Carolina Villadiego Burbano

Fiscales nacionales y magistrados de altas cortes latinoamericanas están siendo investigados y acusados de haber cometido delitos. Los Congresos participan de alguna manera en dichos procedimientos, pues varios diseños constitucionales así lo establecen, y usualmente prevén un sistema de controles cruzados en el que los altos funcionarios de la justicia investigan y juzgan a los congresistas y a los altos funcionarios del poder ejecutivo.

En 2017, el Fiscal Nacional de Costa Rica fue suspendido temporalmente porque presuntamente ocultó información en la investigación del caso el “Cementazo” que involucra a empresarios y políticos de ese país. Además, hace pocos días, la Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso levantar el fuero de uno de sus magistrados, para que sea juzgado por presuntamente estar involucrado en un tráfico de influencias.

En Perú, el Congreso aprobó en 2017 la apertura de acusación constitucional en contra del Fiscal de la Nación porque presuntamente omitió investigar a algunos empresarios asociados a la corrupción del caso “Lava Jato”. Por otro lado, hace unos días, la Corte Interamericana le ordenó al Congreso archivar un procedimiento que sigue en contra de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que fue abierto por el Congreso porque el Tribunal emitió una resolución que aclara la sentencia de un caso de violaciones a los derechos humanos (“El Frontón”).

En Colombia, un magistrado de la Corte Constitucional fue suspendido en 2016 porque presuntamente solicitó dinero con el fin de favorecer los intereses de un empresario en un caso. Actualmente, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es investigado por participar en una presunta red de corrupción que “vende” decisiones favorables a congresistas y otros funcionarios públicos investigados por la Corte Suprema, y un expresidente de esa Corte fue detenido preventivamente por presuntamente liderar dicha red.

En Guatemala, tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad fueron denunciados ante el Congreso en 2017 por amparar la suspensión de la salida del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El comisionado fue declarado persona “non grata” por el presidente de la República quien, a su vez, es investigado por la Fiscalía y la CICIG por hechos asociados a corrupción.

Todos estos casos son variados y por eso es urgente que la región se pregunte cómo garantizar que los procesos en contra de los magistrados y los fiscales no sean utilizados como represalia a sus actuaciones, y al mismo tiempo, cómo garantizar que cuando sea necesario investigarlos y juzgarlos, los procedimientos funcionen de manera adecuada. Para ello, propongo analizar al menos tres asuntos.

Primero, es importante examinar si los Congresos son las instituciones más idóneas para investigar y juzgar a los fiscales nacionales y a los magistrados de las altas cortes. Por eso, deberíamos evaluar las experiencias de los países en ese sentido, y analizar si se ha actuado con imparcialidad, si los procedimientos han respetado el debido proceso, si los mecanismos han sido utilizados como represalia en contra de sus decisiones, si ha habido “pactos de impunidad” entre los investigadores y los investigados, etc.

Segundo, los países deben tener mecanismos adecuados que permitan investigar y juzgar oportunamente a las altas autoridades de la justicia cuando es requerido. Estos mecanismos deben garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad del juzgador. El procedimiento debe ser claro, reglado y trasparente; las conductas deben estar previamente definidas, incluidas aquellas referenciadas como “indignidad” o “mala conducta”. Y deben tener cerrojos que eviten que sean utilizados para hostigar o perseguir a los magistrados y a los fiscales por las decisiones adoptadas.

Tercero, las altas autoridades de la justicia deben dar pasos adelante en términos de transparencia y rendición de cuentas. Tienen que adoptar políticas serias que les permitan, entre otras cosas, enfrentar los conflictos de interés que existen entre funcionarios judiciales, empresarios y políticos. Pero, además, deben llevar a cabo los procesos requeridos para combatir la corrupción, incluida aquella que aqueja a la justicia.

En fin, es el momento de analizar a fondo los diseños existentes para investigar y juzgar a las altas autoridades de la justicia en los países, evaluar su funcionamiento práctico y adoptar los ajustes requeridos. La confianza ciudadana en la justicia también está en juego.

* Una primera versión de este blog fue publicado en Global Rights Blog (https://www.dejusticiablog.org)

Carolina Villadiego Burbano, Investigadora, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia