Luis Pásara

El presidente Lenin Moreno tomó posesión del cargo en mayo de este año. Habiendo sido vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa en el periodo 2007-2013 y postulado a la presidencia por Alianza País –el partido de gobierno desde 2006–, se le consideró sucesor de Correa. Sin embargo, Moreno se ha distanciado de su antecesor en varios aspectos, hasta el punto que el 1 de noviembre la dirigencia del partido anunció «la pérdida inmediata de su dignidad como presidente del Movimiento Alianza PAIS” y la mayoritaria bancada parlamentaria se dividió en dos sectores, de los cuales el mayoritario responde al presidente Moreno mientras el otro se mantiene leal al expresidente Correa.

¿Cómo afecta esta alteración del mapa político ecuatoriano a la administración de justicia? La pregunta adquiere relevancia dado que el régimen de Correa instrumentalizó el aparato de justicia con objetivos políticos. Y adquiere cierta urgencia debido a que desde fines de julio está en curso un proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia, máxima instancia de la Función Judicial en el país, que sustituirá a fines de año a siete de sus veintiún miembros.

En agosto un grupo de ex jueces denunció que habían sido destituidos por el Consejo de la Judicatura –cuya composición fue reformada durante el gobierno de Correa para darle un claro sesgo político– por haber desatendido exigencias y presiones de altas autoridades de gobierno. A ese señalamiento se sumó la publicación del testimonio de un juez en funciones. La prensa informó a comienzos de septiembre que Ernesto Pazmiño, Defensor Público General del Ecuador, consideraba que lo mejor hubiese sido suspender la selección de los nuevos jueces de la Corte hasta que se aclarasen los cuestionamientos sobre la independencia judicial.

Las arbitrariedades denunciadas y los cuestionamientos planteados ocasionaron una investigación en la Asamblea Nacional, que en el mismo mes de septiembre dispuso la comparecencia del presidente del Consejo, Gustavo Jalkh, ante la Comisión de Justicia, al tiempo de que diversos actores sociales pedían su renuncia. El intento de someter a Jalkh a juicio político no prosperó.

Paralelamente, se han ido produciendo diversas denuncias de actos de corrupción durante el gobierno de Correa, que se multiplicaron a partir de los escándalos de la firma brasileña Odebrecht en América Latina que, según el Procurador General, en Ecuador acumulan sobornos por más de 50 millones de dólares estadounidenses. Como consecuencia de los procesos iniciados en Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glas –elegido en la misma fórmula que el presidente Moreno, pero considerado como hombre de confianza de Correa– fue detenido a comienzos de octubre y acusado en noviembre por asociación ilícita. Según la prensa ecuatoriana, otras diez indagaciones se hallan en curso, comprometiéndose en ellas a ex altos cargos gubernamentales.

Con ese paisaje de fondo se lleva a cabo el concurso para designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional. Según el cronograma dado a conocer, producida la convocatoria el último día de julio, la postulación de los candidatos tuvo lugar en la primera semana de agosto; 268 de ellos fueron considerados inicialmente aptos. Siguieron las entrevistas públicas y las impugnaciones, más el requerimiento de presentar un certificado de aptitud psicológica. Quedaron entonces 192 postulantes en carrera. Vino enseguida la aplicación de una prueba teórica y una práctica, cuyos resultados fueron publicados en noviembre. Superada la actual etapa de impugnaciones a las calificaciones recibidas, los resultados finales serán proclamados.

El proceso de renovación de la Corte ha sido objeto de diversas críticas, que se refieren tanto al plazo corto –de una semana– para la postulación como al hecho de que aparecen como candidatos jueces discutidos por sus actuaciones judiciales durante el periodo del presidente Correa. En particular, se ha observado que está a cargo del proceso el mismo Consejo de la Judicatura que está sujeto a cuestionamientos por su papel durante el gobierno anterior, debido a haberse constituido en el instrumento utilizado por Rafael Correa para el control político de los jueces. Y todo esto ocurre, precisamente, cuando algunos altos cargos de ese gobierno enfrentan cargos ante la justicia.

Al tiempo de que existe en la ciudadanía un reclamo de justicia para sancionar a quien haya actuado indebidamente desde la función pública, hay un sector político en el país que tiene interés en influir sobre los mecanismos judiciales para que eso no ocurra. En relación con esa disyuntiva, la única declaración significativa del presidente Moreno se produjo a comienzos de septiembre, cuando asistió a la inauguración de un edificio de la Función Judicial, junto al polémico presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, a quien dijo públicamente: “Conozco de tu integridad, por eso sé que no podré nunca llamarte para influir en un juicio, jamás influiré en que nadie tome una decisión en contra de la justicia, la ley y la verdad”.

Interpretada esa afirmación como un respaldo, se dedujo que en el ámbito de la justicia la “revolución ciudadana” iniciada hace más de una década tendría continuidad. Pero en los más de dos meses transcurridos desde entonces, el escenario ha ido cambiando y los pesos políticos de los diversos actores se han visto sujetos a modificaciones. Esto hace que el marco en el cual se desarrolla el proceso de renovación de la Corte Nacional esté sujeto a alguna incertidumbre.

Existe el riesgo de que la manipulación política se mantenga en perjuicio de la imparcialidad de la justicia. Pero la ausencia de un grupo claramente dominante del aparato del Estado abre alguna posibilidad –como ha ocurrido en otros países– de un espacio que produzca ganancias en términos de independencia judicial.

Luis Pásara, Senior Fellow, DPLF