La corrupción y la incapacidad de las instituciones en Latinoamérica

Jaime Chávez Alor*

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas a nivel mundial para el desarrollo nacional. Afecta el goce y disfrute de derechos civiles y económicos, genera discriminación en la implementación de políticas públicas violando derechos humanos e incapacita a las autoridades para llevar a cabo sus funciones de manera plena.

En Latinoamérica la corrupción ha tenido un impacto significativo en los gobiernos y espacios públicos, convirtiéndose así en una de las mayores y más complejas problemáticas que la ciudadanía identifica en su sociedad y entorno. A partir de ello, el combate a la corrupción ha sido una creciente prioridad en la agenda pública de los países de la región. Sin embargo, sigue habiendo una discrepancia en la mayoría de los países entre la agenda pública en discurso y la realidad.

La legislación insuficiente o inadecuada para hacer frente a la corrupción, la debilidad institucional que deriva en una falta de implementación de las políticas anticorrupción, así como investigaciones ineficaces para sancionar actos de corrupción, merman el Estado de derecho.

Desde el punto de vista del derecho privado, la ausencia de garantías legales afecta el desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera. Todo análisis de inversión implica comparar posibles destinos basados en la confiabilidad del Estado de derecho, incluyendo, por supuesto, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Además de desarrollar un plan de negocios, los inversionistas de cualquier país evalúan también, sobre todo en negocios que tocan o involucran el gobierno, el régimen anticorrupción, incluida la viabilidad de mitigar los riesgos de corrupción estatal, demoras excesivas o imprevisibilidad en la toma de decisiones regulatorias y judiciales, así como otras divergencias del Estado de derecho. Los riesgos de este tipo elevan el costo percibido de hacer negocios y, para las empresas que respetan la ley, disuaden la inversión.

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La participación de las víctimas y de la sociedad civil en procesos penales por corrupción en América Latina: una reflexión regional

Ramiro Orias* y Diego Velásquez**

El pasado 15 de julio de 2021, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) organizó un encuentro regional de personas expertas de la región con el objetivo de compartir experiencias de la sociedad civil en el combate a la corrupción. La reunión se dividió en dos paneles: el primero abordó el rol de las víctimas en la persecución penal de la corrupción y el derecho a una reparación integral, con la participación de Naomi Roht-Arriaza[1], Miguel Urbina[2] y Pablo Secchi[3]. El segundo panel lo integraron Marcelo Giullitti Oliva[4], José Ugaz[5] y Estefanía Medina[6], quienes abordaron la participación de la sociedad civil en los procesos penales por actos por corrupción. 

En el primer panel se discutió acerca de la importancia de definir con claridad quiénes son las víctimas de la corrupción. Se concluyó que, si bien la Convención de NNUU contra la Corrupción establece algunos derechos para las víctimas —como que sus intereses sean tomados en cuenta dentro el proceso penal, a iniciar una acción legal contra los responsables a fin de obtener una indemnización por los daños sufridos—, este instrumento no contiene una definición específica; por lo que resulta importante sortear este desafío. 

También se identificó como un obstáculo para la participación de las víctimas dentro de estos procesos, la manera en la que las legislaciones nacionales regulan la legitimidad para actuar como sujeto procesal en la vía penal. En la región no existe una práctica uniforme de legislar en los códigos procesales penales la posibilidad de que las víctimas de la corrupción —particularmente cunado son de naturaleza colectiva— puedan tener legitimación activa en dichos procesos, ya sea como querellantes, acusadores particulares o alguna otra modalidad de rol coadyuvante de los ministerios públicos en el combate a la impunidad por delitos de corrupción.  En la discusión quedó en claro que la prescripción y la amnistía pueden llegar a ser perjudiciales para obtener reparaciones, y que habría que definir los márgenes de estas figuras. Finalmente, se destacó la importancia de definir el concepto de daño social y las modalidades para reclamar su reparación. 

