Una muerte más… y sí importa

Laura Palmese

Pasante en DPLF

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Foto: COPINH

Desde el asesinato de Berta Cáceres, ganadora del Premio Ambiental Goldman en 2015, los ojos de la comunidad internacional no han parpadeado ante la situación que viven los defensores del ambiente y los derechos humanos en Honduras. Entre otras declaraciones, Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness dijo que “por primera vez, grupos ambientalistas, organizaciones de derechos humanos, colectivos de lucha contra la corrupción, grupos de derechos indígenas, periodistas y grupos de derechos de las mujeres, se unieron en indignación.”

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El gobierno hondureño invita a las mineras, pero la casa sigue en desorden

Por: Laura Palmese H.

Pasante DPLF

Minería Honduras

Mientras se desarrolla el II Congreso Internacional de Minería en Honduras, hoy 13 de julio de 2016, el recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Minería continúa durmiendo el sueño de los justos. Organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios presentaron el recurso hace más de dos años ante la Corte Suprema de Justicia. La oposición a la política de puertas abiertas a la industria extractiva sin salvaguardas ambientales y sociales ya había iniciado mucho antes, en particular por las comunidades afectadas por los proyectos concesionados a lo largo del país. Por eso, durante el llamado proceso de “socialización” de la propuesta de ley, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron ampliamente las mejoras y correcciones que debían hacerse. Sin embargo, el Congreso Nacional hizo oídos sordos al clamor popular y aprobó la Ley como quiso.

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Recuperar la buena imagen de Canadá ante la comunidad internacional

 

 

Por: Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior en DPLF

Publicado originalmente en Latin America Goes Global

English version

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Desde el final de la Guerra Fría, la política exterior canadiense se ha distinguido tanto por la ferviente defensa de sus intereses económicos nacionales en el extranjero como por la —a veces contradictoria— promoción de valores humanitarios en la agenda de seguridad internacional.

Canadá ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en cuanto a denuncias presentadas ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Al mismo tiempo, ha suscrito acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio y adoptado mecanismos para la solución de diferencias relativas a inversiones en todo el mundo.

Si el primer ministro Trudeau realmente aspira a que Canadá recupere su posición de liderazgo en la escena mundial, deberá conciliar la promoción que hace el país de su industria extractiva (uno de sus principales sectores económicos) con una política más justa y progresista en materia de comercio e inversiones.

Desde febrero de 2006, cuando resultó electo el Primer Ministro anterior —el líder del Partido Conservador Stephen Harper—, Canadá comenzó reducir el enfoque en cuestiones humanitarias y de derechos humanos en las relaciones internacionales. La insignia de la política exterior de Harper fue la expansión de las compañías canadienses de extracción de recursos naturales en el extranjero. Embajadas, consulados y entidades estatales como la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (Canadian International Development Agency, CIDA) comenzaron a actuar como puente para los intereses de la minería canadiense en el extranjero, en particular en América Latina.

Incluso antes del nombramiento de Harper como Primer Ministro, la CIDA ya había financiado reformas legales en países en desarrollo cuyas economías dependen de la exportación de productos básicos. El objeto de estos esfuerzos era mejorar el ambiente (sí, la elección del término es deliberada) para las compañías canadienses de extracción masiva de recursos en el extranjero. En 1997, destinó $11,3 millones a “generar un ambiente más favorable para el desarrollo económico y social en Colombia”. Parte de este dinero se utilizó para pagar los honorarios de un estudio de abogados que asesoró sobre la reforma del código de minería colombiano, lo cual suscitó fuerte controversia. La consecuencia de esto fue que el nuevo código atenuó las protecciones sociales y ambientales en las concesiones mineras en Colombia.

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y México, Canadá suscribió acuerdos bilaterales con varios países latinoamericanos para facilitar el acceso a la extracción de minerales. Con el TLCAN, la sanción de leyes más favorables para la minería en muchos países y el aumento de la demanda global de minerales y metales, la presencia de compañías extractivas canadienses en América Latina aumentó drásticamente. En la actualidad, en más del 60 por ciento de todas las actividades mineras en América Latina tienen participación sociedades que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto, aunque no todas son de capitales canadienses. La intensificación de la extracción de recursos en la región ha tenido consecuencias, y ha redundado en una escalada de los conflictos sociales por las tierras y la extracción de recursos naturales.

