Autora: Anabella Sibrián*

La importancia de la CICIG, la comisión de las Naciones Unidas que coopera con la fiscalía guatemalteca desde 2007 dirigida los últimos 20 meses por el ex magistrado colombiano Iván Velásquez, resurgió ante la opinión pública precisamente cuando las estructuras del crimen y la impunidad que han mantenido capturado al Estado de Guatemala creían haber ganado terreno y se preparaban para expulsarla de una vez por todas del país.

Con paciencia de fiscal y criterio de juzgador, el Comisionado Velásquez dirigió ocho meses de investigaciones que contribuyeron a descifrar cómo funcionaba una red de actores estatales y no estatales que evadían impuestos en las aduanas. Esta red funcionaba con la aquiescencia –cuando no la complicidad- de funcionarios públicos desde los niveles más bajos hasta los más altos del gobierno. Finalmente, en abril, la CICIG y su contraparte el Ministerio Público, sacudieron el sistema de la impunidad al iniciar la persecución penal de los responsables que habían sido plenamente identificados. Esta historia apenas ha empezado.

A tres décadas de haber sufrido terrorismo de Estado y en el contexto de un inacabado proceso de transición que niega la verdad y obstaculiza la justicia, Guatemala no ha logrado despojarse de viejas estructuras criminales que se adaptaron a los negocios de los nuevos tiempos. Cuerpos ilegales y aparatos de corrupción se han instalado en las instituciones durante los últimos años, en un escenario de silencio ciudadano heredado a fuerza de masacres y desapariciones forzadas. Sólo las personas y organizaciones que defienden derechos humanos han persistido, afrontando riesgos, amenazas y muerte.

La acción de justicia facilitada por la CICIG en abril desencadenó una respuesta imprevista: la indignación de los callados guatemaltecos salió por fin y aún anda corriendo bullanguera por las avenidas de la abatida ciudad, encendiendo miradas rebeldes de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Los hombres y mujeres de Guatemala se hartaron de la muerte de tantos infantes a causa del hambre y de sus secuelas por una atención deficiente de hospitales sin medicamentos. Sobretodo, se indignaron al conocer los detalles de la corrupción de políticos cuya voracidad despojó a los niños de sus pupitres y asesinó enfermos crónicos.

¿Qué pasará ahora? Por un lado, el desafío político para los guatemaltecos es encauzar esta nueva energía ciudadana en una agenda que aborde las causas profundas de la crisis. Garantizar la justicia en esta etapa será fundamental. Si ésta llega hasta las últimas consecuencias, tendrá impactos positivos en tres ámbitos: a) en el imaginario social, abriendo la posibilidad de construir una nueva cultura de legalidad en Guatemala; b) en los funcionarios públicos, al asumirse que todo acto corrupto será perseguido; y c) en fiscales, jueces y magistrados, defendiendo su ejercicio independiente frente a los poderes fácticos. Lograrlo requerirá continuar contando con el apoyo de la CICIG algunos años más.

Una instancia conformada por el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio de Gobernación y la Corte Suprema de Justicia entregó al Presidente de Guatemala, a finales de abril, un informe en el que recomendaban prorrogar el mandato de la comisión que vencería en septiembre próximo. El mandatario, a su vez, en un clima de movilizaciones ciudadanas contra la corrupción política, solicitó la prórroga al Secretario General de las Naciones Unidas a inicios de mayo. Ahora, los guatemaltecos esperamos la respuesta del Secretario General sabiendo que los promotores de la impunidad –dentro y fuera del país- harán todo lo que esté a su alcance para impedir que la CICIG mantenga sus facultades. No faltarán quienes vengan a cuestionar el largo periodo de este apoyo y propondrán para la comisión un rol que se limite a hacer inocuas capacitaciones en el marco de un “plan de salida”.

Para los guatemaltecos que luchan contra la impunidad está claro que la CICIG debe quedarse hasta contar con garantías para que sus logros sean sostenibles. Esto implica que: a) la CICIG pueda continuar con una fuerte capacidad de investigación criminal; b) el Congreso guatemalteco apruebe reformas legislativas claves recomendadas por la CICIG; c) el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación garanticen la continuidad en sus cargos de policías de investigación y fiscales probos entrenados por la CICIG; d) la cooperación internacional, en diálogo con la CICIG, explore nuevas formas de apoyar el fortalecimiento de la justicia guatemalteca; e) los ciudadanos exijan y promuevan cambios en la cultura institucional que -hasta ahora- ha permitido la impunidad; y f) las élites se comprometan a apoyar estos cambios.

Mientras esto se logra, habrá que garantizar que la CICIG cuente con el mismo mandato fuerte, con el tiempo necesario y con recursos suficientes asignados oportunamente.

Domingo 17 de mayo de 2015.

*Anabella Sibrián es la Representante en Centroamérica de la Plataforma Internacional contra la Impunidad.