El asesinato de los cuatro periodistas holandeses en El Salvador: Un caso paradigmático de violación a la libertad de expresión

Vladimir Saldaña y Oscar Antonio Pérez
VOCES Diario digital y Fundación Comunicándonos

Foto de periodistas holandeses 

El 17 de marzo de 1982, durante el conflicto armado en El Salvador, cuatro periodistas de nacionalidad holandesa sufrieron uno de tantos ataques realizadas por la Fuerza Armada para sembrar terror y miedo entre la población. Sus cuerpos quedaron tendidos en el césped y junto a ellos las únicas “armas” que le acompañaban: su cámara, plumas y libretas.

El informe de la Comisión de la Verdad, de marzo de 1993, concluyó sobre el caso que “cuatro periodistas holandeses acompañados por cinco o seis miembros del FMLN, algunos de ellos armados, cayeron en una emboscada tendida por una patrulla del Batallón Atonal de la Fuerza Armada Salvadoreña, cuando se dirigían a territorio controlado por el FMLN”, y “que la emboscada fue preparada deliberadamente para sorprender y dar muerte a los periodistas y sus acompañantes; de que la decisión de emboscarlos fue tomada por el Coronel Mario A_ Reyes Mena, Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con el conocimiento de otros oficiales; de que no hubo un enfrentamiento mayor que precediera al tiroteo que dio muerte a los periodistas o fuera simultáneo con él; y, finalmente, de que el oficial nombrado y otros militares han encubierto la verdad y obstaculizado la investigación judicial”.

Su paso por El Salvador

Tras un ataque militar, el municipio de Santa Rita, en el departamento de Chalatenango, al norte del país, se convirtió en el sepulcro para los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen, quienes se dirigían a realizar un reportaje donde entrevistarían a dirigentes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y población civil que sobrevivía a los operativos contrainsurgentes de “tierra arrasada”.

Durante esa época, El Salvador era visitado por diversos medios de comunicación internacional, dada la coyuntura política en la cual el país se encontraba. Se acercaban las elecciones para la Asamblea Constituyente y se vivía una situación de violencia generalizada. Koster, líder del equipo, tenía la misión de realizar un reportaje por encargo de la empresa de televisión del Reino de los Países Bajos, IKON, y para ello formó su grupo con los periodistas Joop, Lassg y Willemsen. Koster era un experimentado periodista que desde hace muchos años trabajaba en América Latina. Después del golpe de estado en Chile en 1973, fue capturado y encerrado como muchas otras personas en la ciudad de Santiago, siendo testigo de la ejecución y desaparición de decenas de personas capturadas por el ejército de Augusto Pinochet.

Koster conocía, como pocos periodistas, la realidad de El Salvador y, al igual que sus tres colegas, sintió la obligación de difundirla en Holanda y el resto de Europa. Conocieron a grandes defensores de derechos humanos, como Monseñor Oscar Arnulfo Romero; Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita asesinado en 1989; y Marianella García Villas, defensora de derechos humanos y fundadora de la organización Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). Comunicar la realidad salvadoreña en ese momento era hablar de cientos de personas desaparecidas, torturadas y asesinadas, como también exponer y dejar al descubierto una farsa electoral que tenía el sello del gobierno norteamericano. Quizás por ello, representantes de la Fuerza Armada y el gobierno salvadoreño acusaban abiertamente a los periodistas de “ensuciar” la imagen del país en el extranjero.

En consecuencia, el Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) conformó una “Lista Negra” con un número de periodistas, tanto nacionales como internacionales, a quienes consideraban non gratos. La lista fue publicada abiertamente con el nombre de 35 periodistas que se encontraban “en la mira” por supuestamente favorecer a la guerrilla salvadoreña.

“A los otros países les interesaba mucho qué era lo que estaba pasando en este país. Era una lucha entre David y Goliat, pero no entendían cómo el más pequeño se enfrentaba cara a cara con el más grande y eso les llamaba la atención. Por eso nos buscaban a nosotros y eso no les gustaba a los otros”, explicó Dagoberto Gutiérrez, ex comandante del FMLN en una reciente entrevista.

Un aviso de muerte

Los periodistas holandeses recibieron el primer anuncio de lo que les sucedería seis días antes de su asesinato. El 11 de marzo de 1982 fueron arrestados por la Policía de Hacienda y llevados a la oficina del Coronel Francisco Antonio Morán, Director General, bajo el supuesto de que, dentro de uno de los bolsillos de un guerrillero asesinado en un enfrentamiento, se había encontrado un papel con el nombre, teléfono y lugar de hospedaje de Koster.

Todos fueron sometidos a fuertes interrogatorios. Por la situación que se vivía, negaron cualquier encuentro y conocimiento con los miembros de la guerrilla, puesto que reconocían que era su vida la que se encontraba en juego. Horas después, fueron liberados, pero junto a su libertad se leía en los titulares de un comunicado de COOPREFA “Periodistas holandeses: contacto de subversivos”, según detalla el informe de la Comisión de la Verdad.

Este aviso, para muchos de sus colegas de la prensa nacional e internacional, no pasó desapercibido ya que implicaba una advertencia clara de que lo mejor era abandonar el país sin demora o, por lo menos, abstenerse de cualquier actividad que no fuera del agrado de la Fuerza Armada.

Luego de ello, surgieron más persecuciones, vigilancias y amenazas. Sin embargo, los periodistas se encontraban comprometidos con su labor y decidieron emprender el camino para seguir con su objetivo comunicacional.

