Daniel Kempken*

La corrupción es un factor de inestabilidad en todo el mundo que sólo puede combatirse con un poder judicial independiente. La implementación de los enfoques prometedores dela Convención de la ONU contra la Corrupción (CNUCC) debería ser reforzada por la comunidad internacional. Para ello, se puede aprovechar una próxima sesión especial de la Asamblea General de la ONU que abordará la lucha contra la corrupción, así como la 9ª Conferencia de los Estados Parte de la CNUCC.

La Convención de la ONU contra la Corrupción marca el rumbo

En el derecho internacional, la conexión entre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un poder judicial independiente y con integridad está estipulada en el artículo 11 de la CNUCC, que ha sido ratificada por 181 estados. El Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados no se cansa en señalar que la lucha contra la corrupción y la independencia del poder judicial deben ir de la mano. En las normas de aplicación del artículo 11 de la CNUCC y en los comentarios sobre la Convención, se exige a los Estados Parte procedimientos objetivos de selección de jueces, así como normas de integridad y transparencia. Entre los aspectos más importantes están además la protección contra la remoción, la remuneración adecuada y la seguridad personal de los jueces y juezas.

Para poner en práctica lo que establece la CNUCC, habría que insistir todavía más en esa conexión inseparable entre la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la independencia e integridad del poder judicial. En el marco de la cooperación internacional, hay que plantear con mas fuerza esta conexión.

Ejemplos de una buena implementación de la CNUCC se dan cuando el fortalecimiento del poder judicial y la lucha contra la corrupción están incluidos en el mismo proyecto.

Entre las diversas iniciativas prometedoras dentro de la comunidad internacional, hay buenos ejemplos de parte de la Cooperación Alemana. Son proyectos que siguen la Estrategia Interministerial para el Fomento del Estado de Derecho del Gobierno alemán del año 2019.

El proyecto de la Cooperación Alemana (GIZ) financiado por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores (AA) para promover el Estado de Derecho en los países del «Triángulo Norte» de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras- no solo se enfoca en la independencia del poder judicial; la lucha contra la corrupción desempeña un papel fundamental. Así, entre otras cosas, dudosas absoluciones en procesos de corrupción son analizadas por renombrados abogados y abogadas en eventos públicos. El enfoque del proyecto se debe particularmente a la constatación de que la corrupción es una de las principales causas de la violencia, la inestabilidad en la región y la migración masiva por dificultades económicas.

El proyecto regional del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo / Cooperación Alemana (BMZ/GIZ) para promover el Estado de Derecho y la justicia en África también incluye un componente transnacional a gran escala sobre la integridad judicial, así como seminarios regionales sobre la lucha contra la corrupción. En Ghana se lanzó la aplicación «Eye on Corruption» (Ojo en la corrupción) junto con la Unión Panafricana de Abogados. 

Cinco formas en que la promoción del Estado de derecho puede también combatir la corrupción

Cómo y en qué combinación pueden funcionar mejor las diversas medidas para promover la independencia judicial y prevenir la corrupción depende de los diferentes sistemas judiciales y culturas jurídicas. Los aspectos de la carrera judicial, la integridad judicial, la transparencia y la voluntad política suelen ser de especial importancia. 

1) Se necesitan criterios objetivos en la selección de jueces y juezas

Es necesario garantizar o crear una carrera judicial libre de corrupción, en la que sólo sean determinantes los méritos, evaluados con criterios objetivos como la aptitud, la integridad, la confiabilidad y la capacidad. En la selección de los jueces hay que encontrar un procedimiento que excluya tanto la influencia política como la de grupos de interés o incluso del crimen organizado.

2) Se deben actualizar las normas de integridad judicial

La independencia judicial y la integridad son dos hermanos que deben estar siempre juntos. Lo ideal es que estos dos principios se refuercen mutuamente para evitar así los peligros de la corrupción en los sistemas judiciales. Con los llamados Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, se ha establecido un conjunto internacional de normas de integridad judicial. Además de la independencia y la integridad, sus elementos centrales son la imparcialidad, la decencia, la igualdad de trato, la competencia y la diligencia. Los Principios de Bangalore deben actualizarse, especialmente en cuanto a la digitalización de los sistemas judiciales, el uso de los medios sociales por parte de los jueces y la creciente importancia de la variable de género en la justicia. El Judicial Integrity Group[1], formado por juezas y jueces de altas cortes de todos los continentes, se ha dedicado a esta tarea.

