Luis Pásara

El proceso de renovación de la Corte Nacional –máxima instancia del sistema judicial– terminó el 21 de noviembre con la designación de siete nuevos jueces, cuatro mujeres y tres hombres, todos jueces en ejercicio en el momento en el que se presentaron al concurso. Terminó así un proceso de cuatro meses, transcurridos desde la convocatoria, que incluyó una evaluación de méritos y dos pruebas, una con setenta preguntas escritas y de respuestas múltiples, y otra que requirió a los postulantes producir una resolución en casación en dos casos reales.

Casi al mismo tiempo que en Ecuador tenía lugar ese procedimiento, en Bolivia se llevaba a cabo el proceso para escoger mediante elección popular a las más altas autoridades del sistema de justicia: el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo Nacional de la Magistratura. Los nuevos jueces de la Corte Nacional ecuatoriana fueron proclamados a fines de noviembre; las elecciones judiciales se realizaron en Bolivia el 3 de diciembre.

La coincidencia puso de manifiesto la diferente repercusión de un proceso y otro. Mientras en Bolivia los medios de comunicación se ocuparon casi a diario del proceso electoral en curso, en informaciones y artículos de opinión, en Ecuador la información sobre la renovación de la Corte Nacional recibió escasa atención de diarios, radio y televisión. Mientras en Bolivia un conjunto de organizaciones de la sociedad civil se organizó para hacer un seguimiento del proceso eleccionario, así como formular observaciones y propuestas respecto a él, en Ecuador solo una ONG –la Fundación Ciudadanía y Desarrollo – hizo un seguimiento del proceso de selección, cuyos datos y hallazgos no alcanzaron mayor resonancia en los medios de comunicación y, por consiguiente, en la atención pública.

Esta falta de interés de los medios se basaba, cuando menos en parte, en la apatía ciudadana sobre el tema, que no fue materia de grandes discusiones o debates concurridos. La razón de esta atmósfera debe adjudicarse principalmente al hecho de que a cargo del proceso estaba el mismo Consejo de la Judicatura que ha sido objeto de cuestionamientos reiterados por servir de instrumento de control político de la judicatura durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa.

Poca expectativa despertó el concurso judicial, pese a la masiva publicidad que en diarios, radio y televisión pagó el propio Consejo de la Judicatura, en un esfuerzo por acreditar su imagen institucional en el contexto de cambios políticos iniciado en mayo de este año, con la toma de posesión del presidente Lenin Moreno.

Otros hechos reclamaban atención pública. De una parte, el proceso judicial contra el ex vicepresidente Jorge Glas –elegido con Moreno pero leal a Correa–, detenido y encausado por asociación ilícita. De otra, la lucha abierta entre las dos facciones en las que se ha dividido Alianza País, el partido que ha gobernado el país durante los últimos diez años: unos alineados con Moreno, los otros, leales a Correa. Frente a esos asuntos, el concurso para designar a los jueces a ratos casi pasó desapercibido.

No obstante, en los círculos mejor enterados se prestó atención a quiénes serían designados. El interés no provenía de la simple curiosidad. Dependiendo de la conformación de las salas de la Corte que se adopte en enero, en ciertos casos de gran trascendencia política –que incluirán casos de corrupción durante el gobierno de Correa– puede que participen algunos de los nuevos jueces.

Una ex diputada, María Paula Romo, se arriesgó en su blog –a comienzos de septiembre, cuando aún no se habían rendido las pruebas– a “pronosticar” nueve nombres resultantes de lo que ella consideraba un concurso amañado. Dos meses y medio después, cuando el Consejo anunció a los siete designados, se comprobó que había acertado en tres de ellos.

En el ambiente académico y profesional, el proceso se siguió, en general, con sospecha. Y la razón expresada por diversos profesores universitarios y líderes del gremio de abogados residía, más que en los pormenores del concurso, en la desconfianza respecto de la entidad y las personas que estaban a cargo del mismo.

No obstante, la designación de Íñigo Salvador Crespo, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y un profesional que disfruta de amplio reconocimiento en el país, como miembro de la comisión de expertos que asistió al Consejo durante el proceso, fue vista con respeto. Pero su participación no borró las dudas existentes respecto del funcionamiento real de los mecanismos presentados como aleatorios, de operación informática, como la asignación de preguntas y de casos a los concursantes.

Estas dudas fueron reforzadas por algunos de los datos que el Consejo de la Judicatura fue presentando conforme se desarrollaba el concurso. Entre ellos, los resultados de la prueba escrita. De un banco de 1614 preguntas, que comprendían todas las áreas del derecho, cada postulante recibió 70. Una comprensible incredulidad surgió cuando, en las listas con los resultados, se comprobó que entre los siete mejor puntuados en esa prueba, cinco habían obtenido el máximo puntaje (35), esto es, no habían cometido un solo error. De esos cinco, en definitiva tres se situaron entre los designados. De estos últimos, otros tres obtuvieron casi el máximo puntaje: 34,5 sobre 35 puntos en la prueba escrita. Los incrédulos apuntaban que o se está ante eminencias en conocimientos jurídicos o algo irregular ocurrió en la asignación de las preguntas.

En la última semana de enero se posesionarán los nuevos jueces, que provienen de ese viejo odre que es el Consejo de la Judicatura. Si por ese origen los siete designados han visto su legitimidad puesta en duda, del desempeño que tengan en la función dependerá que finalmente alcancen la legitimidad que corresponde al alto cargo para el que han sido escogidos. Esto es, que se les conocerá por sus frutos.

Luis Pásara, Sénior Fellow, DPLF