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Autor: Rafael Custódio*

Algunos meses después de la histórica presentación del más importante documento sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el período entre 1944 y 1986 en Brasil (que incluye el lapso de la dictadura civil-militar, de 1964 a 1985), el gobierno brasileño, creador de la ley que constituyó la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) encargada de investigar y recopilar los hechos, está bajo la obligación de concretar las 29 recomendaciones emitidas por la CNV.[1] No se trata meramente de un proceso incompleto, sino una laguna importante en su objetivo último de realizar el derecho a la memoria, verdad y justicia en el país.

Un importante paso con miras a realizar el compromiso del Estado con dichas propuestas se dio en marzo, durante el último período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA (Organización de los Estados Americanos). Tras una solicitud de Conectas Derechos Humanos, Comisión de Justicia y Paz de São Paulo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Washington Office on Latin America (WOLA), los comisionados tuvieron la oportunidad de escuchar las preocupaciones de la sociedad civil respecto de las justificaciones del Estado por la falta de avances concretos.

Dos cuestiones merecieron especial atención de las organizaciones para la realización de la audiencia.

En primer lugar, la falta de medidas para la persecución penal de los agentes estatales involucrados en crímenes de lesa humanidad. El dilema se origina en la Ley de Amnistía, de 1979, que ha garantizado inmunidad a los violadores – pese a que sus crímenes son imprescriptibles y, por lo tanto, no susceptibles de amnistía. Es un hecho que el Supremo Tribunal Federal confirmó en 2010 la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. No obstante, en el caso “Guerrilha do Araguaia”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado brasileño, en el mismo año, a realizar una investigación penal idónea de los hechos, sancionar a los autores de las violaciones y aplicar las penas previstas en la ley. En octubre de 2014, la Corte emitió una resolución sobre el cumplimiento de la sentencia de 2010 en la cual afirmó que Brasil permanece incumpliendo la sentencia en aquel caso, especialmente debido a que la Ley de Amnistía continúa obstaculizando la persecución penal de los agentes violadores, de manera incompatible con la Convención Americana.

En segundo lugar, la inercia del Estado en lo concerniente a la creación de un órgano independiente para supervisar la implementación de todas las recomendaciones de la CNV. Dicha medida no sólo reconocería la continuación del proceso transicional, toda vez que el mandato de la CNV expiró, sino que permitiría avances institucionales reales en áreas todavía marcadas por el legado autoritario, como es el caso de los sistemas judicial, penitenciario y de seguridad pública. Cuando cuestionados por los comisionados sobre ese tema durante la audiencia, los representantes del gobierno señalaron que las preocupaciones se justifican y que la creación del órgano está “en estudio” por el Estado.

No deja de causar perplejidad la falta de celeridad por parte del Estado en la búsqueda de una justicia de transición efectiva. Brasil fue uno de los últimos países de la región en enfrentar su pasado autoritario con una Comisión de la Verdad, después de Argentina (1983), Chile (1990 y 2003), Paraguay (2003) y Uruguay (1985 y 2000). Por otro lado, ha tenido gran dificultad para erradicar las violaciones que siguen ocurriendo en el país, aunque sin la naturaleza sistemática de la época de la dictadura – lo que los miembros de la CNV atribuyen, justificadamente, al proceso transicional incompleto.

En todos los casos mencionados, el relato que surge de los informes de las Comisiones de la Verdad es fundamental para el reconocimiento social y político de la responsabilidad estatal en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Asimismo, el trabajo de las Comisiones de la Verdad ha recogido material probatorio que de otra manera podría ser perdido o destruido, y ha otorgado a las víctimas y sus familiares un espacio formal y oficial para ofrecer testimonio sobre sus experiencias.

Considerando todo lo anterior, las organizaciones peticionarias solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establezca una instancia de diálogo permanente con el Estado brasileño, en todas sus dimensiones, especialmente con el Poder Judicial, para discutir las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones del informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, a través de reuniones anuales de supervisión con el Estado brasileño.

Se solicitó al Estado el cumplimiento de la Recomendación No. 26 del Informe Final, que requiere la creación de un órgano permanente – garantizándose la representación de la sociedad civil – de supervisión de las Recomendaciones elaboradas por la Comisión Nacional de la Verdad en su informe final; que determine los órganos competentes que busquen la responsabilidad jurídica – criminal, civil y administrativa – de los agentes públicos que perpetraron las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el período investigado por la CNV; y que realice todas las Recomendaciones elaboradas por la Comisión Nacional de la Verdad en su informe final.

Finalmente, expresamos que es fundamental el compromiso de los órganos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos con el reconocimiento del trabajo realizado por la CNV y la legitimación de sus conclusiones y recomendaciones. Desde el punto de vista del Estado brasileño, es imperativo un compromiso con la continuación del proceso transicional, especialmente con la persecución penal de los agentes y la supervisión de las recomendaciones.

El escenario es agravado, además, por el reciente contexto político brasileño, en el cual grupos (aunque minoritarios) se han manifestado en las calles pidiendo el regreso del régimen militar, como se observó durante las protestas masivas que ocurrieron en el país el día 15 de marzo. La retórica de los discursos incendiarios y los carteles de odio a la democracia, no esconden la urgencia real, material, de reafirmar la Historia de los hechos y los horrores de la dictadura.

^[1] Las conclusiones y recomendaciones del referido informe están en la página web de Conectas Derechos Humanos, en portugués, inglés y español (www.conectas.org).

*Rafael Custódio es el Coordinador del Programa de Justicia de Conectas Derechos Humanos.