Autor: Daniel Cerqueira*

Hoy y mañana la Organización de Estados Americanos celebra su 45ª Asamblea General, cuyo tema central es el “Presente y Futuro de la OEA”. Es la primera Asamblea en la que el ex Canciller uruguayo, Luis Almagro, encabeza la Secretaría General de una organización que necesita urgentemente redefinir sus prioridades, de cara a cumplir con los mandatos derivados de sus cuatro pilares: derechos humanos, democracia, desarrollo integral y seguridad multidimensional. Salvar el futuro de la OEA es una tarea difícil y requiere un buen entendimiento sobre su valor agregado frente a las iniciativas de integración regional que han surgido recientemente; cosa que el nuevo Secretario General aún no ha demostrado comprender de forma fehaciente.

Entre los adagios diplomáticos más repetidos en los pasillos de la OEA está que “la joya de la organización es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)”. Así lo han dicho el anterior Secretario General, embajadores en el Consejo Permanente, cancilleres en Asambleas Generales y jefes de Estado en Cumbres de las Américas. No es para menos, pues no existe un solo órgano subregional de derechos humanos que compita con la Comisión (CIDH) o la Corte Interamericana (Corte IDH). Por el contrario, UNASUR realiza observaciones electorales, el Banco Interamericano y una variedad de organismos subregionales promueven el desarrollo, y otra variedad de organismos y cada país por su cuenta (Estados Unidos un poco más que los otros) buscan preservar la seguridad hemisférica. Mientras las Secretarías y Comités de la OEA vinculados a los pilares de democracia, desarrollo integral y seguridad multidimensional compiten con sus pares de otras organizaciones subregionales, en el caso del pilar de derechos humanos, si los órganos del SIDH no cumplen bien su mandato, los ciudadanos y ciudadanas de las Américas quedan sencillamente desprovistos de protección de sus derechos fundamentales en el ámbito regional.

En su discurso inaugural de 26 de mayo pasado, el nuevo Secretario General se refirió a los desafíos actuales de la OEA, resaltó la participación de Cuba en la Cumbre de Panamá y subrayó seis iniciativas que serán el centro de su gestión. Ninguna de éstas, es más, ninguna parte de su discurso hizo referencia al SIDH. Ésta no ha sido la primera vez que Almagro omite hablar del SIDH en sus intervenciones públicas. Cuando aún era candidato a Secretario General, sus presentaciones solían ignorar los problemas que los órganos del SIDH enfrentan. Es comprensible, pues de lo contrario perdería capital político con aquellos gobiernos que lideran el bullying diplomático contra la CIDH (Ecuador y Venezuela, por ejemplo) o que a ratos hacen eco de esta ofensiva (Brasil, Guatemala, Perú y en los últimos meses, para la sorpresa de muchos, México). Mal podría el entonces candidato Almagro halagar públicamente una institución criticada por varios gobiernos que lo elegirían Secretario General. Pero superada la etapa de elección, es necesario que actúe bajo el entendimiento de que mientras los gobiernos se turnan en el poder (o al menos deberían turnarse), las instituciones son permanentes.

Ayer, durante una sesión de diálogo con la sociedad civil, la mayor parte de la intervención de Almagro se centró en el anuncio de la creación de una “Oficina de Equidad y Acceso a Derechos” al interior de la Secretaría General de la OEA, la cual estará a cargo de la ex Ministra de Derechos Humanos y de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la República de Brasil, Ideli Salvatti. Hasta ahora no hay claridad sobre las funciones que tendrá dicha oficina, pero es preocupante que el limitado presupuesto actualmente asignado a los órganos del SIDH tenga que ser compartido con esta nueva institución. Aparentemente, esta oficina tendrá la función de promocionar los derechos humanos, tarea que actualmente ya es desempeñada por la CIDH, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Comité Jurídico Interamericano, el Instituto de la Niñez y varios departamentos de la Secretaría General, entre otros órganos de la OEA. Ante la falta de claridad sobre el rol de la oficina recién anunciada, surgen dudas de si la reorganización de la Secretaría General anunciada por Almagro está basada en criterios de rendición de cuentas a los gobiernos que apoyaron su candidatura, más que en criterios de gestión que busquen perfeccionar las labores de la OEA.

