Por: Mirte Postema

Encabezó el Programa de independencia judicial de DPLF entre el 2009 y el 2015. Actualmente es Fellow para derechos humanos y reforma de la política criminal y carcelaria en las Américas en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford

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Publicado originalmente en  ilg2.org

El lunes 22 de febrero de 2016 se presentó en Honduras la Misión de Apoyo para Combatir la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La MACCIH es un mecanismo híbrido, respaldado por la Organización de Estados Americanos, y establecido para apoyar a las instituciones hondureñas encargadas de prevenir la corrupción y la impunidad. La creación de la MACCIH es una medida drástica; deja claro que el Estado hondureño, por cualquier razón, no es capaz de investigar y sancionar los casos de corrupción adecuadamente. Sin embargo, para quienes han seguido la situación de Honduras, esto no es ninguna sorpresa.

El país sufrió un golpe de Estado en junio de 2009, que desgastó las –ya débiles- instituciones. Esto, a su vez, causó un severo deterioro en la protección de los derechos humanos, así como un aumento en la pobreza y desigualdad de los hondureños. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, la violencia escaló en 2012 a 85.5 homicidios dolosos por 100,000 habitantes (a pesar de que la Oficina de Naciones Unidas para el crimen y las drogas registró 90.4 homicidios dolosos ese año).

Seis años después del golpe, la situación sigue siendo apremiante. De acuerdo con un informe recientemente publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Honduras continúa sufriendo de altos niveles de violencia, crimen organizado, ataques a defensores de derechos humanos, militarización, aumento en la desigualdad y falta de independencia judicial (y su altamente criticado proceso de selección de la Corte Suprema tampoco es un buen presagio).

Desafortunadamente, esta situación no es única en la región. En países que componen el Triángulo Norte de Centroamérica—Guatemala, El Salvador y Honduras—existen altos niveles de la violencia (organizada), las instituciones de gobierno son débiles y la corrupción e impunidad es generalizada.

Guatemala encontró su propia manera de atacar estos problemas. Siguiendo una iniciativa de sociedad civil, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada con el respaldo de Naciones Unidas. Después de ocho años de operación y altibajos, la CICIG recientemente ha mostrado resultados impresionantes. Ha perseguido a redes delictivos manejados por criminales notorios y funcionarios del Estado, y ha sacado a la luz graves escándalos de corrupción. Por ejemplo, en la autoridad aduanera en el cual estaban involucradas las más altas autoridades del país. Esto culminó en la renuncia del Presidente y la Vicepresidenta, quienes se encuentran en prisión esperando ser juzgados,

Las reacciones en los países vecinos de Guatemala fueron casi inmediatas. Ciudadanos en México, El Salvador y Honduras pidieron la creación de entidades similares dentro de sus países. Sin embargo, los gobiernos se han resistido a acceder a esas peticiones. Ninguna iniciativa se ha concretado en México y El Salvador solo ha aceptado a un programa anticorrupción patrocinado por Naciones Unidas. En Honduras, como consecuencia de un escándalo que involucró la malversación de fondos de la seguridad social (que, presumiblemente, también fueron usados para financiar al partido de gobierno) los manifestantes pidieron la creación de un grupo similar a la CICIG para lidiar con la corrupción en el país.

El 28 de septiembre, el Secretario General de la OEA y el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández anunciaron la creación de la MACCIH. Su objetivo es ofrecer asistencia a las instituciones hondureñas en prevenir, investigar y castigar la corrupción. La MACCIH estará liderada por el ex primer ministro de Perú, Juan Jiménez, quien será el jefe de misión y portavoz, y quien reportará al Secretario General.

La MACCIH trabajará en conjunto con otras entidades de la OEA, como el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISIC), que analizará el progreso de Honduras con respecto a la Convención y elaborará un plan nacional de acción que implementará las recomendaciones del MESISIC. Igualmente, trabajará con el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas (CEJA”) para evaluar los retos del sistema de justicia penal de Honduras y proponer recomendaciones para enfrentarlos.

Además, la MACCIH trabajará con un grupo internacional de jueces y fiscales que supervisarán y darán recomendaciones a las instituciones judiciales hondureñas encargadas de combatir la corrupción. Este grupo también supervisará la implementación de reformas judiciales. El departamento de Seguridad Pública de la OEA (DSP) colaborará con sus contrapartes hondureñas para la aplicación de recomendaciones posteriores a una evaluación del sistema nacional de seguridad. La MACCIH trabajará también con organizaciones de la sociedad civil (incluyendo universidades) para monitorear el sistema judicial.

Ahora que la MACCIH empieza su trabajo, surge una serie de preguntas importantes:

1. ¿Cómo interpretará la MACCIH su mandato? ¿Solamente asistirá a las instituciones hondureñas encargadas de investigar y enjuiciar casos de corrupción o tendrá un equipo autónomo de investigadores como la CICIG? ¿Investigará solamente las denuncias presentadas o iniciará investigaciones independientemente? ¿Abordará los raíces de los problemas en Honduras, o se enfocará en unos pocos casos? ¿Y cómo seleccionará estos casos?

2. ¿Cómo seleccionará la MACCIH a sus oficiales (nacionales e internacionales), y cómo revisará sus calificaciones? Al final, el recurso más importante de cualquier entidad es su capital humano. Es esencial que los profesionales trabajando por y con la MACCIH tengan una trayectoria de integridad incuestionable, un alto nivel de experticia técnica y experiencia en conducir investigaciones complejas en situaciones de riesgo.

3. ¿Vivirán los oficiales de la MACCIH en Honduras? Lógicamente, la situación en el país es muy complicada. Para realizar sus tareas de manera exitosa, los oficiales de la MACCIH deben conocer la historia reciente del país, así como sus actores principales. Esto es esencial para, por ejemplo, una adecuada selección de casos. Adicionalmente, el éxito de la MACCIH dependerá de si podrá crear relaciones constructivas con las autoridades nacionales, y ese proceso requiere una considerable inversión de tiempo, además de contacto personal.

4. ¿Cómo coordinará la MACCIH las diferentes entidades que trabajarán con ella? ¿Trabajarán en conjunto, o de manera paralela? ¿Tomarán en cuenta las numerosas evaluaciones que se han hecho en años recientes? ¿La MACCIH será capaz de crear relaciones constructivas con actores desacreditados cómo las autoridades judiciales y la policía nacional?

Las respuestas a estas preguntas serán determinantes para el éxito de la MACCIH. Después de años de retrocesos, Honduras merece darse un paso en la dirección correcta.