Laura Palmese

Pasante en DPLF

Desde el asesinato de Berta Cáceres, ganadora del Premio Ambiental Goldman en 2015, los ojos de la comunidad internacional no han parpadeado ante la situación que viven los defensores del ambiente y los derechos humanos en Honduras. Entre otras declaraciones, Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness dijo que “por primera vez, grupos ambientalistas, organizaciones de derechos humanos, colectivos de lucha contra la corrupción, grupos de derechos indígenas, periodistas y grupos de derechos de las mujeres, se unieron en indignación.”

Ante la presión internacional, la justicia hondureña ha procesado penalmente a cinco personas por su vinculación directa al asesinato, además de un ex-viceministro y un ex-alcalde, por aprobar ilegalmente el proyecto al que Berta se opuso hasta la muerte. Sin embargo, el rechazo del gobierno hondureño a permitir que una Comisión Independiente investigue los hechos y la falta de transparencia en las actuaciones del Ministerio Público – entre otras cosas – han deslegitimizado los resultados. A esto se suma el escalofriante reportaje de The Guardian, sobre la existencia de una “lista negra” repartida a elementos militares, una acusación tan inconveniente cuando dos de los sospechosos en este crimen y a quienes se les ha iniciado un proceso penal, son un militar y un ex militar respectivamente.

Mientras tanto, los asesinatos siguen a la orden del día. El caso que ha trascendido más recientemente en los medios de comunicación es el de Lesbia Yaneth Urquía Urquía, encontrada muerta el pasado seis de julio en un botadero de basura en el Departamento de La Paz. En la misma fecha, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) emitió un comunicado en el que responsabiliza directamente al Gobierno de Honduras, y describe a la “compañera Lesbia Yaneth [como] una destacada lideresa comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I.” En el comunicado, el COPINH también responsabiliza a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, y su esposo Arnold Castro, quien es el dueño del proyecto.

En respuesta, la Policía Nacional publicó otro comunicado, diciendo que la posible causa del crimen fue el “robo de su bicicleta profesional,” y el Ministerio Público anunció la conformación de un equipo multidisciplinario para la investigación. Esta entidad divulgó que se analizaban otros motivos para el asesinato, que incluían la extorsión por actividades comerciales y disputas familiares. Recientemente, familiares de la víctima fueron capturados, pero las acusaciones del COPINH nunca fueron investigadas. Es más, hay un empeño de las autoridades y algunos medios de comunicación de que Lesbia Yaneth no era miembro de la organización.

Lo cierto es que el pedido de justicia del COPINH hizo sonar las alarmas de la comunidad internacional una vez más. Un periódico hondureño tuvo a bien publicar un reportaje sobre la cobertura mediática de la noticia, comentando sobre la forma en que “repercute en la imagen del país.” Lo cierto es que el Estado de Honduras ha vuelto a fallar en proteger la vida de una mujer que defiende los recursos naturales.

En este contexto, vale recordar la sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el asesinato de la ambientalista hondureña Blanca Jeannette Kawas, en 1995. Fue en esta sentencia que la Corte hizo énfasis – por primera vez – en la obligación estatal de proteger a defensores y defensoras del ambiente, una obligación que es violada sistemáticamente en Honduras, con cada amenaza, con cada acto de represión y con cada asesinato.

El informe de inicios de año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación de derechos humanos en Honduras, señaló que la tasa de homicidios en Honduras continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo. Así, para los hondureños, las muertes violentas y la impunidad son el pan diario de cada día. Las reacciones a estos asesinatos – no los asesinatos en sí, queda claro – fueron algo sin precedentes para exponer que el maquillaje mediático no cubre ni la verdad ni la impunidad en Honduras. Ahora le queda a las instituciones del Estado demostrar – con actos – una voluntad política de proteger la vida y demás derechos humanos en Honduras.