César Octavio Pérez Verónica

En el 2007, la LXIII Legislatura del Estado de Jalisco, eligió como nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (Cedhj) a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián (2007-2012). Fue un proceso polémico, particularmente por no tener ningún antecedente o mérito como defensor de derechos humanos a diferencia de algunos/as aspirantes con perfiles idóneos para el cargo y cuyas trayectorias eran públicamente reconocidas.

En el 2012, la LXIX Legislatura local lo reeligió para un nuevo periodo e implementó el mismo “modus operandi” que en el proceso anterior, es decir, no valoró los perfiles de los/as aspirantes, no realizó una consulta pública y mucho menos evaluó su desempeño pese a las críticas de distintos sectores sociales por su pasividad para defender los derechos humanos y su cercanía con el poder público. En ambos procesos los y las representantes populares antepusieron sus intereses partidistas, de grupo y personales, en lugar de elegir a un verdadero Defensor del pueblo.

Durante los diez años de Álvarez Cibrián al frente de la Cedhj (2007-2017), el Legislativo local le triplicó el presupuesto al pasar de 49 millones a 152 millones de pesos aproximadamente, de los cuales el 88% se destinaron a cubrir la nómina de las 299 personas a su cargo, algunas con sueldos de hasta 90 mil pesos mensuales y el suyo, cerca de los 150 mil pesos mensuales. En esa década se agravaron las violaciones a los derechos humanos en Jalisco, donde la violencia e inseguridad se apoderó de la sociedad. El número de personas desaparecidas en la entidad superaron las 3 mil, sin que a la fecha exista una sentencia condenatoria, incluso, el delito de desaparición forzada se tipificó hasta el 2013. En ese mismo periodo se registraron más de 500 quejas por tortura, y tan solo una sentencia condenatoria, no obstante Álvarez Cibrián presume haber emitido 47 recomendaciones, pero ninguna se encuentra cumplimentada.

En una década la Cedhj se caracterizó por su pasividad para defender los derechos humanos; el despilfarro de los recursos públicos y su creciente nómina burocrática, más parecida a una gran “agencia de colocaciones” que a un interés legítimo por promover y proteger los derechos humanos. No conforme, Álvarez Cibrián publicó unos meses antes de concluir su segundo periodo“Una década de derechos humanos en Jalisco 2007-2017”, sus supuestas “memorias” pero que más bien resultan ser un recuento de informes anuales, trata de presumir lo que consideró fue la “defensa” de las víctimas, su supuesta “incidencia” en políticas públicas, su “vinculación” con organizaciones de la sociedad civil y el “culto” a su personalidad, entre otras ilusiones. Huelga decir que esa publicación fue con cargo a las y los contribuyentes.

Frente a la fuerte crisis marcada por la espiral de violencia e inseguridad y la arraigada impunidad en Jalisco y en el marco del proceso de elección para sustituir a Álvarez Cibrián el 1 de agosto de 2017  diversas organizaciones decidimos realizar un esfuerzo por generar elementos y materiales de análisis sobre la importancia de la figura del Ombudsperson en un Estado democrático y de derecho, precisamente para que la LXI Legislatura local y su Comisión legislativa de derechos humanos, no incurrieran en los mismo errores jurídicos, políticos y éticos de las anteriores.

Teniendo la experiencia de los diez años de simulación que jugó la Cedhj, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd), I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), elaboraron un documento denominado Perfil Ideal para el cargo de presidente/a de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 2017-2022, cuyo propósito fue proporcionarle de elementos jurídicos, políticos, sociales, legislativos y éticos a la LXI Legislatura para que sus integrantes realizaran un proceso electivo ejemplar y generaran un voto fundamentado y razonado basado en principios democráticos, donde prevalecieran los méritos, las capacidades, las habilidades y las cualidades de las y los aspirantes a presidir la Cedhj.

Las organizaciones realizaron una serie de actividades para promover el Perfil Ideal, empezando con su entrega física el 12 de julio de 2017 a cada diputado/a, acompañado de una carta en la que se les expresaba algunos puntos de preocupación, especialmente la ausencia del procedimiento de la consulta pública a que se refiere el artículo 10°, fracción VI de la Constitución del Estado de Jalisco:

1. Para la designación de su Presidente y de los consejeros ciudadanos, deberán satisfacerse los requisitos y observarse el procedimiento que determine la ley, basado en un proceso de consulta pública, que deberá ser transparente […]” (Énfasis agregado)

Posteriormente, el 19 de julio le enviaron un carta a la presidenta de la Comisión legislativa de derechos humanos para expresarle más dudas relativas al proceso, entre ellas, conocer los criterios de evaluación que utilizarían para dictaminar la lista de aspirantes.

Se destaca la participación de organizaciones, instituciones públicas y privadas, colectivos, académicos/as y a título personal, en su gran mayoría apoyando a determinados/as aspirantes, replicando en algunos casos a prácticas partidistas-electorales. Incluso, pasaron por alto la ausencia de los lineamientos para llevar a cabo la consulta pública, la metodología del proceso de entrevistas y evaluación y  el perfil ideal para ocupar la alta encomienda que significa ser un/a defensor/a del pueblo.

Pese a que ya algunos/as diputados/as se habían decantado por una de las aspirantes, incluso, antes de conocer el registro final de los/as 29 candidatos/as, la clase política jalisciense representada en el Poder legislativo estatal, y ante la falta de garantías de un proceso responsable y transparente como el propuesto en el Perfil Ideal, designó hasta la tercera ronda de votación al nuevo presidente de la Cedhj, cuyo nombre, por cierto, no apareció en la primera ronda de votación. La designación de Alfonso Hernández Barrón como presidente de la Cedhj, donde se ha desempeñado en los últimos 10 años como Visitador general, sin duda, fue un acuerdo entre la clase política de Jalisco.

Considero que ni la sociedad civil partícipe en este proceso ni los partidos políticos representados en el Congreso local, permitieron tener un proceso transparente, participativo y abierto, donde fueran determinantes los méritos éticos y profesionales del o la aspirante, suficientes para atender los desafíos que implica ser un ombudsperson en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos en Jalisco.

César Octavio Pérez Verónica, Director Ejecutivo de CEPAD