no solo detalla los derechos humanos de los campesinos anteriormente reconocidos, sino que hace explícitos otros derechos antes implícitos, incluyendo los derechos a la tierra, las semillas, el agua para la agricultura, a un ambiente sano y a la soberanía alimentaria, así como el reconocimiento de derechos colectivos.

Los Estados, en el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas bajo el derecho internacional también deben aplicar de buena fe la UNDROP. Desafortunadamente, a pesar de la existencia de un marco jurídico claro, por el momento las declaraciones y acciones de los Estados y de las organizaciones regionales y universales de derechos humanos en el marco de la crisis han hecho referencia escasa a la situación campesina y no han proporcionado lineamientos para la implementación de sus derechos en esta desafiante situación.

Teniendo en cuenta la relevancia de población campesina en Las Américas, es inminente que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ponga una mayor atención en los derechos de las campesinas, los campesinos y otras comunidades rurales, complementando lo que ha hecho con los pueblos indígenas, para así generar una protección holística efectiva al mundo rural.

La crisis causada por el COVID-19 y las medidas de contención ha demostrado que los problemas estructurales ponen a nuestras sociedades en un estado de profunda vulnerabilidad. La humanidad no está preparada ni para esta ni para las pandemias anunciadas. La realidad indica que nuestras sociedades van caminando en un sentido contrario a aquel al prescrito en los instrumentos fundantes de los sistemas regionales y globales de derechos humanos. Esta situación nos lleva a retomar un mensaje reiterativo en los corredores virtuales: Después del COVID-19 no podemos volver a la misma normalidad. Las comunidades y personas campesinas y otros grupos rurales deben ser puestos al centro de los cambios estructurales necesarios para la construcción de una nueva normalidad en línea con las obligaciones de derechos humanos de los Estados.

 

*FIAN International

Acerca de Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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