Carlos E. Pimentel F

El domingo 22 de enero del 2017 se escribió un nuevo capítulo en la historia de las luchas sociales en la República Dominicana, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles para mostrar su descontento contra la corrupción e impunidad que imperan en el Estado dominicano.

Una marcha apartidista, familiar, teñida de verde como mensaje que simboliza la esperanza de la ciudadanía para descontinuar el historial de impunidad existente en el país. Ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el país abarrotaron el Parque Independencia, simbólico lugar de grandes gestas patrióticas del país y se dejó claro que ésta no será una movilización aislada.

El origen de esta indignación popular ha sido el descontento ciudadano acumulado con cientos de casos de corrupción que han quedado impunes o archivados, sumado a los escándalo de sobornos Odebrecht en la Región, incluyendo la Republica Dominicana, donde operaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, encargado de los sobornos de la empresa a los funcionarios públicos y legisladores.

La República Dominicana es el tercer país con mayor volumen de sobornos de esta multinacional. En un primer momento, desde los medios de comunicación y desde el propio gobierno se trató de restar protagonismo a este enorme escándalo de corrupción priorizando otros temas en la opinión pública nacional. Pero la débil acción del Estado hasta la fecha, reacciones más decididas desde otros países, así como la falta de claridad del destino final de los más de US$92 Millones que Odebrecht ha dirigido a políticos dominicanos de gobiernos diferentes en el periodo 2001 – 2014 han hecho que la sociedad diga basta.

El Movimiento Social Marcha Verde en su proceso de demanda del fin de la impunidad, realizo un estudio titulado “Finanzas Públicas y Desorden Institucional” en el cual queda claramente evidenciado e indudable que, las sobreevaluaciones de las obras y en la forma en que se adjudicaron los contratos con la firma constructora, incidieron en el incremento de los déficits, muy particularmente en el 2008 y en el 2012, años electorales.

En el año 2012, donde tuvimos el peor déficit fiscal que ha sufrido el país, la constructora Odebrecht fue altamente privilegiada en los pagos, a tal punto que todas sus obras tenían un monto presupuestado de RD$3.7 mil millones de pesos (US$93.2 millones de dólares) y se le cancelaron pagos por RD$18.6 mil millones de pesos (US$473 millones de dólares), es decir, que se le pagó el 508 % de lo aprobado en la ley No. 294-11, de Presupuesto General del Estado de 2012

Desde el 2002 al 2016 se aprobaron en el Congreso Nacional un total de 22 contratos de préstamos para las diferentes obras contratadas, ejecutadas o en ejecución, por la Constructora Norberto Odebrecht y sus Asociados dominicanos, con un monto total de US$1,899 millones de dólares, representando 7% del total de la deuda del SPNF al 31 de diciembre de 2016 y equivalente al 2.7% del PIB^[1], sin incluir los financiamientos utilizados en determinados años sin la debida aprobación del Congreso Nacional para tales efectos, ni los aprobados para la Central Termoeléctrica a Carbón de Punta Catalina.

Al incluir el financiamiento aprobado para Punta Catalina, la deuda contraída con intervención de Odebrecht se eleva a US$3,132 millones de dólares, equivalente al 4.4% del PIB y una participación del 11.7% del total de la deuda pública del SPNF asl 31 de diciembre de 2016.

La sociedad dominicana se encuentra en una crisis estructural, profundizada por los niveles de corrupción e impunidad, pero que hoy día renace la confianza bajo una amplia articulación social que se moviliza en la Marcha Contra la Impunidad, que nos llena de esperanza, optimismos y reafirmamos que esta vez sí el pueblo vencerá a los corruptos con la movilización permanente en cada municipio, provincia o barrio de nuestro país.

Los ciudadanos/as asumieron con ahínco la lucha contra la impunidad utilizando en cada acción organizada desde lo local a lo nacional e internacional, como identidad y símbolo de esperanza el color verde con la libertar, creatividad que caracteriza nuestras luchas esperanza y anhelos.

Las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas en el movimiento social de fin a la impunidad, consciente de la situación profunda de corrupción, impunidad y complicidades de un entramado delictivo público y privado para drenar el erario, cifra sus esperanza en la movilización y las acciones de construcción de la democracia desde las calles, ante la ausencia de una institucionalidad confiable.

La ciudadanía desconfía y comprende que la “institucionalidad” instalada en el país, en los órganos de control, en el Ministerio Publico con un Procurador General de la República, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con una clara dependencia partidaria al oficialismo que le impide investigar un caso que tiene como sospecho figuras importante de su propia organización.

Los dominicanos y dominicanas participan y han decido acciones en las calle vestidos de verde esperanza, hasta que todos los funcionarios que desde el 2001 a la fecha recibieron sobornos de Odebrecht o participaron en las sobrevaluaciones de obra, o recibieron financiamiento para sus campañas electorales vayan a la Justicia y se sancione de forma ejemplar sus actos delictivos.

Luego de grandes manifestaciones nacionales, provinciales el Movimiento Marcha Verde organizo una gran Marcha del 16 de julio que es considerada por muchos la movilización social o política más grande de la historia nacional. Cerca de medio millón de personas procedentes de las diferentes provincias marcharon en el corazón de la capital y conformaron el mejor escenario posible para señalar al principal responsable político del escándalo de Odebrecht: el presidente Danilo Medina.

Frente a tanta gente y a un discurso tan claro se hizo imposible ignorar una preocupación instalada en la mente y el corazón de miles de dominicanos y dominicanas: el Presidente debe darle la cara al país, desde los tribunales, para responder por su relación con Joao Santana, el financiamiento de su campaña, la asignación del contrato de Punta Catalina y su participación en la gestión de las acciones del Ministerio Público. La denominada “Madre de todas las marchas” es hoy por hoy el referente obligado para medir los niveles de éxito de cualquier gran manifestación social o política que se convoque en el futuro y el Movimiento Verde continua sus acciones por el fin de la impunidad.

[1] PIB 2016 = US$71,614 millones – Fuente: DGCP-BC.

Carlos E. Pimentel F, Gerente del Programa de Transparencia de Participación Ciudadana y miembro del Movimiento Verde