Luis Pásara

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso llevar adelante una reforma por la cual los ciudadanos elegirían a todos los jueces del país. Como el Congreso recién elegido inicia labores el 1 de septiembre, la reforma estará en sus manos, donde el partido oficialista Morena cuenta con una representación mayoritaria en Diputados y al borde de la mayoría en el Senado. Los voceros oficialistas han anunciado que la reforma será aprobada en septiembre.

López Obrador ha decretado “una pausa” en las relaciones con Estados Unidos y Canadá, como rechazo a las críticas de Washington a la propuesta de elegir a los jueces –“es un riesgo para la democracia en México”, expresó el embajador en una nota diplomática de 23 de agosto–, que fueron respaldadas por Canadá. En el debate, la presidenta electa Claudia Sheinbaum se ha posicionado enfáticamente a favor de la reforma, asimilándola a su propio triunfo electoral. En sentido contrario, se han producido diversas manifestaciones; entre ellas, las de magistrados, jueces y empleados judiciales, que rechazan la reforma.

Pero ¿qué significa ir a una elección popular de todos los jueces? Por de pronto, conviene reparar en que este mecanismo no existe en ningún país del mundo. En Estados Unidos 21 de los 50 Estados incorporan la elección de jueces; los jueces federales no son elegidos popularmente. En América Latina solo Bolivia somete a elección popular la integración de las tres altas cortes y del Consejo de la Magistratura, según la Constitución de 2009; hasta ahora han tenido lugar dos elecciones judiciales, la primera en 2011 y la segunda en 2017.

En su momento trascendió que la idea de la elección popular había interesado a Evo Morales durante un viaje a Suiza. Pero en este país se elige solo a los jueces cantonales, el escalón más bajo del sistema de justicia –como ha venido ocurriendo con los jueces de paz en la región andina–. Al trasplantarse el mecanismo a Bolivia, los resultados han desembocado en un fracaso: en ambas elecciones la mayoría del electorado votó en blanco o anuló el voto. 

¿Puede el ciudadano de a pie elegir a todos los jueces?

Cuando se discute sobre experiencias como la boliviana, se señala con acierto que en esos comicios el electorado no contó con suficiente información de calidad como para que pudiera escoger entre este candidato o el otro. No obstante, el problema de fondo es algo más grave y su raíz está en el supuesto de que el ciudadano promedio se halla en condiciones de discernir entre los candidatos a jueces que se le ofrezcan. 

La tarea judicial es un asunto complejo, de cuyos resultados dependen asuntos tan valiosos para la persona como la libertad o el patrimonio, sea grande o pequeño. No es pues, una labor que pueda encargarse a cualquier persona, requiriéndole solo que sea abogado y ser elegido por motivos como el partido político que la respalda, la simpatía personal o la facilidad en el uso de la palabra para cautivar a los electores. Por esa razón, confiar a alguien un cargo judicial tiene una trascendencia mucho mayor que elegir a un diputado.

La selección de jueces ha sido materia de muchos trabajos y de no pocas reformas que, por acierto/error han ido mostrando algunos caminos mejores que otros. Los conocimientos, la trayectoria personal y el carácter de la persona son algunos de los aspectos que deben ser considerados. Esta evaluación de los aspirantes a un cargo judicial es un asunto que requiere un serio trabajo técnico, encaminado a seleccionar verdaderamente a los mejores. La elección popular no parece el camino más seguro al efecto.

A las consideraciones anteriores hay que sumar un hecho contundente de la historia institucional latinoamericana: el poder político ha tratado de reservarse la potestad de nombrar jueces –por el Ejecutivo o el Legislativo– y los resultados de esta tradición están a la vista. Falta de independencia basada en la disposición incondicional del nombrado a favor de quien lo nombró y mediocridad en la judicatura, porque son los mediocres quienes así se abren paso. Añádasele cierta dosis de corrupción y ahí tenemos un retrato rápido de nuestros sistemas de justicia.

¿Por qué entonces la “elección popular”?

Desacreditados como están los aparatos de justicia latinoamericanos, el poder político requiere servirse de una nueva capa que oculte su control sobre las decisiones judiciales que le importan. Ahí surge, como del sombrero de un mago, la fórmula de ¡la elección popular!, destinada a engatusar al elector con la oferta de que sea él quien escoja a los jueces. Esto es, no los políticos ni los hombres doctos; que sea el pueblo mismo quien los elija.

Como se dice usualmente, el diablo está en los detalles. En el caso boliviano los políticos prepararon las listas de las cuales el elector tenía que escoger. Y la votación por los candidatos preseleccionados constituyó el llamado ‘voto ciego’, acarreado a las ánforas por las organizaciones controladas por el partido de gobierno. El pueblo boliviano, como se ha señalado, no cayó en la trampa: sus mayoritarios votos nulos y en blanco tienen que ser leídos como un rechazo a la “elección popular”.

Es de imaginar que “la elección popular de los jueces”, planteada engañosamente como un derecho ciudadano, pretende en México orientar la opción por aquellos a quienes el partido Morena busca encumbrar en la función judicial, para luego servirse de ellos en beneficio de su ejercicio del poder. Veremos si así ocurre o si, por el contrario, se sigue lo aprendido con la lección dada por los bolivianos.

*Sénior Fellow de Due Process of Law Foundation (DPLF).

AP Photo/Fernando Llano