Santiago Martínez Neira*
La independencia del Poder Judicial en Venezuela está profundamente erosionada y su reconstrucción institucional es urgente. En estas líneas, se van a reconstruir algunos sucesos clave que han minado la independencia judicial y han hecho que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se convierta en un instrumento político del oficialismo y un actor fundamental para su permanencia indefinida en el poder.
Luis Pásara*
A partir del mes de julio, una avalancha de audios –escuchas telefónicas grabadas por la fiscalía con autorización judicial– inundaron a Perú de conversaciones entre jueces, asesores, abogados y políticos, que revelaron una red de conexiones para nombrar y ascender jueces, y para archivar casos o inclinar sentencias. El asombro ciudadano fue administrado dosificadamente: las grabaciones se hicieron públicas, día tras día, por una acreditada ONG –el Instituto de Defensa Legal, que anunció haberlas recibido anónimamente–, pese a que hubo fiscales que intentaron secuestrar las grabaciones para impedir su difusión.
Equipo DPLF
Durante las últimas semanas, se han hecho públicos graves actos de corrupción judicial en el Perú, a partir de interceptaciones telefónicas ordenadas judicialmente. Hasta el momento, ello ha generado la remoción de todos los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la detención preliminar del ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y otros implicados en una red de corrupción, la suspensión provisional de un magistrado supremo, la renuncia del Presidente del Poder Judicial, el pedido de renuncia del nuevo Fiscal de la Nación por parte de diversos sectores, entre otras dramáticas medidas. Se trata de una crisis institucional de la justicia solo comparable a la que el Perú vivió a fines del año 2000 a partir de los tristemente recordados “vladivideos”.
Claudia Escobar*
La corrupción es una plaga que afecta a todas las instituciones del Estado. Ocurre cuando un empleado público antepone sus intereses personales a la función publica e incumple con la obligación de actuar en favor del bien común. El sistema de justicia no es inmune a este fenómeno. Los jueces y magistrados, los fiscales y los empleados del sector pueden ser sujetos activos de acciones que se configuren como delitos relacionados con corrupción, tales como el soborno, el tráfico de influencias, el prevaricato, etc.
By Ramiro Orías
DPLF Fellow
The Judiciary in Panama is in the midst of a serious and prolonged crisis. While it is not new, it has worsened noticeably within the past year due to reports of corruption, back-and-forth accusations, and power struggles among the Justices of the Supreme Court (CSJ). These events have led to a climate of institutional destabilization and the low public credibility of the Court, which has lost the political leadership it should possess.
