Autor:  David Lovatón Palacios*

Frente a las dudosas conclusiones de la Procuraduria sobre la suerte de los estudiantes de Ayotzinapa, las expectativas están en el grupo de expertos internacionales designados para el caso.

Sin duda las graves violaciones de derechos humanos que desde hace muchos años vienen perpetrándose en México y que la terrible tragedia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ha contribuido a visibilizar nacional e internacionalmente, interpelan no sólo a la comunidad de derechos humanos de México sino también a la comunidad internacional y, en especial, al movimiento de derechos humanos del continente americano.

La diferencia con el pasado reciente es que al Estado mexicano le resulta cada vez más difícil impulsar estrategias dirigidas al olvido y a la aceptación de una verdad oficial –aunque ésta no corresponda con los hechos – sin un alto costo político. En este caso, le está resultando particularmente difícil “volver a la normalidad” luego de la tragedia de Ayotzinapa y éso, sin lugar a dudas, es mérito de la incansable y valiente labor de denuncia de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos, que cuentan no sólo con la solidaridad internacional sino también con el valioso apoyo de reconocidas organizaciones mexicanas como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras.

Uno de los espacios en los que el apoyo de la comunidad internacional debería concentrarse es en el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes en materia de derechos humanos, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) promovió en el marco del acuerdo de asistencia técnica que suscribió con el Estado mexicano y los representantes de las víctimas y sus familiares, el pasado 12 de noviembre del 2014.

El acuerdo estableció que la CIDH, en consulta con el estado mexicano y los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes, definiría la integración del grupo de expertos, el que se encargará de «realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes» (ahora 42 estudiantes pues lamentablemente los restos de una de las víctimas ya han sido identificados). Hace un par de semanas se hicieron públicos los nombres de los integrantes de este grupo[1] quienes –como acaba de ser anunciado por la CIDH – se reunirán en la sede de esta institución el 11 y 12 de febrero para planificar su trabajo[2].

Sorprendidos por la información revelada la semana pasada por la Procuraduria General de la Republica, que en el tiempo récord de 4 meses asegura tener “certeza legal” acerca de los hechos ocurridos y afrima que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en Cocula, consideramos que la llegada a México del grupo de expertos se da en un momento clave para el presente caso.

Según el acuerdo, el grupo interdisciplinario brindará apoyo técnico para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, y para las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a los responsables (esto es, tanto a los autores materiales como a los mediatos). Asimismo, analizará la posición del Estado de cara a una debida reparación a las víctimas y sus familiares y sobre la adopción de medidas estructurales de no repetición de éstas y otras graves violaciones de derechos humanos (como, por ejemplo, el patrón sistemático de desaparición o ejecución extrajudicial de migrantes).

Ciertamente, la importante labor que cumplirá este grupo no sólo será relevante para el caso en concreto, sino también para la situación general de derechos humanos en México y, en ese sentido, el prestigio y la legitimidad no sólo de la Comisión sino de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también será puesta a prueba. La sociedad civil del continente debe seguir atenta el desarrollo y avances de esta iniciativa.

*David Lovatón Palacios es profesor principal de la Facultad Derecho de la PUCP y consultor de DPLF.

[1]El grupo estará integrado por los abogados Francisco Cox (Chile), especialista en derecho constitucional;Claudia Paz y Paz (Guatemala), experta en derecho penal y ex Fiscal General de Guatemala; Ángela Buitrago (Colombia), especializada en derecho penal y ciencias criminológicas, Alejandro Valencia Villa (Colombia), experto en derecho internacional humanitario y derecho internacional, y el médico español Carlos Beristáin. ,

[2] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/008.asp