Claudio Nash (Ph.D.)*
Durante años, Chile ha destacado en los rankings latinoamericanos por su baja percepción de corrupción. Esto ha generado un riesgo evidente, cual es, que las instituciones y la ciudadanía no han estado lo suficientemente alertas para combatir situaciones de evidente corrupción, como ha sido la corrupción política y, ahora, la corrupción judicial.
Claudia Escobar*
La corrupción es una plaga que afecta a todas las instituciones del Estado. Ocurre cuando un empleado público antepone sus intereses personales a la función publica e incumple con la obligación de actuar en favor del bien común. El sistema de justicia no es inmune a este fenómeno. Los jueces y magistrados, los fiscales y los empleados del sector pueden ser sujetos activos de acciones que se configuren como delitos relacionados con corrupción, tales como el soborno, el tráfico de influencias, el prevaricato, etc.
Carolina Villadiego Burbano
Fiscales nacionales y magistrados de altas cortes latinoamericanas están siendo investigados y acusados de haber cometido delitos. Los Congresos participan de alguna manera en dichos procedimientos, pues varios diseños constitucionales así lo establecen, y usualmente prevén un sistema de controles cruzados en el que los altos funcionarios de la justicia investigan y juzgan a los congresistas y a los altos funcionarios del poder ejecutivo.
Autor: Daniel Cerqueira*
Desde la realización de la Primera Cumbre de las Américas en Miami (1994), la realidad del continente ha cambiado de forma considerable. En aquel momento, los jefes de Estado y de gobierno compartían la premisa de que la liberalización del comercio y la integración económica serían los elementos propulsores del desarrollo y bienestar en la región. Así quedó registrado en la Declaración de la Primera Cumbre: Seguir leyendo
Autora: Jo-Marie Burt*
La publicación del resumen ejecutivo del informe sobre torturas elaborado por la Comisión Especial de Inteligencia del Senado en diciembre del año pasado ha causado un fuerte impacto, y ha reabierto internacionalmente el debate acerca del uso de la tortura por Estados Unidos tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Algunos han reconocido el valor del informe y han señalado que la tortura es una práctica prohibida en Estados Unidos y por el Derecho Internacional, y que por ende los responsables deben rendir cuentas por sus actos. Quienes apoyaron la política en cuestión —incluidos aquellos que dispusieron su aplicación en primer lugar, como el ex vicepresidente Dick Cheney— han repudiado el informe, acusando a sus autores de tener una postura tendenciosa y aseverado que el uso de tortura protegió a Estados Unidos de nuevos ataques terroristas. Pero no niegan que se haya aplicado la tortura.
Autor: Luis Pásara*
Se ha publicado recientemente, como ocurre de manera periódica, The Global Competitiveness Report 2013-2014 vinculado al World Economic Forum que se reúne anualmente en Davos. El informe es considerado como un barómetro de diversos temas; entre ellos, el de independencia judicial, asunto acerca del cual provee un ranking mundial extensamente reproducido en los medios de comunicación. Esta suerte de barómetro es utilizado como una fuerte confiable, en particular, por el Banco Mundial.
