Suprema Corte de México ordena al Congreso legislar sobre consulta indígena

Poder Judicial ha cruzado la línea que separa la obligación de adecuar la legislación interna en materia de derechos humanos y la autonomía de los pueblos indígenas

Naayeli Ramírez Espinosa* y Daniel Cerqueira**

Publicado originalmente en el Blog del CEC.

El pasado 10 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso Federal emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI). Dictada en el marco de una acción de amparo presentada por tres personas indígenas, la sentencia se fundamenta en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y en el artículo 2° de la Constitución Federal mexicana, los cuales consagran el referido derecho fundamental de los pueblos indígenas. La resolución de la SCJN comparte los parámetros de una sentencia emitida por la judicatura federal el año pasado, dirigida al estado de Oaxaca, que ordenaba al congreso local adoptar una ley sobre CPLI. El 22 de febrero del presente año el congreso de Oaxaca dio cumplimiento a esta sentencia y publicó la Ley de Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

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¿Por qué la elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia es clave para continuar la lucha contra la corrupción en Guatemala?

Adriana Domingo

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Cada año, en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia elige a su Presidente. Pero este año, lo que en otra ocasión podría ser percibido como un asunto interno del Órgano Judicial, constituye una designación clave en el juego de los contrapesos del poder, la independencia judicial, y la lucha contra la impunidad en el país. La razón es simple: el magistrado electo, deberá conformar la Comisión de Postulación que evaluará a los candidatos al puesto de Fiscal General de Guatemala.

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Una Corte Constitucional en manos de Trump

Luis Enrique Rosas Luengas [1]

Licenciado en Derecho por el CIDE,

Maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por Notre Dame

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Como menciona Van Jones, el 9 de noviembre de 2016 será una fecha difícil de explicar a las futuras generaciones.[2] El ascenso de Trump al poder demuestra a un electorado lo suficientemente inconforme con el establishment al grado tal de aceptar a un candidato que ha sostenido abiertamente posturas racistas y misóginas. La cuestión no termina ahí, los Republicanos conservaron la mayoría en el Congreso,[3] y la Corte Suprema Norteamericana integrada por 9 miembros (en adelante la Corte) se encuentra, por decirlo menos, maniatada.

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