Publicado originalmente por Calle Constitución

Autora: Ursula Indacochea*

Hace apenas unos días, los países miembros de la OEA eligieron a 4 nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a 4 nuevos jueces de la Corte Interamericana. La gran expectativa de la sociedad civil internacional sobre este importante “recambio” en la composición de los dos órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH), ambos con 7 miembros, contrastó con la falta de interés de los Estados, reflejada en el escaso numero de candidaturas, y en la negativa de organizar un foro público con los candidatos y candidatas. El constitucionalista peruano, Francisco Eguiguren Praeli, salió elegido. No le viene una tarea fácil.

Durante la elección, las organizaciones de la sociedad civil evidenciaron claramente sus expectativas. Exhibieron en silencio, carteles que exigían “independencia”, “idoneidad”, “equidad”, “respeto”, haciendo referencia al perfil de comisionado y juez que debía buscarse en los candidatos. Se trataba de un pedido a los Estados –en voz baja pero firme- de compromiso con la protección de los derechos humanos. Una exigencia de coherencia con el discurso de fortalecimiento del sistema. Un llamado a demostrar la legitimidad de la elección, escogiendo a los mejores.

Como lo señala el Informe Final del Panel Independiente para la Elección de Comisionados y Jueces Interamericanos[1], aunque los titulares de los derechos humanos son personas, la protección de estos derechos no sólo interesa a las víctimas individuales, sino a la comunidad en su conjunto –en este caso, a la comunidad de los países de la región-. Es por ello que una mala o una buena elección, nos interesa, nos afecta e involucra a todos.

Eguiguren Praeli, en sus primeras declaraciones luego de la elección, ha tenido un gesto de independencia, al señalar que “frente a un caso concreto, uno tiene que decir sin apasionamientos si hubo o no violación a los derechos humanos”. Y hay que resaltar esa frase – “sin apasionamientos”- , ya que es precisamente eso lo que algunos políticos suelen manifestar públicamente, cada vez que la Comisión o la Corte emiten una decisión que declara que el Estado peruano violó algún derecho garantizado por la Convención Americana y que no les agrada.

Casos sensibles para el Perú, como Chavín de Huantar, o el reciente Informe de Fondo de la Comisión en el caso Gloria Beatriz Jorge López y otros, referido a 63 personas procesadas y condenadas por terrorismo, han sido la excusa perfecta para atacar al SIDH desde algunos sectores políticos, en especial a la Comisión. Eguiguren Praeli parece estar consciente de ello. “Los políticos no deben generar falsos patriotismos”, dijo.

El futuro comisionado peruano parece también entender que inicia su período en un contexto especial. Ha concluido un largo Proceso de Fortalecimiento que supuso una profunda reflexión acerca del funcionamiento de la CIDH, así como la reforma de su reglamento, políticas y prácticas, a inicios del año 2013. Iniciará sus labores en un contexto en que dicha reforma debe consolidarse y la Comisión fortalecerse. Pero además, coincide con un momento político en que el nuevo Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, ha planteado la necesidad de reflexionar sobre el presente y el futuro de la misma organización[2]. Al responder al Panel Independiente sobre los desafíos del SIDH en este contexto, se mostró convencido de la necesidad de un diálogo sincero entre los Estados, los órganos del sistema, y las organizaciones de la sociedad civil, para este propósito.

De esta manera, Eguiguren –así como los nuevos comisionados y jueces interamericanos- deben enfrentar importantes desafíos. Ahora que nuestro país ha aportado a la Comisión uno de sus mejores cuadros, la coherencia exige que el Perú mantenga un constante respaldo al sistema. Que nuestra política exterior sea firme en la defensa de la Comisión y de la Corte, y que los derechos humanos queden a salvo y fuera del juego de la política.

Este compromiso no sólo debe honrarlo el actual gobierno que propuso al nuevo comisionado. Debe ser una política de Estado que guíe al próximo gobierno, al margen de quien finalmente sea el elegido.

[1] Disponible aquí: http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/iachr-panel-report-esp-20150611.pdf

[2] Sobre este tema, el artículo de Daniel Cerqueira resulta ilustrativo: https://dplfblog.com/2015/06/15/el-futuro-de-la-oea-y-el-presente-del-sidh/

*Ursula Indacochea es abogada especialista en Derecho Constitucional.