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Historia del racismo sistémico en Estados Unidos: Reseña para los latinoamericanos y algunos paralelismos

Naomi Roht-Arriaza*

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La celebración de Juneteenth el 19 de junio conmemora la fecha en que, en 1865, se notificó de su liberación a los últimos esclavos que había en Estados Unidos. La fecha se recordó este año en todo EE. UU. con marchas en reclamo de que se reduzca el financiamiento de la policía y se aborde el racismo sistémico que sigue existiendo en el país. Estas marchas dieron continuidad a las semanas de protestas que se iniciaron con el asesinato de George Floyd y otras personas a manos de la policía. A primera vista, estos reclamos de un cambio radical pueden parecer innecesarios y extremos; en definitiva, EE. UU. tuvo hace poco un presidente negro y la esclavitud terminó hace ya mucho tiempo. Sin embargo, son producto de que, a lo largo del siglo XX y hasta hoy, las acciones gubernamentales crearon y posibilitaron el racismo institucionalizado. Estos patrones se han vuelto imposibles de ignorar con el impacto desproporcionado que el COVID-19 y el desempleo han tenido en la comunidad negra. En particular, las protestas se dan en respuesta a las iniciativas de reforma infructuosas que se han impulsado durante décadas para terminar con la muerte de personas negras no armadas por la policía en todo el país, un fracaso que tiene relación directa con el aislamiento y el control de las comunidades negras y latinas y el desfinanciamiento de los servicios destinadas a estas  comunidades. La experiencia estadounidense ofrece una perspectiva bastante clara de la persistencia del racismo y las prácticas policiales racistas en el resto de América.

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Corrupción judicial en las Américas

Algunas reflexiones desde el caso chileno

Claudio Nash (Ph.D.)*

Durante años, Chile ha destacado en los rankings latinoamericanos por su baja percepción de corrupción. Esto ha generado un riesgo evidente, cual es, que las instituciones y la ciudadanía no han estado lo suficientemente alertas para combatir situaciones de evidente corrupción, como ha sido la corrupción política y, ahora, la corrupción judicial.

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Batalla contra la corrupción judicial

Claudia Escobar*

La corrupción es una plaga que afecta a todas las instituciones del Estado. Ocurre cuando un empleado público antepone sus intereses personales a la función publica e incumple con la obligación de actuar en favor del bien común. El sistema de justicia no es inmune a este fenómeno. Los jueces y magistrados, los fiscales y los empleados del sector pueden ser sujetos activos de acciones que se configuren como delitos relacionados con corrupción, tales como el soborno, el tráfico de influencias, el prevaricato, etc.

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Juicio a la justicia en América Latina

Carolina Villadiego Burbano

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Fiscales nacionales y magistrados de altas cortes latinoamericanas están siendo investigados y acusados de haber cometido delitos. Los Congresos participan de alguna manera en dichos procedimientos, pues varios diseños constitucionales así lo establecen, y usualmente prevén un sistema de controles cruzados en el que los altos funcionarios de la justicia investigan y juzgan a los congresistas y a los altos funcionarios del poder ejecutivo.

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Las Américas, sus cumbres y miopía

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Autor: Daniel Cerqueira*

foto 2Desde la realización de la Primera Cumbre de las Américas en Miami (1994), la realidad del continente ha cambiado de forma considerable. En aquel momento, los jefes de Estado y de gobierno compartían la premisa de que la liberalización del comercio y la integración económica serían los elementos propulsores del desarrollo y bienestar en la región. Así quedó registrado en la Declaración de la Primera Cumbre: Seguir leyendo →

Enseñanzas latinoamericanas para EEUU: juzgar a torturadores

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Autora: Jo-Marie Burt*

2090273618_aafee3441f_zLa publicación del resumen ejecutivo del informe sobre torturas elaborado por la Comisión Especial de Inteligencia del Senado en diciembre del año pasado ha causado un fuerte impacto, y ha reabierto internacionalmente el debate acerca del uso de la tortura por Estados Unidos tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001. Algunos han reconocido el valor del informe y han señalado que la tortura es una práctica prohibida en Estados Unidos y por el Derecho Internacional, y que por ende los responsables deben rendir cuentas por sus actos. Quienes apoyaron la política en cuestión —incluidos aquellos que dispusieron su aplicación en primer lugar, como el ex vicepresidente Dick Cheney— han repudiado el informe, acusando a sus autores de tener una postura tendenciosa y aseverado que el uso de tortura protegió a Estados Unidos de nuevos ataques terroristas. Pero no niegan que se haya aplicado la tortura.

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Encuestas sobre independencia judicial

Autor: Luis Pásara*

8035396680_31ed820eb3_zSe ha publicado recientemente, como ocurre de manera periódica, The Global Competitiveness Report 2013-2014 vinculado al World Economic Forum que se reúne anualmente en Davos. El informe es considerado como un barómetro de diversos temas; entre ellos, el de independencia judicial, asunto acerca del cual provee un ranking mundial extensamente reproducido en los medios de comunicación. Esta suerte de barómetro es utilizado como una fuerte confiable, en particular, por el Banco Mundial.

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