Claudia Escobar*
La corrupción es una plaga que afecta a todas las instituciones del Estado. Ocurre cuando un empleado público antepone sus intereses personales a la función publica e incumple con la obligación de actuar en favor del bien común. El sistema de justicia no es inmune a este fenómeno. Los jueces y magistrados, los fiscales y los empleados del sector pueden ser sujetos activos de acciones que se configuren como delitos relacionados con corrupción, tales como el soborno, el tráfico de influencias, el prevaricato, etc.
