Derechos humanos y estallido social: La experiencia chilena

Claudio Nash Rojas*

El estallido social

En octubre de 2019, casi como un hecho anecdótico y una nueva mala noticia, las autoridades anunciaron un alza en el transporte público de $ 30 (4 centavos de dólar). Luego de un par de días, un grupo de estudiantes comenzaron a realizar actos de protesta que consistían en entrar en masa a las estaciones de metro y saltar los torniquetes de control para evadir el pago. Las manifestaciones fueron creciendo en magnitud y las autoridades decidieron cerrar el acceso a algunas estaciones del Metro, pero esto solo generó situaciones de mayor protesta e ingresos masivos abriendo las puertas por la fuerza.

El viernes 18 de octubre las protestas se habían masificado y se transformaron en manifestaciones colectivas, con cortes de tránsito generando un complejo escenario para el transporte público. En la noche de ese viernes, cuando la policía abandona el control de la ciudad, en una decisión inexplicable, se producen incendios en varias estaciones del metro y otros lugares céntricos, que son ampliamente difundidas por la televisión, dando cuenta de una situación compleja desde el punto de vista del orden público.

En la noche del viernes 18, el Gobierno decide decretar un estado de excepción constitucional de emergencia, que le permitía disponer que el control de la seguridad quedara en manos de las fuerzas armadas. El sábado 19 de octubre se decreta el toque de queda nocturno en varias ciudades de Chile. El Presidente de la República, Sebastián Piñera llegó a sostener por televisión, que “Chile está en guerra”. El estado de emergencia se mantuvo vigente hasta el domingo 27 de octubre.

Las manifestaciones de descontento no solo no fueron aplacadas, sino que se acrecentaron y lo que en un comienzo era una protesta acotada, pasó a ser un estallido social en todo el país. Así, el viernes 25 de octubre se produjo una manifestación que en Santiago reunió más de 1.200.000 personas, sin duda la manifestación pública más grande en la historia de Chile, bajo la consigna “No son 30 pesos, son 30 años”. Llama la atención que este ha sido un movimiento ciudadano que no responde a líderes políticos ni sociales.

Las violaciones de derechos humanos

La respuesta del Gobierno, hasta hoy, ha sido la represión y las violaciones de derechos humanos (DDHH). Los números son categóricos: en tres semanas hay más de 20 personas muertas (5 de ellas en manos de agentes del Estado); 5.700 personas detenidas, 192 querellas por torturas, 52 querellas por violencia sexual; 634 niños, niñas y adolescentes (NNA) detenidos, y lo que más ha impacto en Chile y el mundo, a la fecha, más de 200 casos de personas con trauma ocular provocados por disparos de perdigones y balines por parte de Carabineros. Además, se han producido problemas en el acceso a la justicia por parte de las víctimas y sus familiares, particularmente, la falta de acceso de abogados/as a los registros de detenidos y de los abogados/as a entrevistar a las personas detenidas.

Conforme con los estándares internacionales en la materia, las violaciones descritas configuran un cuadro de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos.  En efecto, estamos ante violaciones graves que consisten en ejecuciones extrajudiciales, torturas, vejámenes sexuales, mutilaciones y graves afectaciones de derechos humanos de NNA. Son generalizadas, porque su volumen es claramente un indicador de que se ha producido un ataque masivo a un gran número de personas y que se han violado un gran número de derechos. Finalmente, son sistemáticas porque las violaciones descritas son productos de actos aislados o aleatorios, sino que corresponden a la implementación de medidas que requieren recursos humanos y financieros, capacidad de mantenerse en el tiempo, se producen como consecuencia de actuaciones de instituciones altamente jerarquizadas y obedientes (Fuerzas armadas y policía), y se han producido con el aval de las autoridades políticas del Estado.

Atendida la magnitud y gravedad de dichas violaciones surgen responsabilidades de diverso orden. Serán los tribunales de justicia (quienes a la fecha han actuado de manera correcta frente a la crisis) quienes deberán establecer las responsabilidades penales correspondientes y es de esperar que estas responsabilidades no solo apunten a los autores directos, sino que también se determine las responsabilidades de las autoridades que dieron las órdenes y aquellas que pudiendo adoptar medidas oportunas no lo hicieron.

Por su parte, serán los órganos políticos los que deberán establecer las responsabilidades de tipo político y a esta fecha, ya están en curso una acusación constitucional contra el ex Ministro del Interior Andrés Chadwick (encargado de la seguridad pública) y se ha anunciado otra en contra del Presidente de la República. También será importante establecer las responsabilidades institucionales, en particular de Carabineros, para así realizar las reformas necesarias para evitar que estos actos vuelvan a repetirse. Finalmente, será la historia la que determine las responsabilidades de las autoridades que frente a legítimos reclamos ciudadanos optaron por reprimir y declarar la guerra a su pueblo como única respuesta estatal ante la legítima protesta.

