Carolina Villadiego Burbano
Fiscales nacionales y magistrados de altas cortes latinoamericanas están siendo investigados y acusados de haber cometido delitos. Los Congresos participan de alguna manera en dichos procedimientos, pues varios diseños constitucionales así lo establecen, y usualmente prevén un sistema de controles cruzados en el que los altos funcionarios de la justicia investigan y juzgan a los congresistas y a los altos funcionarios del poder ejecutivo.
Javier Alonso de Belaunde
“No sólo se va a juzgar la conducta funcional de unos Magistrados a propósito de la resolución aclaratoria de una sentencia, sino que se va a afectar o no la estabilidad de uno de los mecanismos de contrapeso del Congreso y, en general del poder” -Valentín Paniagua[1].
Un hombre despierta en el hospital luego de un coma de varios años. Desconcertado por las diferencias que nota en el perfil de la ciudad a través de la ventana, toma el primer diario a la mano y lee: “Magistrados del Tribunal Constitucional serán procesados por el Congreso”. Suspira con alivio. Piensa que al fin y al acabo no ha dormido tanto tiempo. Sigue siendo 1997.