En abril de 2014, una coalición de ONG publicó el informe titulado El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá (la Fundación para el Debido Proceso Legal es una de las organizaciones que participaron en el documento). El informe investigó señalamientos que apuntaban a que compañías canadienses estaban implicadas, con complicidad de las autoridades gubernamentales, en violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco de 22 proyectos mineros en nueve países latinoamericanos. Algunos de los hallazgos de este documento se incorporaron más tarde en otras investigaciones impulsadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por comités y relatores especiales del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos los informes instan al gobierno canadiense a adoptar medidas para asegurar que las compañías mineras bajo su jurisdicción cumplan con estándares internacionales de derechos humanos, incluso cuando operan a través de subsidiarias ubicadas en terceros países.

El triunfo de Trudeau en las elecciones de octubre de 2015 infundió esperanzas entre las comunidades afectadas por contaminación ambiental y violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de actividades mineras. Esta esperanza se hizo manifiesta en una carta abierta publicada el 25 de abril de 2016, en la cual más de 180 organizaciones instaron a Trudeau a reforzar la reglamentación y la supervisión de las compañías extractivas canadienses, e incluso, a imponer sanciones a las compañías responsables de estos hechos que operan en el extranjero. La mayoría de los firmantes eran organizaciones de base de América Latina, y esto sugiere que, en diversas comunidades indígenas y rurales de la región, la presencia de Canadá no goza de popularidad y se asocia con abusos.

Trudeau ya ha tomado algunas primeras medidas orientadas a restablecer la reputación de Canadá en derechos humanos. Entre ellas se puede mencionar la cantidad sin precedente de mujeres entre los miembros de su gabinete de ministros, así como la designación de dos ministros que pertenecen a la comunidad indígena. Sus comentarios sobre la crisis migratoria en países sumidos en conflictos internos y la implementación en el ámbito nacional de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas —que había sido boicoteada por el gobierno de Harper— son también ejemplos de una nueva era en la política exterior en Canadá.

Para que Canadá recobre el respeto de las poblaciones más vulnerables de América Latina, será necesaria una profunda revisión del apoyo político, financiero y diplomático del que han gozado las compañías mineras canadienses en los últimos nueve años. Esta no será una tarea fácil. El poder del lobby minero en la política canadiense sigue siendo significativo. No obstante, como señalan las organizaciones líderes que firmaron la carta del 25 de abril, muchos esperan —e incluso se atreven a creer— que el “compromiso de Trudeau con los derechos humanos conducirá a medidas que exijan la rendición de cuentas y eviten nuevos abusos por parte de agencias estatales y empresas”.

La CIDH da un paso importante en el debate sobre la responsabilidad extraterritorial y las obligaciones de los Estados frente a empresas extractivas

Por: Daniel Cerqueira

 Oficial de Programa Sénior de DPLF

Cristina Blanco 

Coordinadora Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP,

consultora externa de la CIDH

English version

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El 6 de abril de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe titulado “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, exploración y desarrollo.” El documento evalúa los patrones de violaciones de derechos humanos en el contexto de las actividades extractivas en las Américas, particularmente en perjuicio de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

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¿Por qué la consulta previa no funciona en proyectos extractivos en el Perú?

Juan Carlos Ruiz Molleda

Instituto de Defensa Legal

Publicado originalmente en La  Mula

 

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Foto: PUCP

Al momento de escribir esto se encuentra la Relatora de las Naciones Unidas de los de Derechos de los Pueblos Indígenas en el Perú (Relator de las NNUU). Quiere ver cómo funciona la consulta previa en el Perú. El Viceministerio de Interculturalidad querrá vendernos la idea, que el Perú es el país modelo de consulta previa en el mundo.
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El desarrollo de un Plan de Acción Nacional sobre derechos humanos y empresas en México: Primeros pasos.

Por: Humberto Cantú Rivera

Investigador Asociado del Centro de Derechos Humanos (CRDH)

de la Universidad Panthéon-Assas Paris II, en Francia.

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Diego Rivera, Detroit Institute of Arts

A cinco años de la adopción de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, el progreso en su implementación comienza gradualmente a ser visible. De suma trascendencia en este ámbito resulta la actividad que los Estados realizan para cumplir con su rol de protección bajo el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo a través de la adopción de políticas públicas y de la adaptación de su marco normativo interno para dar operatividad a los estándares internacionales en la materia.

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