Nicaragua y el canal: pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan graves riesgos

Autor: Thomas Antkowiak*

9036625494_5506132e91_zEn diciembre de 2014 presentamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”). Nuestra solicitud describe y demuestra una situación de gravedad, urgencia y riesgo claro de daños irreparables a los derechos a la vida, vida digna y propiedad sobre territorio ancestral, entre otros, de varias comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

En el 2013 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó—sin consultar a estas comunidades y sin suficiente discusión pública—la Ley 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, otorgando la concesión para desarrollar el mega proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua. El 7 de julio de 2014 la empresa concesionaria, HKND de China, y el Gobierno de Nicaragua anunciaron la ruta oficial del Canal, reiterándola recién el 20 de noviembre.

Expertos han manifestado que el mega proyecto, de US$50 billones, podría causar “el peor desastre al medioambiente durante los tiempos modernos”. En efecto, el 52% de la ruta del Canal pasaría por tierras colectivas de dichas comunidades, en los territorios del pueblo Indígena Rama y de las comunidades Kriol que lo conforman, específicamente en las comunidades indígenas de Punta de Águila (Bangkukuk Taik), éstos los últimos hablantes del idioma Rama, y las comunidades de Monkey Point y de Bluefields. A pesar de varias protestas, el mega proyecto inició justo antes de la navidad. Sin embargo, no se ha consultado con dichas comunidades, ni siquiera se ha realizado y publicado estudios sobre su viabilidad ambiental y cultural, así como su factibilidad económica.

La Constitución Política de Nicaragua establece el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes “a desarrollar y mantener su cultura y sus lenguas y las formas de propiedad comunal o colectiva de sus tierras, y específicamente el  derecho, al uso, goce y disfrute de las tierras, aguas y bosques que les han pertenecido tradicionalmente.” Además, para asegurar una restricción válida a los derechos a la propiedad de los pueblos indígenas, deben reunirse tres salvaguardas, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[1]. Primero, el Estado debe asegurar “la participación efectiva” de los miembros del pueblo indígena o tribal, “de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de su territorio”. Segundo, el Estado debe garantizar que los miembros del pueblo indígena se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión o permiso dentro del territorio indígena, “a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.

Asimismo, la Corte determinó que en casos de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener un mayor impacto en los territorios indígenas—exactamente como el mega proyecto del Canal—el Estado tiene no sólo el deber de consultar con la comunidad, sino que también “debe obtener el consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con sus costumbres y tradiciones”.

En vista de la falta de consulta y por ende de consentimiento en el caso del Canal, y de la negativa de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua de ampararlos, al desestimar en diciembre de 2013 el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en contra de la Ley 840 por estos pueblos y comunidades, hemos acudido ante la CIDH.

El inminente daño para casi todo el país está confirmado. El 11 de noviembre de 2014, 15 científicos internacionales estudiaron varios asuntos asociados con el Canal. Y han alertado que puede resultar, inter alia, en el desplazamiento de diversos pueblos y en impactos graves sobre su subsistencia, así como en la contaminación de varias áreas protegidas y recursos naturales, inclusive el Lago de Nicaragua—el cual sirve de fuente de agua potable para varias ciudades del país—y una Reserva de la Biosfera, declarada así por la UNESCO. Varias organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua también han condenado el mega proyecto, manifestando que significará “una pérdida irreparable en el patrimonio natural y cultural de la humanidad y una crisis con consecuencias impredecibles para Mesoamérica”.

Tanto la CIDH como la comunidad internacional deben exigir que el Estado de Nicaragua no realice ningún proyecto asociado con el Canal hasta que se haya consultado adecuadamente con los afectados, de acuerdo con la jurisprudencia y salvaguardas de la Corte Interamericana, para conseguir su debido consentimiento.

*Thomas Antkowiak es Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle y Director de la Clínica de Derechos Humanos de la misma facultad. Encuentre las publicaciones del autor aquí.

[1] Corte I.D.H., Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrs. 128-129.

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