Luis Pásara

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Si en 2011 la primera elección de autoridades judiciales en Bolivia –única en América Latina –constituyó una novedad llamativa, la segunda edición realizada el 3 de diciembre de este año atrajo menos atención, debido a que poco había cambiado en el procedimiento y los actores. Por consiguiente, el resultado fue el mismo que el de hace seis años: con una participación de 84,2% de los electores, votos blancos y nulos rozaron los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011, cuando totalizaron 59,27%. Los votos emitidos por uno o más candidatos descendieron de 40,72% a 34,12%.

Las principales variaciones en este proceso fueron: la participación del sistema universitario boliviano –del que se esperaba que funcionara como un filtro técnico para mejorar la calidad de selección de los candidatos–, la flexibilización de las reglas atingentes a la difusión sobre los candidatos y la participación de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, que como agrupación siguieron de cerca el proceso y formularon observaciones y sugerencias para mejorarlo.

De esos tres cambios, el que mayores resultados produjo en el proceso fue el tercero; en efecto, unas cincuenta organizaciones ejercieron la vigilancia social sobre las diferentes etapas, produjeron información sobre lo que ocurría y propuestas para su desarrollo. La participación de algunas universidades, en cambio, fue motivo de controversia debido a tardanzas y errores en su contribución. Y la autorización legal para que los candidatos aparecieran en los medios de comunicación –manteniéndose la prohibición de que llamaran al voto por ellos–, si se evalúa a la luz de los incrementados votos nulos (50,9%) y en blanco (14,93%), no parece haber mejorado el conocimiento o la imagen de los potencialmente elegibles.

Una variación reglamentaria tuvo, más bien, el efecto de reducir el número de mujeres elegidas a altos cargos del sistema de justicia. En 2011 la mitad de los elegidos fueron mujeres, en aplicación de una exigencia normativa de paridad. En 2017, diez de las candidaturas elegidas correspondieron a mujeres.

Las misiones internacionales que observaron el proceso, centrando sus comentarios en el día de la elección, destacaron la tranquilidad y la ausencia de incidentes. La coordinadora de UNASUR, por ejemplo, Yolima Carrillo, no escatimó elogios. Jan Mathanga, de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB) felicitó asimismo a Bolivia por el proceso, pero deslizó una crítica al notar que existió falta de información en los votantes, que, según dijo, no conocían el contenido de las boletas y no tenían conocimiento de los méritos de candidatos.

Más elaborado fue el informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA, encabezada por quien fuera ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Rafael Correa, Guillaume Long. Luego de una amplia justificación del procedimiento eleccionario para designar magistrados de la cúspide del sistema judicial, el texto destacó la polarización política del mismo. En particular, destacó el peso que pudo tener en esa polarización la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, anunciada cuatro días antes del acto electoral, que permitirá al presidente Morales volver a ser candidato presidencial, luego de doce años de gobierno. La misión elogió “los esfuerzos por dar mayor profesionalismo y rigor a la evaluación de méritos y la experiencia de las y los candidatos”, reconocimiento del trabajo hecho por la Asamblea Legislativa que resulta, cuando menos, controvertible.

En las próximas semanas, 26 magistrados deben tomar posesión de sus cargos en el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. 15 de ellos desempeñaron “cargos de confianza” durante el gobierno de Evo Morales, dos como viceministros. Un magistrado electo en diciembre para integrar el Tribunal Constitucional Plurinacional fue denunciado en septiembre por el gobierno debido a haber dictado, en un caso de escándalo, una sentencia “mínima” en su calidad de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.

Diversos grupos y plataformas impugnaron la elección, a partir del masivo voto nulo y en blanco. Estos grupos ciudadanos, como los partidos de oposición, sostienen que la elección, efectuada por la menor parte de los electores, carece de legitimidad. Los voceros gubernamentales, en cambio, sostienen que la elección ha sido un ejercicio democrático. La legislación boliviana no exige un mínimo de votos válidos para que los resultados tengan eficacia.

Con esta segunda elección de autoridades judiciales, poco ha cambiado, pues, en el panorama de la justicia boliviana y, probablemente, poco ha de cambiar en el futuro inmediato, pese a las promesas de campaña formuladas por algunos de los recién electos. En cualquier caso, a partir de estos dos comicios realizados en el país, la lección que parece surgir para la región es que la elección de autoridades judiciales no conduce a algo mejor.

Luis Pásara, Senior Fellow, DPLF