Proceso de reforma del SIDH: ¿oportunidad o riesgo?

Autora: Victoria Amato

Victoria Amato y Emilio Alvarez Icaza en Montevideo, Uruguay

Victoria Amato y Emilio Alvarez Icaza en Montevideo, Uruguay

El actual proceso de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se encuentra en una fase decisiva. Desde el inicio de este proceso, en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de El Salvador en 2011, en respuesta a las inquietudes planteadas por varios Estados sobre el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que llevaron en junio de ese año a la creación de un Grupo de Trabajo Especial, han tenido lugar intensas discusiones. Los debates de este último año y medio contaron con la participación activa tanto de los órganos políticos de la OEA, de la Comisión y la Corte como de la sociedad civil, académicos y otros usuarios del SIDH. En pocas semanas dichos debates se cristalizarán en decisiones determinantes para el futuro del SIDH en su  función de protección de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio.

En este proceso de reflexión se han encontrado vías de cambio para las reformas que la CIDH necesita para seguir cumpliendo de forma efectiva la promoción y protección de los derechos humanos en la región. No obstante, el proceso no ha estado exento de propuestas por parte de algunos países que podrían poner en riesgo los avances alcanzados por parte de la CIDH y sus relatorías temáticas en la vigilancia de los derechos humanos en el hemisferio. El 22 de marzo próximo los Estados de la OEA se reunirán en Asamblea Extraordinaria para acordar futuras reformas a la labor de la CIDH. La Asamblea tendrá como base el informe que le presente el Consejo Permanente de la OEA el cual se encuentra elaborando, en extensas sesiones de trabajo que han tenido lugar durante el mes de febrero y que se extenderán al mes de marzo. Como es de suponerse, la agenda de las próximas semanas se encuentra saturada en un proceso en el que no se debería sacrificar el diálogo con sectores de la sociedad civil y usuarios del sistema y la discusión constructiva entre la CIDH y el Consejo Permanente.

A lo largo de este proceso, la CIDH ha mostrado apertura para discutir los cambios que lleven a un fortalecimiento del Sistema y a encontrar puntos de encuentro que recojan las inquietudes de los Estados y respeten las expectativas de los usuarios del sistema. Para ello, inició una ronda de consultas sobre los temas en debate con el fin de presentar una propuesta de reforma de su reglamento, prácticas y políticas, la cual hizo pública en febrero invitando a todos los actores del SIDH a presentar sus comentarios. Ya en octubre de 2012, luego de concluir un primer período de consultas y de realizar eventos públicos en varios países, la CIDH había enviado al Consejo Permanente una respuesta detallada sobre cómo pensaba incorporar las recomendaciones contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo Especial. Esta propuesta de reforma señala las  reformas concretas que piensa introducir a su reglamento. Los puntos que están bajo revisión se refieren en su mayor parte al trámite de aprobación de medidas cautelares, el sistema de trámite de casos individuales, el fortalecimiento del mecanismo de soluciones amistosas, la redacción del capítulo IV de su informe anual, la universalización de la Convención Americana de Derechos Humanos y al esquema de financiamiento de la CIDH.

El alcance del mandato y rol del Consejo Permanente en este proceso de reforma ha sido una de las mayores dificultades para avanzar en las últimas semanas. En junio de 2012, la Asamblea General celebrada en Cochabamba, Bolivia, acogió el informe presentado por el Grupo de Trabajo y encargó al Consejo Permanente que “sobre la base de dicho informe, formul[e] propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas”, las cuales serían puestas a la consideración de la Asamblea General Extraordinaria. Un grupo de países encuentra satisfactoria las propuestas de reforma que ha planteado la CIDH y propone que, en consecuencia, el Consejo Permanente tome nota de las recomendaciones bajo consideración de la CIDH y que en aquellos aspectos en los cuales todavía persisten preocupaciones, el Consejo Permanente recomiende a la CIDH que considere la adopción de medidas adicionales. Otros Estados están usando el encargo al Consejo Permanente para justificar una injerencia mayor en la reforma de las reglas que regulan el trabajo de la Comisión, ignorando que las reformas que la CIDH ha admitido realizar provienen – y en muchos casos van más allá – de las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo convocado por los mismos Estados.

Aunque lo que pase de aquí a finales de marzo será determinante para preservar el impacto del SIDH en la promoción y protección de los derechos humanos en la región, lo cierto es que este proceso está lejos de finalizar y su resultado tendrá, sin duda, alta trascendencia.  Las decisiones que se tomen en las próximas semanas definirán en buena medida si este proceso de reforma desemboca en una oportunidad de fortalecimiento de la Comisión, o si por el contrario, este esfuerzo ha servido para cubrir con una estela de legitimidad el cercenamiento de organismos y mecanismos vitales para la garantía de los derechos humanos en la región.

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