Adriana Domingo

Cada año, en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia elige a su Presidente. Pero este año, lo que en otra ocasión podría ser percibido como un asunto interno del Órgano Judicial, constituye una designación clave en el juego de los contrapesos del poder, la independencia judicial, y la lucha contra la impunidad en el país. La razón es simple: el magistrado electo, deberá conformar la Comisión de Postulación que evaluará a los candidatos al puesto de Fiscal General de Guatemala.

La Fiscal General ha sido, a lo largo de los últimos tres años, el socio estratégico para el éxito de todos los esfuerzos realizados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un mecanismo de derecho internacional apoyado por Naciones Unidas para acompañar al sistema de justicia guatemalteco, en el combate, desmantelamiento, y persecución de estructuras complejas de criminalidad organizada, y en la lucha contra la corrupción que en Guatemala alcanza niveles casi endémicos.

Lo que está en juego, no es poco. Además de los avances en los casos que CICIG y la Fiscalía General han impulsado, corren riesgo la continuidad de nuevas investigaciones que involucran al propio Presidente de la República, Jimmy Morales, por financiamiento electoral ilícito, así como las propuestas de reforma constitucional del sistema de justicia, que después de mucho esfuerzo y un diálogo nacional, se colocaron a debate en el seno del Congreso guatemalteco. Difícilmente algo de todo esto sobreviviría a un Fiscal General que opere políticamente para proteger al poder y garantizarle impunidad.

Y dadas las conocidas falencias del mecanismo de Comisión de Postulación que se activará para elegir a este alto funcionario del Ministerio Público, es indispensable que dicho cuerpo se conforme bajo la tutela de un Presidente de la Corte Suprema con probada independencia e impermeable a las influencias del poder.

La Constitución guatemalteca dispone que la Corte Suprema de Justicia está conformada por 13 magistrados, quienes deben elegir anualmente a su Presidente. Actualmente, la Corte solo cuenta con 12 magistrados en funciones, pues la magistrada Blanca Stalling fue removida del cargo por haber sido señalada de actos de corrupción.

Vale la pena recordar la situación que se vivió en la elección del periodo anterior, cuando la magistrada Silvia Patricia Valdéz fue electa a la Presidencia con el voto de 8 magistrados titulares y un magistrado suplente. En esa ocasión, la Corte de Constitucionalidad declaró nula dicha elección, bajo el argumento de que la designación solo debe ser realizada por los magistrados titulares que fueron electos por el Congreso, pues la selección de sus mandatos sería la que representa el equilibrio de poderes. La Corte también indicó en esa ocasión, que no es necesario la existencia de 13 magistrados titulares para llevarlo a cabo, siempre y cuando exista el número suficiente para obtener los votos que manda la Constitución (las dos terceras partes de dicho órgano, que equivale a 9 votos), y con ello la elección se considera válida. Fue así como el pasado 6 de octubre de 2016, luego del sexto intento, el magistrado José Antonio Pineda Barales fue electo. Pineda Barales, quien se ha desempeñado como juez en distintas jurisdicciones -especializándose en la rama civil-, deberá tomar posesión del cargo el próximo 13 de octubre.

La elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia produce un alivio a la estabilidad institucional del Órgano Judicial; sin embargo no se debe olvidar que todavía queda pendiente la designación del 13º magistrado que completaría la cámara de la CSJ. El Presidente del Congreso ha justificado la demora en la realización de esta designación, señalando que el Congreso no ha declarado la “vacante definitiva” de la anterior magistrada (Stalling). La solución ideal consistiría en declarar dicha vacancia y realizar la elección pendiente, a partir de la lista de candidatos entregado por la Comisión Pesquisidora integrada en 2014 – y de dónde se eligieron los magistrados actuales-. Al elegir el 13º magistrado, el Congreso de la República debería asegurar que sea una persona competente y sin deudas políticas, de manera que el número constitucional se satisfaga y así salvar cualquier acción que menoscabe el futuro mandato presidencial.

La Elección del Presidente de la Corte Suprema se convirtió en una odisea política, desde que el poder ha advertido que el nuevo Presidente podría ser una herramienta útil para continuar la lucha contra la corrupción, o bien para obstaculizarla. Sin embargo si se quiere defender el la independencia judicial, el equilibrio de poderes y la lucha anticorrupción, se debe asegurar que el nuevo Presidente de la CSJ se comporte de manera íntegra, independiente, sin antecedentes de favorecer a la impunidad y comprometido con el Estado de derecho.

DPLF hace un llamado al nuevo Presidente de la CSJ, magistrado José Antonio Pineda Barales, a que en el desempeño de sus labores y su función como integrante de la Comisión Pesquisidora que elegirá al próximo Fiscal General, actúe de manera imparcial, objetiva y transparente.

Adriana Domingo, Visitante Profesional, DPLF