3) La transparencia puede generar confianza en las reformas judiciales

La gente debe confiar en las reformas judiciales. Ciudadanos y ciudadanas deben poder comprobar por sí mismos que los tribunales están adquiriendo mayor independencia y mayor integridad. Esto puede lograrse mediante la creación de observatorios de la sociedad civil. Es fundamental establecer medidas de transparencia para la ciudadanía. Las misiones internacionales contra la corrupción y la impunidad que se establecieron en Centroamérica (CICIG y MACCIH), han demostrado que la sociedad civil es capaz de exigir eficazmente al estado reformas judiciales y procesamientos penales. Organizaciones de la sociedad civil con conocimiento profesional también deberían participar en los procesos de reforma judicial para garantizar que la independencia y la reducción de la corrupción vayan realmente de la mano.

4) El diálogo político debe formar parte de reformas judiciales

En la medida en que las reformas judiciales se lleven a cabo con apoyo internacional, los proyectos no deben tener un carácter puramente técnico o de asesoramiento. Al fin y al cabo, hay que reconocer que en el fondo se trata de una intervención en un sistema político existente y de un cambio en el comportamiento de las personas. Por lo tanto, es necesario un diálogo político bien fundado y una diplomacia adecuada. Los estados amigos, los donantes aliados y las instituciones internacionales deben dar a los proyectos un paraguas político del más alto nivel posible. Esta tesis también se ve respaldada por los resultados del trabajo de la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras: ambas misiones solo fueron exitosas mientras contaron con el apoyo del gobierno estadounidense que domina el diálogo político con Centroamérica.

5) La cooperación con las contrapartes del proyecto debe tener como objetivo crear una masa crítica de juristas íntegros

Las capacitaciones sobre los Principios de Bangalore y/o las normas nacionales de integridad deben ser diseñadas por juristas reconocidos que encarnen estos principios éticos. Entre los participantes de las capacitaciones deberían estar algunas personas que ya actúan de forma ejemplar, precisamente en contextos problemáticos.

A la hora de seleccionar a las contrapartes del proyecto, también es importante, mediante un cuidadoso análisis de la situación, identificar juristas influyentes e íntegros para reforzarlos. Hay que esforzarse por crear una masa crítica de integridad que sea capaz de influir positivamente el sistema existente. Los programas de capacitación e intercambio también pueden ser útiles como medidas de fomento de confianza en el caso de personas influyentes que en un principio están más interesadas en mantener un status quo abierto a la corrupción. En su caso, el objetivo es crear un cierto nivel de confianza y convencerles para que toleren las iniciativas de reforma.

Se debería hacer un mayor uso de la Convención de la ONU contra la Corrupción

Proyectos futuros deberían orientarse más hacia la CNUCC. No sólo establece claramente el vínculo inseparable entre la lucha contra la corrupción y un poder judicial independiente e íntegro; al ser vinculante en virtud del derecho internacional, la Convención es una espada afilada para la implementación de medidas concretas.

La comunidad internacional y los países donantes deberían trabajar con contrapartes íntegras en los propios sistemas judiciales, así como con organizaciones de la sociedad civil. De este modo, los procesos de cambio pueden iniciarse simultáneamente desde varios frentes. Los proyectos de la Cooperación Alemana mencionados anteriormente son buenos ejemplos de este enfoque.

Se debería aprovechar las oportunidades actuales que se abren para la cooperación internacional

No se puede negar que la independencia del poder judicial ha sido cuestionada en los últimos años, incluso en algunos países europeos. Al mismo tiempo, Transparencia Internacional pinta un panorama sombrío del estado de la percepción de la corrupción en todo el mundo. Pero también hay motivos legítimos para la esperanza. El plan de la nueva administración estadounidense para la seguridad y la prosperidad en Centroamérica se parece mucho a la Alianza para la Prosperidad de la administración Obama/Biden que hizo posible los éxitos de las misiones contra la corrupción y la impunidad CICIG y MACCIH. El Plan Biden/Harris hace aún más hincapié en el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Esto hace posible nuevas misiones internacionales. Esta política debería ser apoyada internacionalmente.

Otro aspecto positivo son iniciativas como el Diálogo Anticorrupción de la Unión Africana, que también ha abordado la cuestión de los sistemas de justicia. Además, está prevista una sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre la lucha contra la corrupción (UNGASS) en junio de 2021. Será la primera sesión especial sobre este tema en la historia de la Asamblea General. Por su parte, la 9ª Conferencia de los Estados partes de la CNUCC tendrá lugar en diciembre de 2021. Es recomendable esforzarse para que la independencia y la integridad del poder judicial se aborden como cuestiones clave en estos procesos.

*Consultor independiente en temas de Estado de derecho y anticorrupción. De 2017 a 2019, fue Jefe de la Unidad de Gobernanza, Democracia y Estado de Derecho en el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Previamente desempeñó varias funciones en la cooperación y la diplomacia del gobierno alemán.

Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

[1] Para mas información sobre su trabajo ver: https://judicialintegritygroup.org. Ver también: https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/session1/contributions/Judicial_Integrity_Group_-_UNGASS.2021.Bangalore_Principles_of_Judicial_Conduct.pdf