Eric L. Olson

Juan Jiménez ha renunciado. Su renuncia representa otro duro golpe a los incipientes esfuerzos por combatir la corrupción en Honduras, a la reputación de la OEA y, en última instancia, a la del propio gobierno de Honduras. ¿El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se moverá rápidamente para reparar esta herida auto-infligida? ¿O se inclinará ante las continuas presiones del gobierno hondureño para socavar a Jiménez y la misión de la OEA?

Contexto

Juan Jiménez Mayor es un abogado peruano que ayudó a llevar ante la justicia de su país al ex presidente Alberto Fujimori y su notorio jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, acusados ​​de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Se desempeñó como Ministro de Justicia y Primer Ministro de su país y, más recientemente, como Representante Permanente del Perú ante la OEA. Fue elegido por Almagro, a pesar de las objeciones de su propio personal y del gobierno hondureño, para supervisar una nueva e innovadora misión anticorrupción en Honduras conocida como MACCIH – Misión de Apoyo al Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que el gobierno de ese país originalmente aceptó como una forma de evitar un mecanismo de combate a la corrupción similar al que existía en Guatemala, conocido como CICIG, pero creado en el marco de Naciones Unidas.

A pesar del apoyo inicial de Almagro a Jiménez, la relación parece haberse enfriado durante los últimos meses, con numerosas intervenciones del Secretario General que parecían socavar la autoridad de Jiménez. El hecho que Almagro no se reunió con Jiménez en la sede de la OEA en Washington D.C. el mes pasado, y la aparición de una carta bastante inoportuna dirigida al gobierno de Honduras en la que criticaba directamente a la MACCIH, parecen haber sido el agua que colmó el vaso para Jiménez.

Irónicamente, Jiménez contaba con un fuerte y creciente apoyo de la sociedad civil hondureña y de la comunidad internacional. Muchos hondureños, así como movimientos organizados y espontáneos, fueron inicialmente escépticos de la MACCIH porque la OEA era percibida como débil y susceptible a las presiones del gobierno hondureño. Pero el trabajo de Jiménez lentamente comenzó a convencer a los escépticos, al igual que el anuncio de múltiples casos, incluido uno contra cinco miembros del Congreso hondureño y la posibilidad de muchos más. Además, las declaraciones firmes e inmediatas de Jiménez contra un supuesto intento del Congreso hondureño de cambiar una ley después de su aprobación, aparentemente para garantizar su impunidad, también lo hicieron ganar la confianza de la sociedad civil, y enfurecieron aún más a los políticos hondureños de todo tipo.

El gobierno estadounidense -desde el Departamento de Estado hasta la Embajada en Tegucigalpa, con el apoyo bipartidista del Congreso, ha sido firme en su apoyo a los esfuerzos contra la corrupción en Honduras, la MACCIH, y Juan Jiménez. Un día antes de la renuncia de Jiménez la Embajada de Estados Unidos tuiteó una foto con Jiménez rodeado de altos diplomáticos estadounidenses en apoyo a la MACCIH y sus esfuerzos.

Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Secretario General “le movería la alfombra” a su propia misión? Cualquiera que sea la fuente de la animosidad personal y la ruptura de confianza entre Almagro y Jiménez, parece que se ha perdido el panorama general. Hay serios avances en las investigaciones y enjuiciamientos contra la corrupción. MACCIH, bajo el liderazgo de Jiménez, ha establecido una unidad especializada – la Unidad del Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) dentro del Ministerio Público, para manejar investigaciones altamente sensibles contra la corrupción. También fue instrumental en la creación de tribunales anticorrupción especializadas que manejarían estos casos sensibles y técnicamente complejos.

Al trabajar a través de la UFECIC y los tribunales especiales contra la corrupción, la MACCIH ya estaba teniendo un profundo impacto en la capacidad institucional en Honduras, y estaba a punto de lograr avances en varios casos. Sin duda existe una fuerte motivación por parte de la clase política hondureña, incluidos algunos legisladores, para debilitar a la MACCIH. Hay que recordar que Jiménez no fue la primera opción del gobierno para el liderazgo de la Misión, y que se registraron numerosas quejas contra él ante el Secretario General.

Cualquiera que sean las razones, Jiménez ya tuvo suficiente cuando una carta de Almagro al Presidente Hernández apareció esta semana criticando su gestión.  En su carta de dimisión de cinco páginas, Jiménez menciona varias razones detrás de su decisión que incluyen, sobre todo, los esfuerzos del gobierno hondureño para socavar la independencia del MACCIH y la incapacidad de Almagro de respaldarlo en estos momentos clave.

Próximos pasos

A pesar de la gran controversia sobre cómo Estados Unidos manejó el proceso postelectoral en Honduras y la inoportuna certificación de Honduras por parte del Departamento de Estado en medio de una crisis electoral, éste y la Embajada de Estados Unidos han apoyado firmemente a la MACCIH y al trabajo de Juan Jiménez.

El Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos deben actuar con prudencia e insistir en la continuidad de los esfuerzos contra la corrupción. Pero los recursos prometidos y necesarios para la MACCIH y la OEA deben suspenderse hasta que haya señales claras y convincentes del Secretario General y del Gobierno de Honduras en apoyo de una MACCIH independiente. Los esfuerzos contra la corrupción son un tema no partidista en la política de EE. UU. Y tanto la OEA como el gobierno hondureño deben comprender que no hay cheques en blanco de los Estados Unidos cuando se trata de luchar contra la corrupción.

El Departamento de Estado debe continuar insistiendo con el gobierno hondureño y la Asamblea Legislativa de que la revocación de la ley que protege a los funcionarios de la investigación y el enjuiciamiento (el llamado “Pacto de impunidad”) es esencial para que continúe el apoyo financiero de los EE. UU.

El gobierno de Honduras, especialmente el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, deben demostrar su propio compromiso con la lucha contra la corrupción. Vivimos en un mundo interconectado donde ya no es posible esconderse del escrutinio nacional e internacional. Es hora de que Honduras y su clase política adopten las medidas de transparencia y rendición de cuentas aplicables a todos y demuestren la voluntad política de vivir bajo el imperio de la ley, por muy incómodo que pueda ser. Esta voluntad política puede medirse de dos maneras: revocando el Pacto de Impunidad y garantizando un proceso transparente y limpio para nombrar al próximo Fiscal General en agosto de 2018.

Finalmente, el foco está ahora sobre el Secretario General. Almagro ha demostrado su compromiso con la Carta Democrática y los valores democráticos en muchos otros casos, especialmente en torno a Venezuela. La pregunta ahora es si él será consecuente con Honduras. ¿Reemplazará a Jiménez por un fiscal igualmente independiente, competente, experimentado y hábil? Hay muchos de donde se puede elegir, no solo de Perú sino también de Chile, Argentina, Brasil y Colombia, por nombrar algunos países. Es esencial que el Secretario General actúe con rapidez y decisión para designar un reemplazo que cuente con credibilidad. Esta es la única forma de reparar la herida auto-infligida.

*La primera versión de este post fue publicada en inglés y puede ser consultada en la siguiente liga: https://www.wilsoncenter.org/article/mending-self-inflicted-wound-the-oas-and-honduras

Eric L. Olson, Director Adjunto, Programa Latinoamericano del Wilson Center