Es de esperar que esta crisis permita una revisión profunda de las causas estructurales que permitieron esta respuesta violenta y cruel por parte del Estado de Chile. Sin duda que los déficits de la transición en justicia y reformas institucionales, así como el profundo apego cultural y la validación de las respuestas represivas deben ser revisadas. También se deberán analizar las debilidades de los sistemas de contención represiva y, particularmente, la necesidad de contar con una defensoría pública autónoma y con una ley de víctimas de violaciones de derechos humanos.

La respuesta del sistema interamericano

Ha sido en este contexto que la sociedad civil ha recurrido al sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) para enfrentar la política del gobierno de violar derechos humanos como respuesta ante el estallido social. Lo primero, fue solicitar una audiencia pública ante la Comisión Interamericana (CIDH) para tratar la situación en Chile y luego, se formuló una solicitud de una visita in loco. Es interesante notar que el Gobierno recurrió a la ONU para que enviara una misión al país y, en paralelo, ha puesto evidentes obstáculos para activar el SIDH.

El lunes 11 de noviembre se realizó una audiencia pública ante la Comisión Interamericana donde concurrió la sociedad civil, los órganos autónomos de DDHH del Estado y la delegación del Gobierno. Asimismo, el mismo lunes el Gobierno comunicó que había aceptado una visita in loco de la CIDH a Chile. Pese a esta decisión del Estado, la audiencia fue muy tensa y no solo por las posiciones completamente contradictorias entre sociedad civil y los organismos autónomos (Defensoría de la Niñez e Instituto Nacional de Derechos Humanos) y el Estado (en la realidad Gobierno), sino que también por la tensión entre la delegación de Chile y la Comisión. No es un dato menor para el SIDH que el comisionado Vargas (encargado de Chile) le haya llamado la atención al Estado por su falta de colaboración para generar una visita de trabajo durante 18 meses.

En la audiencia pública la sociedad civil solicitó tres cuestiones esenciales: i) El cese inmediato de las graves, masivas y sistemáticas y que se activen los mecanismos necesarios para establecer la verdad, se sancione a los responsables y se repare a las víctimas; ii) Que la CIDH, a partir de la visita in loco, prepare un informe general sobre Chile que dé cuenta de la violencia institucional, déficits democráticos y límites para la protección de DDHH; iii) Que la CIDH active mecanismos especiales, como la creación de un Grupo de Trabajo para Chile, para enfrentar la emergencia.

Conclusiones

No hay duda alguna sobre la crisis del modelo económico, social y político en Chile. La ciudadanía ha sido muy clara que este no es un movimiento por un alza de pasajes en el transporte, sino que es un reclamo contra las bases del modelo heredado de la dictadura que normalizó la desigualdad y los abusos. Las variadas demandas sociales han ido canalizándose en la exigencia de un nuevo acuerdo constitucional. Lamentablemente, el Gobierno solo ha centrado su atención en los temas de orden público y medidas marginales y no de fondo. Solo estos días se ha abierto a discutir la cuestión constitucional. La poca legitimidad de los partidos políticos ha dificultado aun más encontrar puntos de acuerdo y se han evidenciado notorios déficits de liderazgos sociales o políticos que canalicen políticamente el descontento ciudadano. De ahí que sea esperanzador el acuerdo al que llegaron parlamentarios de un amplio espectro el viernes 15 de noviembre para iniciar un proceso de reforma constitucional con amplia participación ciudadana. Sin duda es un paso importante, pero no el único que deberán dar las autoridades para satisfacer las demandas ciudadanas.

Frente al legítimo derecho a la protesta social, la respuesta del Gobierno ha sido extremadamente violenta, generando un cuadro de violaciones graves, masivas y sistemáticas. Es deber de la autoridad resguardar el orden público, pero nunca puede hacerse sobre la base de violaciones de los derechos humanos ni menos el terror de Estado Ya comienza a instalarse en el debate público la necesidad de conocer la verdad de las violaciones de derechos humanos, que los responsables sean sancionados efectivamente y que las víctimas sean reparadas. Asimismo, parece urgente entrar a la discusión sobre las reformas a las instituciones armadas y particularmente, de Carabineros de Chile (policía). Esta vez no habrá ninguna excusa para pactos de impunidad como en la transición post dictadura.

Recurrir al sistema interamericano ha sido un espacio de esperanza para el pueblo de Chile. Existen altas expectativas sobre la supervisión que pueda realizar la CIDH. Esperemos que el SIDH y, particularmente la CIDH, estén a la altura del desafío.

 

*Doctor en Derecho; Académico, Universidad de Chile

Foto: Audiencia “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta social en Chile” durante 174 periodo de sesiones CIDH.

 

About Justicia en las Américas

Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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