Ursula Indacochea*

Entre el 2018 y 2019, se han elegido Fiscales Generales en varios países latinoamericanos. Pero quizás no exista designación más importante para la persecución criminal de la corrupción trasnacional, que la elección del Procurador General de la República del Brasil. La extensión y profundidad del caso de corrupción más grande de la región, el caso Lava Jato, ha mostrado las limitaciones de las instituciones domésticas de los 12 países afectados para acceder a evidencia fundamental. Pese a los cuestionamientos que pesan sobre él, la cooperación del Ministerio Público brasilero con sus pares de la región ha sido importante para compartir información y permitir el interrogatorio a individuos que ostentaban posiciones clave en la estructura criminal trasnacional, y ha permitido empezar a armar este gran rompecabezas. La actual titular, Raquel Dodge, finaliza su mandato en septiembre de este año, y su reelección no está descartada.

Como en muchos otros países, en Brasil la designación del Fiscal o Procurador General está a cargo del titular del Ejecutivo, y debe ser confirmada por el Senado Federal por mayoría de sus miembros (Art. 128.1 de la Constitución Federal). Un rasgo que hace sumamente interesante este proceso, es un mecanismo informal que desde 2001, ha sido promovido e implementado por la Asociación Nacional de Procuradores de la República (ANPR): la presentación ante el Presidente, de una terna elegida por votación directa de todos los miembros del Ministerio Público Federal. Mil trescientos procuradores y procuradoras votan en esta elección, que se ha convertido con el tiempo, en una costumbre consolidada que también se replica en las procuradurías estatales.

Desde 2001, la ANPR lanza una convocatoria pública para la conformación de esta terna. Cualquier procurador o procuradora de carrera, mayor de 35 años, puede presentar su candidatura, aunque no sea afiliado de la ANPR. El Comité Electoral de la ANPR organiza debates públicos entre los/as aspirantes sobre temas como Estructura Interna de la Procuraduría General, Administración, Relaciones Interinstitucionales, etc., en distintas ciudades del país, cuyas reglas de conducta son aprobadas en una reunión con los propios candidatos/as o sus representantes, y transmitidas a la ciudadanía vía webcast, con la posibilidad de que el público formule preguntas por escrito.

Luego de la jornada electoral, las tres personas más votadas se incluyen en la lista, que luego es presentada por la ANPR al Presidente de la República. Desde el 2003, todos los Presidentes han designado al primer nombre de esa lista, con excepción de la designación de la actual titular Raquel Dodge, que ocupaba la segunda posición.

Ciertamente, nada vincula jurídicamente al Presidente a elegir a uno/a de los integrantes de la terna. La Constitución solo le impone elegir a un fiscal de carrera que cumpla el requisito de edad. Pero el escrutinio previo por parte de sus propios pares durante el proceso deliberativo, y el liderazgo que les otorgan los votos de los miembros de su propia institución, son rasgos resaltados por la ANPR, que defiende esta práctica como una expresión de la democracia interna y le atribuye haber garantizado la independencia del Ministerio Público Federal a lo largo de los años.

El actual proceso ante la ANPR ya se encuentra en curso, y se desarrolla rodeado de inquietud y zozobra. Muchos temen que el Presidente Jair Bolsonaro no respete la tradición, y designe al nuevo Procurador/a directamente y por fuera de la terna, después de que declarara públicamente que no elegirá a una persona que tenga “sesgos ideológicos”. El Presidente de la ANPR, José Robalinho, ha tratado de calmar las aguas, y ha declarado públicamente que no tiene ningún indicio de que esto vaya a suceder. Existen actualmente 9 candidatos y una candidata en carrera ante la ANPR, y la primera fecha del debate público se realizó el 20 de mayo pasado, en la ciudad de Belem do Pará.

A eso hay que agregarle que el Procurador General Adjunto, Antonio Augusto Brandão de Aras, decidió candidatear “por fuera” del mecanismo de la ANPR, al que ha criticado por “promover el intercambio de promesas por votos” y al que considera un modelo “sindicalista” que adolecería de los mismos vicios de la política partidaria en Brasil.

De otro lado, la reelección de Raquel Dodge, la actual Procuradora General, tampoco está descartada. Dodge no ha presentado su candidatura ante la ANPR, y por lo tanto, no aparecería en la terna. ¿Significa este gesto, que no desea continuar en esa posición, o es un desaire al respaldo de sus pares? Rodeada de mucha especulación, Dodge se ha mantenido en silencio, y el Presidente podría reelegirla directamente. Se trata, al fin, de una persona que en 2017, recibió el apoyo del gremio.

La elección del próximo/a titular del Ministerio Público Federal de Brasil pondrá a prueba la costumbre, y someterá a debate sus debilidades y riesgos, así como sus bondades. Con todo, el ejercicio de un debate público entre candidatos/as, es una práctica poco común en América Latina, y podría ser replicada por otros mecanismos, sin estar necesariamente vinculada a una elección gremial. La votación final de la ANPR esta programada para el 18 de junio, y mientras tanto, la ANPR seguirá realizando su mejor esfuerzo por mostrar la mejor cara de esta práctica, que podría quedar interrumpida por primera vez en casi dos décadas.

*Coordinadora del Programa de Independencia Judicial de DPLF

Foto: Edificio de la Procuraduría General de la República de Brasil/Wikimedia Commons