Autor: Daniel Cerqueira* para Asuntos del Sur

Tras la masacre de los trabajadores del Charlie Hebdo ocurrida hace algunas semanas, mucho se ha debatido sobre la forma como las democracias liberales deben enfrentar el radicalismo ideológico. En su primera alocución tras el atentado, François Hollande reivindicó uno de los principios de la república inspirada en Voltaire: “la libertad siempre será más fuerte que la barbarie”. Con una admirable prudencia, el presidente francés aclaró que ese crimen hediondo en nada se vincula al islamismo ni a un supuesto choque entre civilizaciones, sino al fanatismo de quienes desprecian los derechos humanos como cemento de la convivencia.

En el clásico On Liberty, John Stuart Mill diferenció dos tipos de conductas asociadas al ejercicio de los derechos humanos: las auto-referenciales (self-regarding)y las referidas a terceros (other-regarding). Mientras las primeras se circunscriben al foro personal de su titular (por ejemplo, libertad de pensamiento y de religión) las segundas tienden a causar algún tipo de perjuicio a otras personas. Desde comienzos del siglo XIX, Mill ya sostenía que si bien la libertad de expresión se ubica en la segunda categoría, el riesgo de infringir valores de terceros se encuentra justificado, pues la única forma de alcanzar la verdad sería a través de la libre confrontación de opiniones. Esa ecuación resume porque la libertad de expresión ocupa un lugar privilegiado en filosofías políticas de corte liberal, bastando con mencionar que exponentes contemporáneos de la talla de Ronald Dworkin definen el liberalismo como el régimen en que el Estado se abstiene de imponer una moral pública a sus ciudadanos.

De esa simplificada explicación se desprende la imposibilidad de conciliar el fundamentalismo con las democracias liberales, en tanto aquél se caracteriza por la imposición de una verdad pre constituida. Ese silogismo no nos permite concluir sin embargo que los fundamentalistas siempre defienden sus verdades de forma violenta. Es probable que la mayoría no esté dispuesta a exteriorizarlas más allá de un ejercicio de proselitismo. De ahí la duda de por qué la mayoría de los atentados terroristas de grandes proporciones cometidos en las últimas dos décadas provienen de grupos radicales islámicos. Nos parece que la respuesta, nuevamente simplificada, pasa no tanto por entender el sectarismo de ciertas vertientes del islamismo, sino el poder de adhesión que la violencia viene adquiriendo en un número reducido pero ruidoso de practicantes de esa religión milenaria. Es aquí donde parece existir un denominador común entre la violencia enraizada en diferencias étnico-culturales en Europa, África y Oriente Medio y aquella provocada por la exclusión social y privación de una vida digna en varios países de América Latina.

Mucho antes de que grupos fundamentalistas islámicos perpetraran atentados espectaculares en las capitales de las principales potencias del Occidente y de que el crimen organizado instaurara el caos en porciones enteras de México y Centroamérica, Michel Wieviorka advertía el surgimiento de un Nuevo Paradigma de la Violencia a nivel global. Para el sociólogo francés, a partir de la década de 1970 es visible la disminución de las formas tradicionales de violencia política, ejercida tanto por Estados como por grupos que buscan modificar una correlación de poder con quienes los gobiernan. Las dos principales expresiones de la violencia contemporánea, sostiene Wieviorka, pasarían a tener una dimensión infrapolítica, enmarcada en la marginalización social y económica; y metapolítica, permeada de la frustración de sus protagonistas en constituir espacios pacíficos de identidad. Mientras la criminalidad azuzada por razones privadas es la marca registrada de la violencia infrapolítica, el radicalismo mesiánico caracteriza la violencia metapolítica.

La historia reciente de América Latina revela que alternativas violentistas de promover cambios sociales se alimentaron, en gran medida, de la incapacidad de las instituciones estatales e indisposición de las élites políticas y económicas nacionales de atender demandas sociales insatisfechas. Una de las promesas de las transiciones democráticas en nuestra región fue justamente la solución pacífica de dichas demandas por medio de políticas públicas, acceso a la justicia y otros mecanismos propios de un estado de derecho. Ante el incumplimiento de dicha promesa, se ha multiplicado una violencia cargada de las mismas malezas que hace algunas décadas dieron lugar a la insurgencia de movimientos de izquierda y su brutal represión. Hoy en día esas malezas encuentran refugio en la delincuencia común (infrapolítica) replicada en la violencia institucional contra sus protagonistas.

El punto de coincidencia entre la violencia ejercida por bandas criminales en América Latina y grupos religiosos sectarios en otras regiones del planeta no se agota en la dificultad de sus protagonistas en afirmarse bajo una identidad del tipo trabajador, estudiante, ciudadano o elector, y la frecuencia con la que vienen refugiándose en otras del tipo marero, narcotraficante, terrorista, hombre-bomba. La guerra a las drogas en América Latina y la guerra al terror en el Oriente Medio son la materialización de un abordaje de la violencia donde los “daños colaterales” a los derechos humanos son tolerados. Dicho modelo ha sido abrazado por democracias liberales de larga data a un nivel tan extremo que el servicio de inteligencia de una de ellas ha diseñado, en pleno siglo XXI, protocolos de tortura para sospechosos de terrorismo. La tortura es lugar común igualmente en democracias menos longevas en América Latina, sobre todo en contextos carcelarios y de prevención al crimen, pero allí se sigue un rito más artesanal, sin que se conozcan memorandas redactadas por servicios de inteligencia, al menos desde el fin de la era de las dictaduras.

La decisión de Charlie Hebdo de no ceder a la intolerancia ilustra la vocación de sociedades fundadas en principios liberales de asumir los derechos humanos como una verdad infranqueable. En una sociedad de ese tipo, la confrontación pacífica de ideas reemplaza otras formas no pacíficas, de tal forma que la publicación de una caricatura ofensiva a una determinada religión debería someterse a criterios exclusivamente editoriales. En su caso, el ejercicio de la libertad de expresión podría merecer la reparación en favor de personas lesionadas en su honor, privacidad u otro derecho fundamental, pero nunca la censura previa ni mucho menos una ráfaga de fusil.

No deja de ser paradójica en todo caso la vehemencia con la que varios jefes de Estado y de gobierno condenaron los atentados que cobraron la vida de 17 personas en Francia. Entre los que participaron de la marcha republicana del 11 de enero de 2015 en París se encontraban responsables por la reciente prisión de periodistas y cierre arbitrario de medios de comunicación críticos al gobierno en Turquía (primer ministro turco Ahmet Davutoglu); el bombardeo y la muerte de miles de civiles en la Franja de Gaza (primer ministro israelí Benjamin Netanyahu); y una política de segregación y privación de derechos básicos a cientos de miles de palestinos (Rey Abdalá II de Jordania). La indisposición de los grupos fundamentalistas en aceptar los derechos humanos como una verdad que impone límites a sus actos es pues homóloga a la pasividad de democracias dichas liberales frente a violaciones de derechos humanos practicadas regularmente por sus aparatos de seguridad y a menudo promovidas por sus propios gobiernos.

(*) Daniel Cerqueira es oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso. Tw: @dlcerqueira