Derechos humanos y estallido social: La experiencia chilena

Claudio Nash Rojas*

El estallido social

En octubre de 2019, casi como un hecho anecdótico y una nueva mala noticia, las autoridades anunciaron un alza en el transporte público de $ 30 (4 centavos de dólar). Luego de un par de días, un grupo de estudiantes comenzaron a realizar actos de protesta que consistían en entrar en masa a las estaciones de metro y saltar los torniquetes de control para evadir el pago. Las manifestaciones fueron creciendo en magnitud y las autoridades decidieron cerrar el acceso a algunas estaciones del Metro, pero esto solo generó situaciones de mayor protesta e ingresos masivos abriendo las puertas por la fuerza.

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Impericia jurídica, insolencia histórica e incoherencia diplomática: a propósito del manotazo de cinco países de Sudamérica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Daniel Cerqueira*

El pasado 23 de abril la cancillería chilena publicó un comunicado en que el gobierno de Sebastián Piñera y sus homólogos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay manifestaron una serie de inconformidades con el actuar de la Comisión (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El comunicado hace alusión a una declaración suscrita por los cancilleres de los referidos países, con críticas genéricas a los órganos del Sistema Interamericano (SIDH), sin explicaciones ni ejemplos concretos de decisiones de dichos órganos. Hasta ahora, no hay claridad ni siquiera sobre la fecha de adopción de la declaración, la cual no ha sido publicada en las páginas oficiales de todas las cancillerías que la suscribieron.

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Comentario sobre el caso Bolivia vs. Chile ante la Corte Internacional de Justicia relativo a la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico

Salvador Herencia-Carrasco*

La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) significó un duro golpe para las aspiraciones marítimas de Bolivia. El 1 de octubre de 2018, la CIJ emitió su sentencia desestimando todas las pretensiones bolivianas, concluyendo que Chile no tiene una obligación jurídica de negociar una salida soberana al mar. Sigue leyendo