El síndrome de la depresión constitucional

Miguel Sarre

Hand of business person watering idea tree.

En una lectura que hice hace años, cuya fuente no he podido recuperar, un viejo profesor narraba cómo, en los albores de la Guerra Civil española, no interrumpió sus clases a pesar de que, desde el aula, se escuchaba el detonar las bombas. Pensó entonces que las hostilidades cesarían en algún momento y que si no se preparaba una nueva generación de juristas, no podrían construirse las instituciones democráticas que anhelaba.

Pasaron los años de dictadura franquista y, en la transición, los alumnos de ése y otros profesores que habían enseñado Derecho constitucional, Administrativo y Penal, fueron decisivos en la construcción de la España moderna y democrática.

En México, ante las muertes y desapariciones forzadas por miles, aunada a la impunidad superior al noventa y nueve por cierto en delitos ordinarios, y prácticamente absoluta en delitos cometidos al amparo del poder, secundado todo ello con el debilitamiento de la Suprema Corte y el bloqueo a la creación de una fiscalía general verdaderamente autónoma, me había llegado a sentir inútil en el aula enseñando “los elementos del tipo penal” o sutilezas como la figura del “auxilio omisivo”.

Así, en días pasados me encontraba al borde de un cuadro clínico digno de definirse en algún manual como “síndrome de depresión constitucional”. Fue entonces cuando recibí el reporte escrito de quien, como tarea en el curso de Derecho penal, había entrevistado a familiares de personas presas mientras hacían fila, cargadas de bultos, para ingresar al reclusorio de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.

Con ese ejercicio, en una mañana, alumnas y alumnos de Derecho del ITAM tienen un acercamiento de primera mano, fundamental, a la realidad de la justicia penal en México, desde la detención policial hasta los servicios que faltan y de los abusos que sobran en nuestras prisiones. Algo que ellos muy probablemente nunca experimentarán.

En el caso particular sucedió algo insólito. Al hacerse una reflexión colectiva sobre el curso, en su última sesión, el autor del reporte compartió que, tras su visita “al penal”, decidió volver, pero esta vez, llevó —literalmente— a su padre, un partidario acérrimo de la “mano dura”.

Veinte minutos de diálogo directo con los familiares de “delincuentes” bastaron para cambiar la perspectiva de su progenitor, quien pudo levantar la mirada para considerar entre las causas de la inseguridad, las políticas públicas populistas y la ilegalidad en la actuación de las autoridades.

Una semana antes, según me contó el estudiante, su padre sugería deshacerse de “esa gente” y, considero yo, hubiera apoyado sin reservas la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, como lo han hecho todos los gobernadores, con la excepción de Javier Corral, quien ha demostrado que en la política, como en otras praderas, “los animales fuertes andan solos”.

 

La calamidad nacional tocará fondo cuando alcancemos la masa crítica a partir de verdaderas conversiones y posturas como las narradas, pero ello no bastará; se necesitarán cuadros competentes y conscientes.

Opté entonces por seguir los pasos del viejo profesor español y me apliqué a preparar un examen más para quienes, seguramente, sabrán cómo forjar el Estado de derecho y conseguir la seguridad en nuestro país.

 

Miguel Sarre, Miembro del Consejo Directivo de DPLF,  Profesor investigador del ITAM

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Este es un espacio de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) en el que también colaboran las personas y organizaciones comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Aquí encontrará información y análisis sobre los principales debates y sucesos relacionados con la promoción del Estado de Derecho, los derechos humanos, la independencia judicial y el fortalecimiento de la democracia en América Latina. Este blog refleja las opiniones personales de los autores en sus capacidades individuales. Las publicaciones no representan necesariamente a las posiciones institucionales de DPLF o los integrantes de su junta directiva. / This blog is managed by the Due Process of Law Foundation (DPLF) and contains content written by people and organizations that are committed to the protection of human rights in Latin America. This space provides information and analysis on current debates and events regarding the rule of law, human rights, judicial independence, and the strengthening of democracy in the region. The blog reflects the personal views of the individual authors, in their individual capacities. Blog posts do not necessarily represent the institutional positions of DPLF or its board.

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