Por: Daniel Cerqueira
Oficial de Programa Sénior en DPLF
Publicado originalmente en Latin America Goes Global
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Desde el final de la Guerra Fría, la política exterior canadiense se ha distinguido tanto por la ferviente defensa de sus intereses económicos nacionales en el extranjero como por la —a veces contradictoria— promoción de valores humanitarios en la agenda de seguridad internacional.
Canadá ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en cuanto a denuncias presentadas ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Al mismo tiempo, ha suscrito acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio y adoptado mecanismos para la solución de diferencias relativas a inversiones en todo el mundo.
Si el primer ministro Trudeau realmente aspira a que Canadá recupere su posición de liderazgo en la escena mundial, deberá conciliar la promoción que hace el país de su industria extractiva (uno de sus principales sectores económicos) con una política más justa y progresista en materia de comercio e inversiones.
Desde febrero de 2006, cuando resultó electo el Primer Ministro anterior —el líder del Partido Conservador Stephen Harper—, Canadá comenzó reducir el enfoque en cuestiones humanitarias y de derechos humanos en las relaciones internacionales. La insignia de la política exterior de Harper fue la expansión de las compañías canadienses de extracción de recursos naturales en el extranjero. Embajadas, consulados y entidades estatales como la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (Canadian International Development Agency, CIDA) comenzaron a actuar como puente para los intereses de la minería canadiense en el extranjero, en particular en América Latina.
Incluso antes del nombramiento de Harper como Primer Ministro, la CIDA ya había financiado reformas legales en países en desarrollo cuyas economías dependen de la exportación de productos básicos. El objeto de estos esfuerzos era mejorar el ambiente (sí, la elección del término es deliberada) para las compañías canadienses de extracción masiva de recursos en el extranjero. En 1997, destinó $11,3 millones a “generar un ambiente más favorable para el desarrollo económico y social en Colombia”. Parte de este dinero se utilizó para pagar los honorarios de un estudio de abogados que asesoró sobre la reforma del código de minería colombiano, lo cual suscitó fuerte controversia. La consecuencia de esto fue que el nuevo código atenuó las protecciones sociales y ambientales en las concesiones mineras en Colombia.
Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y México, Canadá suscribió acuerdos bilaterales con varios países latinoamericanos para facilitar el acceso a la extracción de minerales. Con el TLCAN, la sanción de leyes más favorables para la minería en muchos países y el aumento de la demanda global de minerales y metales, la presencia de compañías extractivas canadienses en América Latina aumentó drásticamente. En la actualidad, en más del 60 por ciento de todas las actividades mineras en América Latina tienen participación sociedades que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto, aunque no todas son de capitales canadienses. La intensificación de la extracción de recursos en la región ha tenido consecuencias, y ha redundado en una escalada de los conflictos sociales por las tierras y la extracción de recursos naturales.
En abril de 2014, una coalición de ONG publicó el informe titulado El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá (la Fundación para el Debido Proceso Legal es una de las organizaciones que participaron en el documento). El informe investigó señalamientos que apuntaban a que compañías canadienses estaban implicadas, con complicidad de las autoridades gubernamentales, en violaciones de derechos humanos perpetradas en el marco de 22 proyectos mineros en nueve países latinoamericanos. Algunos de los hallazgos de este documento se incorporaron más tarde en otras investigaciones impulsadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por comités y relatores especiales del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos los informes instan al gobierno canadiense a adoptar medidas para asegurar que las compañías mineras bajo su jurisdicción cumplan con estándares internacionales de derechos humanos, incluso cuando operan a través de subsidiarias ubicadas en terceros países.
El triunfo de Trudeau en las elecciones de octubre de 2015 infundió esperanzas entre las comunidades afectadas por contaminación ambiental y violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de actividades mineras. Esta esperanza se hizo manifiesta en una carta abierta publicada el 25 de abril de 2016, en la cual más de 180 organizaciones instaron a Trudeau a reforzar la reglamentación y la supervisión de las compañías extractivas canadienses, e incluso, a imponer sanciones a las compañías responsables de estos hechos que operan en el extranjero. La mayoría de los firmantes eran organizaciones de base de América Latina, y esto sugiere que, en diversas comunidades indígenas y rurales de la región, la presencia de Canadá no goza de popularidad y se asocia con abusos.
Trudeau ya ha tomado algunas primeras medidas orientadas a restablecer la reputación de Canadá en derechos humanos. Entre ellas se puede mencionar la cantidad sin precedente de mujeres entre los miembros de su gabinete de ministros, así como la designación de dos ministros que pertenecen a la comunidad indígena. Sus comentarios sobre la crisis migratoria en países sumidos en conflictos internos y la implementación en el ámbito nacional de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas —que había sido boicoteada por el gobierno de Harper— son también ejemplos de una nueva era en la política exterior en Canadá.
Para que Canadá recobre el respeto de las poblaciones más vulnerables de América Latina, será necesaria una profunda revisión del apoyo político, financiero y diplomático del que han gozado las compañías mineras canadienses en los últimos nueve años. Esta no será una tarea fácil. El poder del lobby minero en la política canadiense sigue siendo significativo. No obstante, como señalan las organizaciones líderes que firmaron la carta del 25 de abril, muchos esperan —e incluso se atreven a creer— que el “compromiso de Trudeau con los derechos humanos conducirá a medidas que exijan la rendición de cuentas y eviten nuevos abusos por parte de agencias estatales y empresas”.
