Lilliam Arrieta de Carsana*
En El Salvador se está llevando a cabo actualmente el proceso de elección de las magistraturas para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para el periodo 2021-2030. Lamentablemente, al igual que en todos los procesos que se han realizado desde que se modificó el artículo 186 de la Constitución en 1991, las candidaturas de mujeres han sido minoritarias. Al 4 de febrero de 2021, hay 5 abogadas inscritas en el listado de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) y hay 25 en el listado de postulantes en el proceso del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); pero este último número podría reducirse luego que dicho Consejo depure el listado, una vez concluida la revisión curricular y documental de cada candidatura. Esta falta de participación de mujeres en el proceso y la falta de elección de magistradas en la CSJ, no es un tema que afecta exclusivamente a las mujeres, ni que debería únicamente interesarnos a nosotras: afecta a toda la población. Es un problema de la calidad de la democracia, de falta de representación del segmento mayoritario de la población y un problema que afecta la administración de justicia, mucho más allá de lo que hasta ahora nos hemos detenido a examinar.
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