A favor de Almagro juega la presunción de vocación por los derechos humanos, considerando que Uruguay se ha convertido en uno de los países más progresistas de Latinoamérica en la adopción de leyes y políticas públicas que favorecen los derechos humanos. En su contra, juega su falta de claridad frente al aporte que pretende dar, desde la Secretaría General de la OEA al fortalecimiento financiero del SIDH, y su silencio ante los permanentes ataques diplomáticos en contra de la CIDH. Aunque el Secretario General no tiene la función de servir de escudo ante ataques de cancilleres y embajadores, existen distintas formas de enfrentarlos. En este sentido, bastante conocida es la diferencia entre la actuación de César Gaviria y José Miguel Insulza en torno al SIDH. Mientras el primero se abstuvo de inmiscuirse en las decisiones y agenda de los órganos del SIDH, el segundo no tuvo reparos en declarar que las medidas cautelares no son de obligatorio cumplimiento, propuso la modificación del Estatuto de la CIDH en el momento álgido de la ofensiva diplomática contra dicho órgano durante el denominado proceso de fortalecimiento, y reivindicó la potestad para escoger al titular de la Secretaría Ejecutiva de dicho órgano, entre otras acciones.

Entre 2011 y 2013 la CIDH atravesó el ambiente político más hostil de su historia, caracterizado por duras críticas de los gobiernos de diferentes tintes ideológicos en su contra, en particular de Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Perú, Colombia y Brasil. Durante una sesión del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA creado con el fin de recomendar modificaciones en las políticas y prácticas de la CIDH, un embajador parafraseó el sentimiento general que existía y que frecuentemente vuelve a evidenciarse en los órganos políticos de la organización. Para este embajador, la OEA padecía de una suerte de macromegalia, que en léxico médico significa el agrandamiento descontrolado de las extremidades del cuerpo de una persona. La alusión a esta patología insinuaba que la CIDH había adquirido una fortaleza institucional superior a la deseada por los Estados que la crearon.

Es innegable que la OEA padece de varias patologías, desde la inanición presupuestaria hasta la crisis de identidad, considerando que otras organizaciones cumplen mejor los mandatos relacionados a tres de sus cuatro pilares. Pero tanto esas enfermedades como la supuesta macromegalia institucional son insignificantes al lado de los problemas de disociación entre los intereses de los gobiernos que votan en la Asamblea General y las personas que votan por estos gobiernos. Es bastante improbable que los ciudadanos y ciudadanas de los gobiernos que lideran la campaña de desprestigio contra la CIDH apoyen medidas como la llevada a cabo por el gobierno venezolano: la denuncia a la Convención Americana y, con ello, la desprotección internacional de decenas de millones de personas.

En un superficial análisis del discurso de los jefes de Estado y cancilleres hipercríticos a la CIDH se identifican términos como “no intervención en los asuntos internos, soberanía nacional y autonomía política”. Al defender estos principios, los países miembros del club de la macromegalia ignoran un principio fundacional no solo de la OEA, sino de la comunidad internacional: la primacía de los derechos humanos. Lejos de significar una injerencia en los asuntos internos de un Estado, la toma de posición en contra de violaciones de derechos humanos es un corolario de la dignidad humana entendida como un valor que impone límites a la soberanía estatal. Así lo establece la Carta de la OEA, la de las Naciones Unidas, las declaraciones de derechos humanos de ambos órganos e innumerables tratados regionales e internacionales de derechos humanos.

No esperamos, obviamente, que el Secretario General tome posición en torno a violaciones de derechos humanos cometidas en un determinado país de la región. Pero para que el futuro de la OEA tenga relevancia para los americanos y americanas, es fundamental que Almagro dimensione los problemas que enfrentan actualmente los órganos del SIDH y haga lo que esté a su alcance para que éstos tengan condiciones de ejercer su mandato con autonomía e independencia. Para ello, es fundamental entender que el descontento de gobiernos no es un indicador de ineficiencia de un órgano supranacional de derechos humanos. El principal indicador de que la CIDH y la Corte IDH estarían haciendo mal su trabajo sería, más bien, el descontento de los ciudadanos y ciudadanas que acuden a dichos órganos.

*Daniel Cerqueira es Oficial de Programa Sénior de la Fundación para el Debido Proceso.