Reciente Reforma de Justicia Militar en Brasil: volver a juzgar delitos comunes contra civiles, serio retroceso para la democracia en América Latina

David Lovatón Palacios, Profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y consultor en DPLF

Português

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El pasado 16 de Octubre del presente año, el Presidente del Brasil, Michel Temer, puso en vigencia una modificación al Código Penal Militar aprobada recientemente por el Parlamento de ese país. Dicha reforma permite a la justicia militar brasileña volver a juzgar a militares acusados de crímenes comunes (como homicidio) perpetrados contra civiles, en el marco de operaciones de seguridad interna. Si bien en la actualidad el único Estado en el que las Fuerzas Armadas vienen cumpliendo labores de orden interno es Rio de Janeiro, la reforma legal es de carácter general y, por ende, a futuro podría aplicarse a otros Estados brasileños en los que las Fuerzas Armadas asuman labores de seguridad interior.

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Cooptación del Estado, tragedia ambiental y olvido: Los ingredientes de la minería en Brasil

Daniel Cerqueira, Oficial de Programa Sénior, DPLF

Letícia Aleixo, orientadora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Minas Gerais y asesora técnica de la Fundación Ford en el Caso Samarco

Publicado originalmente en  Global Americans

English  Português

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El 5 de noviembre de 2015, Brasil protagonizó la peor tragedia ambiental de su historia. Dos embalses de una mina de hierro de la empresa Samarco S.A.—empresa asociada a BHP Billiton y Vale— colapsaron, dejando un rastro de destrucción sin precedentes. La tragedia tuvo lugar en Mariana, en el corazón del estado de Minas Gerais, cuya historia siempre estuvo marcada por la minería. El desecho convirtió a los poblados de Bento Rodrigues y Paracatu, en la zona rural de Mariana, en ciudades fantasmas. Varios manantiales fueron sepultados y el Río Doce—uno de los principales corredores hídricos del sureste brasileño—se convirtió en un mar de lodo de aproximadamente 850 kilómetros atravesando desde el este de Minas Gerais y el estado de Espíritu Santo, alcanzando finalmente a la isla de Arbolaos.

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Brasil, ¿sucursal de Venezuela?

Daniel Cerqueira, Oficial de Programa Sénior DPLF

Artículo publicado originalmente en  Open Democracy

 English /Português

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Los pueblos indígenas y quilombolas de Brasil enfrentan retrocesos propios de países sin estado de derecho. Su única esperanza es el Poder Judicial.

Ausencia de elecciones libres, criminalización de las voces críticas al gobierno, represión sistemática de manifestantes y Poder Judicial inoperante frente a los abusos del gobierno. Estas son solamente algunas de las razones por las que Venezuela merece el rótulo de dictadura. Mientras allá la ruptura de la democracia afecta a la población en general y a los pueblos indígenas en particular, en Brasil los pueblos indígenas y quilombolas están sujetos a atropellos institucionales y a una oleada de violencia e impunidad propias de un país sin estado de derecho.

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Anti-indigenismo brasileño

Daniel Cerqueira, Oficial de Programa Sénior DPLF

Erika Yamada, representante de América Latina y el Caribe en el Mecanismo de Peritos sobre Derecho de los Pueblos Indígenas de la ONU

Publicado originalmente en Open Democracy 

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En memoria del ex Ministro de Justicia, José de Alencar

Además de político y abogado constitucionalista, Michel Temer suele escribir poemas, algunos de los cuales han sido publicados en el libro Anônima Intimidade. Antes del actual presidente, otros ya se habían arriesgado en el arte de las letras. En 1980, el entonces senador José Sarney pasó a ocupar la silla Nro. 38 de la Academia Brasileña de Letras, muy a pesar de las dudosas habilidades literarias advertidas por el célebre escritor Millôr Fernandes.

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¿Hay razones para celebrar el 9 de agosto de 2016 en América Latina?

Daniel Cerqueira

Oficial de Programa Sénior de DPLF

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En 1994, la Asamblea General de la ONU eligió el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde entonces, jefes de Estado y altas autoridades siguen el ritual iniciado por la ONU y participan de solemnidades para homenajear a los pueblos indígenas. Organismos internacionales realizan sesiones especiales y sus comités especializados emiten comunicados para recordar los derechos de los pueblos indígenas. Aunque dicha costumbre es replicada desde hace varios años en los países de América Latina, no hay muchas razones para celebrar el 9 de agosto este año.

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Audiencias de custodia disminuyen el uso de la prisión preventiva pero muestran problemas estructurales en el sistema de justicia brasileño

Por: Mirte Postema

Encabezó el Programa de independencia judicial de DPLF entre el 2009 y el 2015. Actualmente es Fellow para derechos humanos y reforma de la política criminal y carcelaria en las Américas en el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford 

Publicado originalmente en  ilg2.org

English version

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La prisión preventiva debe ser una medida excepcional. De acuerdo al sistema interamericano de derechos humanos (compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica), un Estado sólo la puede aplicar por propósitos procedimentales, es decir, cuando hay un riesgo de que el acusado pueda escapar (y que, por ende, no pueda seguirse el proceso judicial) y/o cuando la investigación o las diligencias puedan ser afectadas. Incluso en estas situaciones —que deben ser corroboradas con hechos y no suposiciones— la aplicación de la prisión preventiva debe ser necesaria, limitada, proporcional y revisada periódicamente. La mera existencia de indicios de culpabilidad del acusado no es suficiente para la aplicación de la prisión preventiva.

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La amenaza a los derechos de los pueblos étnicos sigue en el año de 2016 en Brasil

 

Por: Liana Amin Lima

Abogada especialista en Derecho de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras. Candidata a Doctorado en Derecho Socioambiental por la Pontifícia Universidad Católica de Paraná, Brasil.

 

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Foto: Manifiesto del movimiento indígena en rechazo a la PEC 215 en el Congreso brasileño. Brasilia, diciembre de 2015. Fuente: www.conferenciaindigenista.funai.gov.br.

El año de 2015 terminó para los pueblos étnicos de Brasil con la participación de líderes y lideresas en la COP-21 en Paris, donde denunciaron las contradicciones del gobierno brasileño en la articulación del Acuerdo del Clima. Brasil no está haciendo su “deber de casa” en relación con la conservación de las áreas protegidas (resguardos indígenas, territorios colectivos y unidades de conservación) frente a las violaciones de derechos por la construcción de hidroeléctricas en la región amazónica. Igualmente, denunciaron los recientes retrocesos legislativos, entre ellos, la promulgación de la nueva Ley de Acceso y Uso del Patrimonio Genético y Conocimientos Tradicionales (Ley n. 13.123, de 20 de mayo de 2015) que reglamenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La promulgación de esta ley se hizo sin el consentimiento previo, libre e informado, violando dicha garantía constitucional en perjuicio de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

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