“Koster era una persona muy firme en sus decisiones. Venía al país y luego se retiraba. Se reunía con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de aquel entonces. Koster escogió un grupo que entendía su pensamiento y su compromiso por la justicia”, relató Antonio Hernández, ex miembro de la Comisión de Derechos Humanos fundada en el año de 1977, sobre la personalidad del líder del equipo de periodistas holandeses.

Un crimen de lesa humanidad

En Chalatenango, el grupo de periodistas fue sorprendido por ráfagas de fusiles y ametralladoras que provenían de soldados del ejército, situados a 100 metros de ellos. Los proyectiles impactaron los cuerpos de los cuatro periodistas y los dos acompañantes del FMLN. Sin piedad, el ejército disparó a cuatro personas desprotegidas, declarando en su versión de los hechos que lo hicieron por defensa propia, cuando en el lugar del ataque y tal como lo informa la Comisión de la Verdad solo se encontró su material de trabajo.

La Comisión de la Verdad también señaló dentro de su informe sobre el caso que, conforme a las declaraciones de los oficiales que en ese momento servían en las instalaciones militares de la zona (Cuartel de El Paraíso): “existió una reunión en la que participaron oficiales del Estado Mayor de la Cuarta Brigada, incluyendo a su Comandante el Coronel Mario A. Reyes Mena, y oficiales del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atonal“. Señala, además, que en esta reunión de militares “fue planificada la emboscada. La misión se encomendó a una patrulla del Batallón Atonal que salió del Cuartel El Paraíso a las cinco de la mañana del 17, para evitar ser detectada, y permaneció todo el día en las colinas esperando la llegada del grupo”.

La noticia de lo ocurrido impactó, no solo al pueblo salvadoreño, sino también al Reino de los Países Bajos (Holanda) que reclamaron justicia y reprocharon la impunidad con la cual se manejó el caso por las autoridades salvadoreñas. “Las versiones de la parte oficial salvadoreña son parcialmente poco dignas de fe y discutibles”, señaló el primer informe de la Investigación sobre las circunstancias de los acontecimientos que condujeron a la muerte de los cuatro periodistas, solicitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, con fecha 13 de abril de 1982.

En el numeral II, inciso D del Informe de la Verdad, entre sus conclusiones reza “que existe plena evidencia de que la muerte de los periodistas holandeses, ocurrida el 17 de marzo de 1982, fue consecuencia de una emboscada planeada con anterioridad por el Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, Coronel Mario A. Reyes Mena, con el conocimiento de otros oficiales, en el cuartel de El Paraíso sobre la base de información de inteligencia que les alertó de su presencia y fue ejecutada por una patrulla de soldados pertenecientes al BIRI Atonal, al mando del sargento Mario Canizales Espinoza”.

La indignación y tristeza por parte de los familiares de los periodistas y el mismo gobierno holandés se acentuó a partir de las pocas posibilidades que el gobierno salvadoreño les ofreció para esclarecer los sucesos. A pesar de que en el momento se inició una investigación, esta misma se detuvo en 1988, sin tomar en cuenta que el asesinato violó el derecho internacional penal y el derecho internacional humanitario, que disponen que los civiles no sean objeto de ataques por fuerza militares. Hasta la fecha este caso ha sido relegado por las diversas autoridades del Estado salvadoreño y por el momento no se ha presentado ante la justicia a ningún culpable de la masacre.

35 años después: memoria, verdad y justicia

Con cada vez más fuerza e insistencia, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador, han unido esfuerzos para trabajar en el esclarecimiento de diversos delitos cometidos durante el conflicto armado en El Salvador. Casos emblemáticos como la masacre de El Mozote o el Río Sumpul y otros asesinatos de civiles, entre ellos los de los cuatro periodistas holandeses, buscan encontrar caminos para esclarecer la verdad y hacer justicia, por ellos y por las más de 75,000 personas que perdieron la vida durante dicho conflicto.

La resolución de inconstitucional de la Ley de Amnistía General de 1993 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia abre la puerta para, finalmente, garantizar el acceso a la justicia, a la protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario; sobre todo porque la Amnistía ha sido contraria al derecho nacional e internacional toda vez que impedía la prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a los derechos.

Para el caso de los cuatro periodistas, sus familiares y el gobierno del Reino de los Países Bajos, reclaman memoria, verdad y justicia a las autoridades salvadoreñas. Para ello, en las próximas semanas se presentará una demanda formal contra los implicados en el asesinato de los periodistas, tanto autores materiales como intelectuales, ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esto sin lugar a dudas, viene a abonar a la reapertura del caso que ya la fiscalía ha solicitado, en agosto de 2017, ante el juez del municipio de Dulce Nombre de María en el departamento de Chalatenango.

A pesar de ser un camino complejo y espinoso que ha venido cargando el país durante muchos años, aún después de la firma de los Acuerdos de Paz, es tiempo de adoptar por parte del Fiscal General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad, los jueces, la Policía Nacional Civil y la misma Fuerza Armada, un verdadero compromiso por la justicia y la verdad en el caso del asesinato de los cuatro periodistas holandeses.

Trabajar por judicializar el caso y lograr una condena ejemplarizante es muy importante para sanar heridas que desde hace 35 años siguen abiertas. Igual, será un fuerte mensaje que puede iniciar el rompimiento del velo de la impunidad sobre los crímenes cometidos en contra de periodistas nacionales y extranjeros en el país y la región.

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