Elección del próximo fiscal de la CPI: ¿Pueden las normas internacionales ser una fuente de inspiración?

Maïté De Rue

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en International Justice Monitor el 21 de agosto, 2020. Dado que la elección del próximo Fiscal de la CPI es inminente, creemos que es importante recordar los estándares internacionales que pueden ser una guía útil para la elección de los Estados parte.

Con la publicación del anuncio de la vacante para el cargo del próximo Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a principios de agosto del año pasado, parecía apropiado revisar las normas internacionales existentes que rigen el proceso de nombramiento de los fiscales jefes o altos fiscales. Si bien estos estándares se desarrollaron para contextos nacionales, podrían brindar orientación al Comité de Elección del Fiscal y al panel de expertos sobre cómo realizar sus tareas, así como a la Asamblea de los Estados Partes (AEP) al tomar su decisión final en diciembre de 2020.

Numerosos organismos internacionales y regionales, como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Europea y el Consejo de Europa, han destacado recientemente la necesidad de garantizar la autonomía de los fiscales y las fiscalías, que se consideran un componente fundamental de los sistemas de justicia. Los fiscales autónomos, que están dispuestos a investigar y emprender acciones legales independientemente del estatus o poder que los sospechosos puedan tener en la sociedad, juegan un papel clave en el fortalecimiento del estado de derecho. La estructura, función y papel de los servicios de las fiscalías varía de un estado a otro. Sin embargo, las características y valores comunes caracterizan el estatus profesional y los estándares éticos que rigen la conducta de los fiscales, y la expectativa de que desempeñen sus funciones de manera justa e imparcial es clave.

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La elección del Procurador General de la República en Brasil: Una costumbre a prueba

Ursula Indacochea*

Entre el 2018 y 2019, se han elegido Fiscales Generales en varios países latinoamericanos. Pero quizás no exista designación más importante para la persecución criminal de la corrupción trasnacional, que la elección del Procurador General de la República del Brasil. La extensión y profundidad del caso de corrupción más grande de la región, el caso Lava Jato, ha mostrado las limitaciones de las instituciones domésticas de los 12 países afectados para acceder a evidencia fundamental. Pese a los cuestionamientos que pesan sobre él, la cooperación del Ministerio Público brasilero con sus pares de la región ha sido importante para compartir información y permitir el interrogatorio a individuos que ostentaban posiciones clave en la estructura criminal trasnacional, y ha permitido empezar a armar este gran rompecabezas. La actual titular, Raquel Dodge, finaliza su mandato en septiembre de este año, y su reelección no está descartada.

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