Equipo DPLF en El Salvador
Han transcurrido más de cuatro años, desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que la Ley de Amnistía General de 1993 era inconstitucional[1] y que, por lo tanto, debía ser expurgada del ordenamiento jurídico de salvadoreño. En efecto, el 13 de julio de 2016 en una trascendental sentencia, el alto tribunal salvadoreño resolvió una demanda que había sido presentada tres años antes por víctimas y organizaciones de derechos humanos, como parte de una larga exigencia iniciada casi tres décadas atrás, cuando la Asamblea Legislativa de aquella época, atropelladamente, decretó una amnistía absoluta e incondicional, a pocos días de haberse hecho público el Informe de la Comisión de la Verdad[2].
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